El presidente Santiago Peña firmó el decreto mediante el cual se aprueba la contratación de un préstamo de hasta USD 60 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el financiamiento de la construcción del nuevo Hospital de San Estanislao (Santaní), más conocido como Gran Hospital del Norte, obra que estará a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Ministerio de Salud.

De esos USD 60 millones, se destinarán USD 30 millones a la construcción y los restantes USD 30 millones, al equipamiento con instalaciones de última generación. Se estima que esta obra beneficiará a unas 90.000 personas y será construido en un predio de cinco hectáreas, el cual está ubicado en la zona de Santa Ana sobre la ruta PY03.

El hospital contará con 150 camas, de las cuales 120 estarán destinadas a la hospitalización y 30 para cuidados intensivos. Además tendrá 38 estaciones de atención ambulatoria, un departamento de diálisis con 24 sillas y un hospital de día para tratamientos oncológicos con 10 estaciones.

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La infraestructura incluirá 10 salas de parto, 3 salas de cesárea, 4 quirófanos equipados y un departamento de emergencias con 39 camas. También dispondrá de alojamiento para embarazadas y familiares de pacientes en cuidados intensivos.

Asimismo, incluirá servicios de telemedicina y equipamiento para telediagnósticos. “El diseño contempla criterios de construcción sostenible y un sistema integral de gestión de residuos hospitalarios”, expusieron desde el MOPC. La obra también tendrá su enfoque inclusivo mediante los accesos para personas con discapacidad, de modo que este segmento sea atendido con dignidad.

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El Poder Ejecutivo emitió el decreto N.° 31020/2024 mediante el cual se reglamenta el régimen de proyectos de obras públicas con inversión privada. A través de este documento, se aumentan los límites y las restricciones establecidas en la normativa que desalientan las inversiones privadas bajo la Alianza Público Privada (APP).

De acuerdo a las explicaciones emanadas desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la ley que estaba vigente establecía algunos límites y ciertas restricciones que impedían realizar mayores iniciativas y desincentivaba la presentación de proyectos privados. “Lo que ahora se propone es levantar esos límites para poder incentivar al sector privado a presentar proyectos, por un lado, que estén dentro de los ejes prioritarios del Gobierno, y por otro lado, que sean rentables para el sector privado”, dijo en su momento el gerente de Economía, Felipe González Soley.

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Los principales ajustes que se realizaron a través de esta ley tienen que ver con el porcentaje de exposición fiscal agregada, el porcentaje de participación de iniciativas privadas, derechos para el proponente privado y las nuevas responsabilidades del MEF.

Desde el Gobierno sostienen que “para cerrar brechas en infraestructura en sectores críticos al 2030, las necesidades de financiamiento ascienden a USD 24.171 millones”. Además de esto, mencionaron que los recursos públicos son limitados, por lo cual resulta imprescindible incorporar financiamiento privado en obras de infraestructura, subraya en el plan.

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El presidente Santiago Peña firmó el decreto a través del cual se dispone el traslado de la urna con los restos de Patricio Escobar al Panteón Nacional de los Héroes. El pedido para reubicar los restos del héroe militar y líder político fue un proyecto de ley presentado y sancionado en el Congreso luego de analizar la trayectoria de quien también fue presidente de la nación y quien se destacó en varias batallas de la guerra contra la Triple Alianza.

De esta forma, la ley N.° 7402/2024 la cual establece que Escobar reúne los méritos suficientes para ingresar al mencionado recinto y descansar junto con otros ilustres de la patria. “Establézcase que la celebración anual será en la fecha de su nacimiento, cada 17 de marzo en todas las instituciones educativas, académicas, públicas y privadas del país”, dice esta legislación en su artículo segundo.

Además de esto, contempla también que se debe fomentar el estudio de sus hazañas en todas las etapas de la Guerra contra la Triple Alianza y su gobierno como presidente que se desarrolló entre los años 1886-1890.

“Autorízase a la Secretaría Nacional de Cultura a buscar los mecanismos para proceder al traslado de los restos del general Patricio Escolar Cáceres”, establece también la ley, disponer la puesta en valor de manera pública su desempeño como soldado de la patria, “al haber salvado la vida de varios compatriotas en el estero de Ypekua, así como su desempeño como ingeniero de guerra”, añade.

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Patricio Escobar actuó en las batallas de Estero Bellaco, Tuyuti, Sauce Boquerón y Curupayty donde fue ascendido a teniente graduado. Cuando se encontraba conduciendo las carretas rezagadas aquel 1 de marzo de 1870, fue sorprendido con una tropa de la Caballería Imperial que le informó sobre la caída del Mariscal López, pero Escobar respondió que solo se rendiría después de recibir la información de un oficial paraguayo, según mencionaron en el proyecto, citando algunas de sus destacadas actuaciones durante el conflicto bélico.

La presidencia de Escobar coincidió con la fundación de los partidos tradicionales, la Asociación Nacional Republicana (ANR) y el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Durante su administración se fundó la Universidad Nacional, al igual que la biblioteca nacional.

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Desde el Colegio de Escribanos del Paraguay, encabezado por Gustavo Benítez, requieren al Poder Ejecutivo vetar parcialmente el proyecto que plantea la creación del Registro Unificado Nacional (RUN), propuesta que tiene como fin resolver el problema de la superposición de títulos de tierras en el Paraguay.

“Nosotros tenemos una serie de cuestionamientos específicos sobre sus articulados y la incidencia que va a tener sobre la vida y hacienda de la ciudadanía. Por donde se lo mire esta propuesta no resulta el más mínimo análisis”, manifestó Benítez en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Señaló también que desde el sector se encuentran analizando la posibilidad de impulsar una acción de inconstitucionalidad, argumentando que “la gente que estuvo en la elaboración de este proyecto carece de conocimientos sobre lo que es una república, se olvidan que se encuentra compuesto por poderes del Estado, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entonces debería de existir un equilibrio. Cada poder tiene una función”.

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Las afirmaciones de Benítez surgen tras la sanción de la iniciativa que plantea la fusión de la Dirección General de los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y el Departamento de Agrimensura y Geodesia. El documento aprobado este último martes por Diputados deberá ser remitido al Ejecutivo para su promulgación o veto.

“Yo rogaría al Poder Ejecutivo que considere y por lo menos vete parcialmente esta ley en las cuestiones que más perjudica a la ciudadanía. El Ejecutivo ha declinado lo que la Constitución Nacional de este país le asigna que es la administración de las rentas nacionales, teniendo en cuenta que debe ser el que se encargue del erario público. El Poder Judicial no puede manejarse como si fuese una institución binacional donde tiene su propio ingreso y nadie puede meterse ahí y discutir. Ese dinero debe ir a las arcas del Estado”, sostuvo.

Benítez acotó: “La presentación de una acción de inconstitucionalidad lo haríamos por las formalidades, en el sentido de agotar los recursos y las instancias, ya que jocosamente tiene que ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia”.

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