La Comisión Especial de la Cámara de Diputados, que estudia el pedido de intervención de la Gobernación de Guairá, emitirá un dictamen mañana martes sobre las investigaciones realizadas por los integrantes de la mesa de trabajo. La comisión que está presidida por el diputado Ángel Paniagua, se reunirá mañana a las 10:00 para dar la sugerencia final al pleno de la Cámara de Diputados.
Cabe recordar que se puede dar la posibilidad de que se emitan dos dictámenes, uno a favor y otro en contra, o solo un dictamen en uno de estos sentidos. El dictamen de la comisión no es vinculante al momento del tratamiento por el pleno; es decir, pese a la sugerencia de la comisión, por mayoría de votos, es el cuerpo colegiado el que decidirá realizar la intervención o no de la gobernación.
La Comisión Especial llevó adelante los trabajos de investigación, convocando a los denunciantes, en este caso a los concejales departamentales quienes presentaron trece denuncias de supuestos hechos irregulares en la administración del gobernador Juan Carlos Vera. Igualmente escucharon el descargo del gobernador, quien se presentó con sus representantes legales rechazando todas las acusaciones en su contra.
En el marco de esta investigación, los diputados de esta comisión también realizaron una verificación in situ en la sede de la Gobernación de Guairá y varios otros puntos del departamento a fin de constatar las denuncias sobre las obras denunciadas supuestamente sobrefacturadas por la gobernación. Entre las denuncias se incluyen la construcción de una planta de oxígeno que, de acuerdo a los ediles, tuvo un costo de más de 3.000 millones de guaraníes y actualmente no se encuentra operativa; además de la sospecha de sobrefacturación en obras.
También se cita la construcción de empedrados por un valor total de 4.347 millones de guaraníes, cuyas órdenes de pago, según la denuncia, no cuentan con planilla de cómputo métrico, ni plano georreferenciado de ubicación; el doble pago por obra de iluminación del estadio departamental “Parque del Guairá”; obras viales tercerizadas para mantenimiento y reparación de caminos; presumible sobrefacturación de la obra de tinglado realizado en el estadio de fútbol citado; entre otros asuntos.
Si la Cámara de Diputados aprueba la intervención, el Poder Ejecutivo debe designar a un interventor que ocupará la administración de la gobernación mientras dure el proceso de intervención, que es de 90 días. Posteriormente la intervención debe remitir nuevamente toda la investigación a la Cámara de Diputados a fin de que se vote por la destitución o no del gobernador.
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