Este jueves, la Policía Nacional realizó allanamientos en diferentes cárceles del país con relación al crimen del fiscal Marcelo Pecci ocurrido en Colombia, el martes último. Las celdas donde se hicieron los operativos tienen relación con Kassem Mohamad Higazi, reos colombianos y otros internos que no fueron precisados.
Aclaran que suman seis requisas que se realizaron a personas privadas de su libertad, condenadas o en pleno proceso, en casos donde haya intervenido el fiscal Pecci. Los procedimientos se realizaron en cuatro centros penitenciarios como la Agrupación Especializada, Tacumbú, Emboscada y otra del interior del país que no fue precisada.
“Tanto en la Agrupación como en el penal de Emboscada, como en el penal de Tacumbú, se hizo el procedimiento de rigor, de búsqueda de elementos de almacenamiento de datos”, afirmó el comisario Baldomero Jorgge. En los procedimientos se incautaron aparatos electrónicos como teléfonos celulares y tabletas, que luego fueron enviados a los agentes de la Fiscalía para que procedan a la extracción de información de los aparatos.
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“Hay sospechosos de entrada que hoy van bajando su nivel de sospecha y otros que van aumentando considerablemente, solo en esos términos puedo hablar, para no contaminar el esfuerzo de los investigadores. Partiendo de allí surgieron nombres de personas procesadas, algunos condenados”, dijo Jorgge.
Los operativos buscan identificar conexiones que podrían existir entre internos con personas que cometieron el crimen del fiscal en Colombia. “Lo del colombiano entra también dentro de la órbita de la investigación porque el crimen se cometió allá”, manifestó Jorgge esta mañana en contacto con la 780 AM.
Ofrecen 2.000 millones de pesos colombianos como recompensa para identificar a los autores del asesinato del fiscal ocurrido el martes pasado en la isla privada Barú, en Cartagena, al norte de Colombia, por parte de dos sicarios que llegaron a la playa con una moto acuática, mientras Pecci se encontraba de luna de miel con su esposa.
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Diputados definirá sobre protección de datos personales y prohibición de celulares en las cárceles
La Cámara de Diputados tiene prevista llevar adelante su sesión ordinaria este martes 1 de abril, para ello, la mesa directiva estableció un orden del día que incluye un total de 19 puntos a ser tratados desde las 09:00. Entre ellos se destaca el proyecto de ley “De protección de datos personales en Paraguay”. Asimismo, tienen previsto analizar una propuesta que prohíbe el ingreso de equipos celulares en los centros penitenciarios y educativos del país.
De acuerdo al orden del día, el plenario dará continuidad al estudio sobre la propuesta de “Protección de datos personales en Paraguay”, que se encuentra en su primer trámite constitucional y cuenta con aprobación en general y deberán avanzar en su estudio en particular.
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Al respecto, la exposición de motivos señala que el proyecto tiene por objeto la protección integral de los datos personales de las personas físicas, a fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de sus titulares, y la libre circulación de tales datos, de conformidad a lo establecido en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de los cuales Paraguay es parte.
Recuerdan que esta propuesta cuenta con 88 artículos distribuidos en 11 capítulos, que abarcan temas como limitaciones al derecho de protección; exactitud de datos; principios de lealtad, transparencia, responsabilidad, confidencialidad; plazo límite de conservación de datos; consentimiento de adultos, niños, niñas y adolescentes; interés legítimo; tratamiento de datos sensibles; tratamiento de datos crediticios; datos de video-vigilancia; datos de la administración pública, entre otros.
Dicha normativa es producto de un extenso trabajo encaminado por la “Coalición de Datos Personales”, que reunió a varios representantes, tanto del sector público como del sector privado, y expertos internacionales, para trabajar y consensuar un documento que se constituya en herramienta jurídica para proteger los datos personales en nuestro país.
Celulares en cárceles
Por otra parte, el plenario tiene en agenda la consideración del proyecto de ley “Que prohíbe la introducción no autorizada de teléfonos celulares, satelitales, equipos informáticos y cualquier medio de comunicación, ya sea electrónico o no, en los centros penitenciarios y educativos del país”. El documento subraya la necesidad de fortalecer la seguridad en el sistema penitenciario nacional y reducir la influencia del crimen organizado.
Según la exposición de motivos, la introducción de dispositivos electrónicos en las cárceles facilita actividades delictivas como extorsiones, tráfico de drogas, estafas, homicidios y hasta riesgo de planificación de fugas. El proyecto de ley que se encuentra en su primer trámite constitucional propone penas privativas de libertad que oscilan entre 2 y 7 años para quienes introduzcan estos dispositivos, dependiendo de las circunstancias y el rol del infractor.
Los castigos más severos se aplicarán a funcionarios públicos o proveedores autorizados en los centros penitenciarios que violen las normas, con penas de hasta 7 años de prisión. Además, se contempla la penalización de la tentativa.
El documento también resalta que, pese a los esfuerzos de las autoridades por controlar el ingreso de estos dispositivos, la problemática persiste debido a vulnerabilidades tecnológicas y la falta de sanciones contundentes.
“El sistema de inhibición de señales de comunicación celulares actualmente posee puntos vulnerables, los cuales pueden ser aprovechados para anular el bloqueo y así utilizar los dispositivos celulares por un tiempo o bien de manera indefinida”, dice una parte del texto.
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Caso Pecci: Margareth Chacón busca revocar condena ante la CSJ de Colombia
Medios de prensa colombianos informaron que el Tribunal Superior de Cartagena remitió a la Corte Suprema de Justicia la demanda de casación presentada por la defensa de Margareth Chacón, condenada en segunda instancia por el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. La máxima instancia judicial es ahora la que deberá decidir si admite este trámite y revoca su condena o bien, si confirma la sentencia.
La Justicia colombiana había condenado a Chacón a 35 años de cárcel, luego que la Fiscalía general de la Nación de dicho país demostrara que fue la coordinadora logística y financiera del homicidio de Pecci. Ahora, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena hizo lugar al recurso extraordinario de casación que planteó la defensa de la mujer, procesada por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.
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Esta acción de la Sala Penal se dio en respuesta a la demanda interpuesta por la sentencia del 27 de septiembre del 2024, que ratificada la condena interpuesta inicialmente el 15 de febrero del año pasado, por el juzgado Tercero Penal del circuito judicial de Cartagena. Luego de que se diera lectura al fallo en segunda instancia, dictado en enero de este año, la defensa presentó el recurso dentro del plazo legal.
La resolución expedida este 25 de marzo fue remitida a la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que deberá decidir si admite el recurso y revoca la condena o bien, si confirma la sentencia, según medios colombianos.
Chacón es considerada como pieza clave en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, al igual que su esposo Andrés Pérez Hoyos y su cuñado Ramón Pérez Hoyos. La mujer había sido sentenciada por su participación en el asesinato de Marcelo Pecci, el 10 de mayo de 2022 en Colombia, considerado su papel como fundamental en el atentado e incluso uno de los cerebros.
La procesada fue la única de los involucrados que no aceptó su culpabilidad en la causa, lo que sí hicieron los demás involucrados y lograron penas menos gravosas. En una de sus últimas declaraciones ante las autoridades, la mujer denunció supuestas torturas y maltratos en un búnker para declarar en contra de un expresidente, cuyo nombre nunca antes había escuchado.
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Familia de Pecci pide una indemnización de USD 2 millones al Estado de Colombia
El diario El Tiempo publicó que la familia del fiscal paraguayo Marcelo Pecci interpuso una demanda al Estado de Colombia y al Hoteles Decameron, por el asesinato del mismo ocurrido el 10 de mayo del 2022 en la península de Barú, en Cartagena de Indias, al norte de Colombia. La información internacional refiere que la familia pide una indemnización de USD 2 millones por supuestas “omisiones graves” que habrían facilitado el crimen.
El abogado de la familia Pecci en Colombiam, Francisco Bernate confirmó que se realizó esta acción judicial en el ámbito civil, pero explicó que no fue presentada por él. Explicó que el caso lo derivó a un colega, pero sí realizó un estudio donde consideró que la familia del fiscal debería ser reparada por el Estado colombiano por este magnicidio.
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Refirió que, más allá de las responsabilidades penales que haya lugar, hay lugar a una reparación, y esta acción se da en el marco de la legislación colombiana que permite un resarcimiento civil. “El resarcimiento puede venir de los propios responsables, pero en este caso eso no era posible, o de un Estado que desatiende sus obligaciones de seguridad”, declaró en entrevista para el canal C9N.
El abogado señaló que tanto el Estado colombiano como el hotel en el que se encontraba el fiscal Pecci con su esposa, eran responsables de la seguridad, no solo de la pareja, sino de todas las personas que concurren al lugar, refiriéndose a todo el esquema orquestado por los criminales para cometer el asesinato.
“Cómo es posible que una persona pueda alquilar una moto acuática para cometer un homicidio, hacer un recorrido por el mar colombiano, llegar a una playa que es un espacio que debe estar cuidado por las autoridades colombianas y por la propia seguridad del hotel y pueda ocurrir esto”, sentenció.
Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos fueron condenados a 25 años y 6 meses de prisión, por participar en la planificación y financiación del homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en mayo del 2022, también Margareth Chacón fue condenada a 35 años de prisión por este crimen.
Francisco Luis Correa Galeano, testigo clave del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, murió apuñalado en una cárcel de Bogotá en enero de 2025.
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Petro volvió a ratificar que Marset fue el mandante del asesinato de Pecci
Durante el acto oficial en que asumía el nuevo director de la Policía de Colombia, el presidente Gustavo Petro apuntó nuevamente al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset como el presunto mandante del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. En su discurso, el mandatario colombiano se refería a la lucha contra las drogas en su país y en la región, citando los impactos de este flagelo en la sociedad.
“Uno de los principales narcotraficantes que mató a un fiscal paraguayo en Colombia, con impunidad de la Fiscalía (colombiana), es un uruguayo, el narcotraficante Marset, que extrañamente su nombre desapareció del proceso de investigación del asesinado fiscal (Marcelo) Pecci, del Paraguay”, fueron las expresiones del presidente en su alocución en la presentación de Carlos Fernando Triana Beltrán al frente de la fuerza policial colombiana, el pasado 18 de febrero.
Recordó que Marcelo Pecci fue asesinado mientras se encontraba con su esposa en la península de Barú, en Cartagena de Indias, al norte de Colombia, el 10 de mayo del 2022. “Asesinado salvajemente frente a su mujer cuando estaban en luna de miel, tratando de disfrutar y de construir una vida en pareja, fruto del amor. Lo mataron enamorado y en medio del amor, brutalmente, por codicia, porque el fiscal Pecci estaba investigando al narcotraficante Marset, socio de los más poderosos narcotraficantes de Colombia”, lamentó Petro.
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Esta no es la primera vez que el presidente colombiano menciona a Marset como el mandante de este crimen, en varias ocasiones ya cuestionó que el narcotraficante uruguayo haya sido descartado de la investigación que estaba llevando adelante el entonces fiscal colombiano Mario Burgos, apartado del caso en septiembre de 2024 por orden de la Fiscalía general, que señaló que sería transferido a otra área, sin ahondar en detalles.
“Muerte, muerte y muerte. Ese camino tiene que ser discutido. La guerra contra las drogas no puede pasar por más muertes en el mundo. Puede pasar por otros caminos más pacíficos y más eficaces, para que la sociedad no busque su propia muerte a través de sustancias, como está sucediendo en Norteamérica y el fentanilo”, apuntó el mandatario.
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El 4 de febrero pasado, en medio de un consejo de ministros transmitido en vivo, Petro cuestionó que el fiscal colombiano Mario Burgos, quien estuvo a cargo del caso, excluyera de la investigación a Marset, actualmente prófugo de la justicia acusado de ser un poderoso narcotraficante del Cono Sur. “¿Por qué la muerte del fiscal Pecci quedó en manos del fiscal Burgos y el fiscal Burgos sacó al asesino del proceso? Que es el narcotraficante Marset”, cuestionó.
Durante una breve mención al caso el martes, el presidente añadió que Marset “es socio del narcotraficante (Julio) Lozano Pirateque, ciudadano de Dubái, colombiano, que está matando a los esmeralderos” y “quiere matar al presidente”. Mientras que, el 12 de agosto de 2022, a través de la red social X, Pedro expresó: “La investigación sobre el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci cometido por el narcotraficante uruguayo Marset en territorio colombiano demuestra que hace mucho el narco dejo de ser un problema bilateral colombo estadounidense y es hoy un problema americano y mundial”.