El equipo de investigación conformado por autoridades de Colombia y Paraguay sumó la participación de Estados Unidos, a través del FBI (Agencia Federal de Investigaciones) y DEA (Administración de Control de Drogas), que en el intercambio de informaciones se encuentran considerando varias hipótesis detrás del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en una playa colombiana.
El diario colombiano El Tiempo publicó este miércoles que ambas agencias norteamericanas aportan pistas obtenidas desde cárceles de Estados Unidos que se encuadran con la teoría de que el asesinato fue ordenado por un grupo terrorista internacional.
Red Hijazi
Como antecedente inmediato, en agosto del 2021, Pecci había encabezado la detención en Alto Paraná de Kassem Mohamad Hijazi, un ciudadano brasileño de origen libanés implicado en la financiación del terrorismo de Hezbolá a través de una red de lavado y corrupción que operaba en la Triple Frontera con “capacidad de blanquear cientos de millones de dólares” para el narcotráfico.
A pocas horas esta detención, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones anticorrupción contra Hijazi, su primo hermano Khalil Ahmad Hijazi y una de sus asociadas, la empresaria paraguaya Liz Paola Doldán González, así como a cinco empresas en Paraguay.
En enero de este año, Kassem Hijazi, quien se encuentra recluido en la Agrupación Especializada en Asunción, se negó a ser extraditado a los Estados Unidos de manera voluntaria. Luego, en abril, el juez José Delmás hizo lugar al requerimiento de extradición del Tribunal Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y la sentencia está actualmente en trámite de ejecución.
Nota relacionada: Recuerdan al fiscal Pecci como un ejemplo de profesionalismo y humanidad
A Ultranza Py
Colombia, Paraguay y Estados Unidos barajan las conexiones de los grupos criminales que operan en sus territorios, con tentáculos en otras dos naciones, y que podrían tener implicancia directa con el asesinato del fiscal paraguayo que ocurrió por la mañana del martes pasado, en una playa privada, cuando dos sicarios, que llegaron en una moto acuática, lo atacaron a tiros.
La Policía de Colombia ya emitió las primeras imágenes de los sospechosos, extraídas de los circuitos de seguridad del hotel donde el fiscal Pecci se hospedaba con su esposa, y no descarta la posibilidad de que los asesinos habrían viajado desde Paraguay hasta Colombia. Otra hipótesis, de más peso, que se maneja es que los sicarios fueron contratados por un grupo de narcotraficantes.
En esta última hipótesis, las autoridades de Paraguay creen que la orden para matarlo fue dada por organizaciones delincuenciales afectadas por los procesos que llevaba a cabo el funcionario contra redes de narcotráfico y crimen organizado, como el operativo A Ultranza Py, que seguía una conexión colombiana del exdiputado Juan Carlos Ozorio, actualmente preso, y del pastor prófugo José Insfrán.
Clan del Golfo
Las autoridades colombianas también consideran la situación de represalia del Clan del Golfo contra el gobierno de Iván Duque en venganza por la entrega de su líder Dairo Antonio Úsuga, conocido como Otoniel, a la justicia estadounidense tras su captura en octubre.
En días anteriores, el grupo narco ha matado a ocho personas, entre ellos tres civiles, tres militares y dos policías en esta ofensiva, así como ha quemado casi 190 vehículos en el norte del país. En la mayor demostración de fuerza del narco en tiempos recientes, el Clan del Golfo también ha frenado la actividad en centenares de municipios de nueve de los 32 departamentos de Colombia.
Los traficantes de Otoniel han salido igualmente a carreteras, con armas cortas y fusiles, a detener vehículos y prenderles fuego, tras bajar a sus ocupantes. Ante la amenaza, localidades de Antioquia, Chocó, Córdoba, Sucre y Bolívar –los departamentos más afectados– han optado por el encierro, según reporta AFP.