Medios de prensa colombianos informaron que el Tribunal Superior de Cartagena remitió a la Corte Suprema de Justicia la demanda de casación presentada por la defensa de Margareth Chacón, condenada en segunda instancia por el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. La máxima instancia judicial es ahora la que deberá decidir si admite este trámite y revoca su condena o bien, si confirma la sentencia.

La Justicia colombiana había condenado a Chacón a 35 años de cárcel, luego que la Fiscalía general de la Nación de dicho país demostrara que fue la coordinadora logística y financiera del homicidio de Pecci. Ahora, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena hizo lugar al recurso extraordinario de casación que planteó la defensa de la mujer, procesada por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

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Esta acción de la Sala Penal se dio en respuesta a la demanda interpuesta por la sentencia del 27 de septiembre del 2024, que ratificada la condena interpuesta inicialmente el 15 de febrero del año pasado, por el juzgado Tercero Penal del circuito judicial de Cartagena. Luego de que se diera lectura al fallo en segunda instancia, dictado en enero de este año, la defensa presentó el recurso dentro del plazo legal.

La resolución expedida este 25 de marzo fue remitida a la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que deberá decidir si admite el recurso y revoca la condena o bien, si confirma la sentencia, según medios colombianos.

Chacón es considerada como pieza clave en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, al igual que su esposo Andrés Pérez Hoyos y su cuñado Ramón Pérez Hoyos. La mujer había sido sentenciada por su participación en el asesinato de Marcelo Pecci, el 10 de mayo de 2022 en Colombia, considerado su papel como fundamental en el atentado e incluso uno de los cerebros.

La procesada fue la única de los involucrados que no aceptó su culpabilidad en la causa, lo que sí hicieron los demás involucrados y lograron penas menos gravosas. En una de sus últimas declaraciones ante las autoridades, la mujer denunció supuestas torturas y maltratos en un búnker para declarar en contra de un expresidente, cuyo nombre nunca antes había escuchado.

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El diario El Tiempo publicó que la familia del fiscal paraguayo Marcelo Pecci interpuso una demanda al Estado de Colombia y al Hoteles Decameron, por el asesinato del mismo ocurrido el 10 de mayo del 2022 en la península de Barú, en Car­tagena de Indias, al norte de Colombia. La información internacional refiere que la familia pide una indemnización de USD 2 millones por supuestas “omisiones graves” que habrían facilitado el crimen.

El abogado de la familia Pecci en Colombiam, Francisco Bernate confirmó que se realizó esta acción judicial en el ámbito civil, pero explicó que no fue presentada por él. Explicó que el caso lo derivó a un colega, pero sí realizó un estudio donde consideró que la familia del fiscal debería ser reparada por el Estado colombiano por este magnicidio.

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Refirió que, más allá de las responsabilidades penales que haya lugar, hay lugar a una reparación, y esta acción se da en el marco de la legislación colombiana que permite un resarcimiento civil. “El resarcimiento puede venir de los propios responsables, pero en este caso eso no era posible, o de un Estado que desatiende sus obligaciones de seguridad”, declaró en entrevista para el canal C9N.

El abogado señaló que tanto el Estado colombiano como el hotel en el que se encontraba el fiscal Pecci con su esposa, eran responsables de la seguridad, no solo de la pareja, sino de todas las personas que concurren al lugar, refiriéndose a todo el esquema orquestado por los criminales para cometer el asesinato.

“Cómo es posible que una persona pueda alquilar una moto acuática para cometer un homicidio, hacer un recorrido por el mar colombiano, llegar a una playa que es un espacio que debe estar cuidado por las autoridades colombianas y por la propia seguridad del hotel y pueda ocurrir esto”, sentenció.

Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos fueron condenados a 25 años y 6 meses de prisión, por participar en la planificación y financiación del homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en mayo del 2022, también Margareth Chacón fue condenada a 35 años de prisión por este crimen.

Francisco Luis Correa Galeano, testigo clave del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, murió apuñalado en una cárcel de Bogotá en enero de 2025.

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Durante el acto oficial en que asumía el nuevo director de la Policía de Colombia, el presidente Gustavo Petro apuntó nuevamente al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset como el presunto mandante del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. En su discurso, el mandatario colombiano se refería a la lucha contra las drogas en su país y en la región, citando los impactos de este flagelo en la sociedad.

“Uno de los principales narcotraficantes que mató a un fiscal paraguayo en Colombia, con impunidad de la Fiscalía (colombiana), es un uruguayo, el narcotraficante Marset, que extrañamente su nombre desapareció del proceso de investigación del asesinado fiscal (Marcelo) Pecci, del Paraguay”, fueron las expresiones del presidente en su alocución en la presentación de Carlos Fernando Triana Beltrán al frente de la fuerza policial colombiana, el pasado 18 de febrero.

Recordó que Marcelo Pecci fue asesinado mientras se encontraba con su esposa en la península de Barú, en Cartagena de Indias, al norte de Colombia, el 10 de mayo del 2022. “Asesinado salvajemente frente a su mujer cuando estaban en luna de miel, tratando de disfrutar y de construir una vida en pareja, fruto del amor. Lo mataron enamorado y en medio del amor, brutalmente, por codicia, porque el fiscal Pecci estaba investigando al narcotraficante Marset, socio de los más poderosos narcotraficantes de Colombia”, lamentó Petro.

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Esta no es la primera vez que el presidente colombiano menciona a Marset como el mandante de este crimen, en varias ocasiones ya cuestionó que el narcotraficante uruguayo haya sido descartado de la investigación que estaba llevando adelante el entonces fiscal colombiano Mario Burgos, apartado del caso en septiembre de 2024 por orden de la Fiscalía general, que señaló que sería transferido a otra área, sin ahondar en detalles.

“Muerte, muerte y muerte. Ese camino tiene que ser discutido. La guerra contra las drogas no puede pasar por más muertes en el mundo. Puede pasar por otros caminos más pacíficos y más eficaces, para que la sociedad no busque su propia muerte a través de sustancias, como está sucediendo en Norteamérica y el fentanilo”, apuntó el mandatario.

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El 4 de febrero pasado, en medio de un consejo de ministros transmitido en vivo, Petro cuestionó que el fiscal colombiano Mario Burgos, quien estuvo a cargo del caso, excluyera de la investigación a Marset, actualmente prófugo de la justicia acusado de ser un poderoso narcotraficante del Cono Sur. “¿Por qué la muerte del fiscal Pecci quedó en manos del fiscal Burgos y el fiscal Burgos sacó al asesino del proceso? Que es el narcotraficante Marset”, cuestionó.

Durante una breve mención al caso el martes, el presidente añadió que Marset “es socio del narcotraficante (Julio) Lozano Pirateque, ciudadano de Dubái, colombiano, que está matando a los esmeralderos” y “quiere matar al presidente”. Mientras que, el 12 de agosto de 2022, a través de la red social X, Pedro expresó: “La investigación sobre el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci cometido por el narcotraficante uruguayo Marset en territorio colombiano demuestra que hace mucho el narco dejo de ser un problema bilateral colombo estadounidense y es hoy un problema americano y mundial”.

Las declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, respecto al responsable moral del crimen de Marcelo Pecci y su crítica hacia el fiscal del caso, Mario Burgos, podrían motivar una acción judicial por parte de la defensa de Horacio Cartes, así lo confirmó su abogado, Pedro Ovelar, quien lamentó que este proceso haya sido utilizado para vincular el nombre de su cliente en el hecho.

“Este momento es bastante incipiente nuestro trabajo, pero a la par muy avanzado y lo esperamos por Paraguay al doctor Iván Cancino con toda su información para luego ejecutar la acción judicial”, afirmó Ovelar a la 650 AM, medio donde indicó que han seguido muy de cerca todas las declaraciones de los hoy condenados por el asesinato al exagente del Ministerio Público de nuestro país.

Estas expresiones del representante legal en Paraguay de Cartes, responden a la consulta respecto a qué acciones o medidas se podrían iniciar ante acusaciones de que miembros de la Fiscalía colombiana intentaron instalar el nombre del expresidente en torno al crimen de Pecci, esto sin que existan pruebas que sustenten estas expresiones y en paralelo, el mandatario de Colombia lance duras críticas contra el fiscal del caso.

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“Me tuvieron torturada cinco meses, tratando de que yo mintiera sobre un expresidente del que nunca escuché”, fueron las declaraciones de Margareth Chacón, condenada en el crimen de Pecci, en tanto, Petro mencionaba días atrás, “¿Por qué la muerte de Pecci, paraguayo quedó en manos del fiscal Burgos? Y el fiscal Burgos sacó al asesino del proceso, que es el narcotraficante Marset”.

Teniendo en cuenta estos elementos, Ovelar indicó que el trabajo que les corresponde tanto a Cancino como a él es realizar una serie de verificaciones y revisiones para enmarcar primeramente la figura jurídica, es decir, si hubo una denuncia falsa, producción de documentos no auténticos u otros hechos y posteriormente, quiénes serían los responsables de lo que pasó.

“Sí o sí hay una persona responsable porque la Fiscalía General podría ser responsable en cuanto a alguna indemnización si es que algunos de sus fiscales, desviándose de la verdad, involucra a una persona inocente, pero la persona que ejecutó la acción para mentir o instalar mentiras sobre una persona inocente es responsable penalmente de ese ilícito y además civilmente una vez que se demuestre su responsabilidad y se lo condene”, explicó.

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En esta investigación, que podría abrirse, se juzgará si hubo un error por parte de la Fiscalía colombiana o si fue un hecho intencional. No obstante, Ovelar remarcó, “en las declaraciones del presidente de Colombia, hablamos de intencionalidad aparente del fiscal Burgos para eliminar del proceso a los verdaderos responsables del crimen de Marcelo Pecci, no estamos hablando de un simple error sino de algo intencional”.