El diputado colorado por el departamento de Itapúa, Walter Harms, presentó un proyecto de ley que plantea garantizar la obligatoriedad de la provisión gratuita de medicamentos para tratamientos oncológicos para pacientes con cáncer, a través del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) y del Instituto de Previsión Social (IPS).

Se trata del proyecto de ley “Que establece la obligatoriedad de inclusión y disponibilidad suficiente del fármaco olaparib y otros de tratamiento oncológico en el vademécum del MSPBS y del IPS, para la provisión de forma gratuita a sus pacientes”.

El documento expresa en su exposición de motivos que el olaparib es un medicamento indicado para el tratamiento del cáncer de ovario, cáncer de trompa de Falopio o cáncer de mama. “Este medicamento aporta una mejora estadística y clínicamente significativa de la supervivencia libre de enfermedad invasiva; reduce, al mismo tiempo, el riesgo de recaída del cáncer de mama invasivo, la aparición de segundos cánceres invasivos o de muerte por cualquier causa”, señala el texto.

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El proyecto establece, además, que el incumplimiento de lo estipulado en esa iniciativa representará una falta grave y que el funcionario responsable deberá ser sancionado conforme a las leyes vigentes, y que la reincidencia será sancionada con la destitución y la prohibición de ejercer cargos públicos por cinco años.

Un derecho constitucional

Harms recordó que el Estado está obligado a proveer a cualquier tipo de pacientes la atención por parte de profesionales médicos y de suministrar los fármacos que requieran para su tratamiento, según lo establece la propia Constitución Nacional.

La Carta Magna expresa en su artículo 68, “-Del derecho a la Salud- El Estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad. Nadie será privado de asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades, pestes o plagas, y de socorro en los casos de catástrofes y de accidentes. Toda persona está obligada a someterse a las medidas sanitarias que establezca la ley, dentro del respeto a la dignidad humana”.

Tras su presentación, la iniciativa parlamentaria fue derivada para su estudio, consideración y respectivos dictámenes a las comisiones asesores de Asuntos Económicos y Financieros, Legislación y Codificación, Justicia, Trabajo y Previsión Social, Salud Pública y a la de Equidad Social y Género, según informó la Cámara de Diputados.

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