El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa Delgado, visitó Paraguay buscando el fortalecimiento de la cooperación bilateral en la lucha contra la criminalidad trasnacional y brindó una entrevista exclusiva para Nación Media.

Barbosa realizó un resumen del motivo de su visita, habló sobre la injerencia política en la labor de las fiscalías, el apoyo brindado a su par paraguaya, la doctora Sandra Quiñónez, durante los últimos sucesos en el Congreso Nacional y advirtió que “a los grupos políticos les molesta el trabajo que realizan las fiscalías”, además de comentar sobre las desapariciones y torturas acontecidas en su país, como parte del conflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia (FARC).

La máxima autoridad fiscal de Colombia también dio detalles de las experiencias con las FARC y mencionó además al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Recordó el secuestro y posterior asesinato de Cecilia Cubas, que contó con la participación de Rodrigo Granda, exguerrillero de las FARC, autor intelectual del secuestro y actual legislador en Colombia.

“Hemos venido trabajando con la fiscal Sandra Quiñónez en la lucha contra el narcotráfico y la lucha contra la criminalidad organizada que se materializa en muchos campos”, expresó Barbosa Delgado a Nación Media. Sobre las estrategias que se elaboran de manera conjunta con las fiscalías regionales, Barbosa explicó que hay que distinguir dos cosas; la primera es una dinámica que tiene que ver con las cancillerías que cumplen funciones diplomáticas y la segunda la función real de los fiscales generales.

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“En las cancillerías hay formas, protocolos y tratados, y nosotros desde el punto de vista de la rama judicial cumplimos la función de ser titulares de la acción penal; es decir, lo nuestro está supeditado a resultados y no a discursos de cooperaciones”, dijo. “Los resultados que tenemos de las investigaciones criminales en cada uno de estos países son el eje central de esta reunión, aquí se trata de tener resultados concretos”, relató.

Perseguir criminales

Sobre la injerencia política en la labor de las fiscalías, específicamente sobre presiones que se dan sobre jueces y fiscales, Barbosa Delgado dijo que a los ejecutivos y a grupos políticos les molesta la existencia de las fiscalías generales porque la función de estas es perseguir criminales que muchas veces están dentro de estos mismos grupos. “Nosotros perseguimos criminales y muchos de esos grupos están compuestos por criminales, entonces es muy difícil para las fiscalías generales tener aceptación por parte de estos grupos políticos que han venido golpeando, desfalcando y generando acciones de corrupción en nuestros países”, señaló.

“Nosotros no estamos para agradar a la gente, estamos para perseguir criminales y esta injerencia la combatimos con alianzas estratégicas y solidaridad, nosotros repudiamos la presión que se ejerció en Paraguay contra la fiscal, ella no está sola, está acompañada de todos nosotros, no hay que ceder a esas presiones, hay que advertir a esos grupos que estamos en pie de lucha, en defensa de la institucionalidad judicial”, sentenció.

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La titular del Ministerio Público - Fiscalía General de la República del Paraguay recibió a su colega y jurista colombiano, Francisco Barbosa Delgado. Foto: Gentileza.

Torturas y desapariciones

Según el portal El espectador de Colombia, desde el 2011 al 2021, fueron víctimas directas de desaparición forzada unas 50.522 personas. Sin embargo, esta cifra puede ser mayor, ya que según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) hubo más de 80.000 personas desaparecidas de manera forzosa entre los años 1958 y 2017. Las cinco regiones que más han reportado hechos de desaparición son Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Meta y Norte de Santander. Sobre el punto, el fiscal general mencionó que es vital que exista una unidad en cuanto a la protección de los derechos humanos.

“Yo creo que en la medida en que exista una defensa irrestricta a los derechos humanos en un país, siempre habrá una mejor civilidad y mejores prácticas democráticas”, resaltó. “Para verdaderamente evitar esas situaciones los gobiernos deben impulsar políticas de protección y en lo que respecta al trabajo de las fiscalías, el rápido esclarecimiento de esos hechos y que no denote una sensación de impunidad en la población, además de estrictas sanciones”, remarcó.

“Con el crimen no se puede negociar”

Luego de más de cincuenta años de conflicto armado con las FARC, el Acuerdo de Paz pone fin a la violencia con esa guerrilla, la más grande en Colombia. La firma entre las partes sucedió el 24 de noviembre del 2016 en La Habana. Sobre el punto, Barbosa Delgado considera que no hay que declinar las funciones constitucionales de un país por grupos guerrilleros.

“Es necesario lograr que a través de una inteligencia judicial, investigaciones sólidas y técnicas se desmantelen esas organizaciones criminales y lo que no puede ocurrir es que estas organizaciones criminales pretendan socavar los pilares del estado constitucional”, expresó. “Es necesario que la ciudadanía sepa distinguir entre la legalidad y la ilegalidad, entre los valores de civilidad y los de destrucción y un mensaje claro de que con el crimen no se puede negociar”, apuntó.

“Ricardo Téllez”

Rodrigo Granda, actual parlamentario en Colombia y exguerrillero de las FARC, es sindicado, según las investigaciones, como el autor intelectual del secuestro y posterior asesinato de Cecilia Cubas, hija del expresidente de la República Raúl Cubas. Si bien dentro de Colombia Granda (alias Ricardo Téllez) goza de una especie de blindaje a raíz del acuerdo de paz, la situación cambiará si este intenta desplazarse fuera de territorio colombiano.

“Ese acuerdo que se firmó es un acuerdo que tiene un componente de justicia transicional, no de justicia retributiva, en ese sentido hay que decir que esta persona (Granda) es alguien que está sometido a la jurisdicción especial de paz en Colombia; sin embargo, si esa persona abandona el territorio colombiano y hay una orden de captura internacional y una cooperación internacional del Estado donde esa persona haya sido capturada con el Estado paraguayo, esa persona tiene que responder ante el Estado paraguayo por los crímenes que cometió”, puntualizó.

“No hay una amnistía internacional, lo que hay es un acuerdo de cooperación en Colombia alrededor de un acuerdo firmado en Colombia y que tiene efectos en Colombia, no tiene efectos en ningún otro lugar”, remarcó.

Con respecto al futuro del acuerdo de paz y la situación en general de Colombia luego de las próximas elecciones generales, donde el exintegrante del movimiento guerrillero colombiano M-19 parte como gran favorito para triunfar, Barbosa se excusó explicando que esa situación es independiente de su trabajo como fiscal general de Colombia.

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