El ministro del Interior, Federico González, confirmó este miércoles que hasta el momento no existe un pedido formal para otorgar protección policial a la exdiputada Cynthia Tarragó, ante los rumores de que, presuntamente, podría correr algún tipo de riesgo tras su reciente arribo al país luego de cumplir su condena en una prisión de los Estados Unidos.

“La señora Tarragó ni ningún familiar o cercano suyo, ni nadie en su nombre, pidió protección. Y es una situación que se evalúa constantemente por la implicancia que se puede tener, pero no hay una solicitud ni algo específico al respecto. La Policía Nacional dentro del análisis que hace y la evaluación de la situación evalúa eso, pero no hay nada específico ni en particular sobre su caso”, expresó el ministro.

De esa manera, González salió al paso de los rumores que hablan de que la exparlamentaria podría encontrarse en peligro por su supuesta colaboración con las autoridades sobre los hechos ilícitos en los que se había visto involucrada.

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“Les ruego me comprendan, hay familias, gente cercana que pueden preocuparse o llamarles la atención todo esto que se está generando. Reitero, la Policía está evaluando la situación y de ser necesario va a proceder de esa manera, pero compréndanme, por favor, hay cosas que no puedo compartir”, insistió el encargado de la seguridad interna del país.

González explicó que en este tipo de situaciones podría darse que exista una solicitud o disposición del Ministerio Público para dotar del servicio de seguridad a una persona que así lo requiera o, en su defecto, por una decisión que tome la propia Comandancia de la Policía Nacional “ante una circunstancia específica que se presente”, pero aclaró, en conversación con la radio 1020 AM, que este “no es el caso actual”.

Tarragó arribó al país en la noche del viernes 29 de abril pasado, tras ser deportada de los Estados Unidos, donde cumplió una condena de prisión de 33 meses al ser hallada culpable del delito de lavado de activos relacionado al narcotráfico. La exparlamentaria y su esposo, Raimundo Va, quien también recibió la misma condena y ya fue deportado, fueron arrestados el 21 de noviembre del 2019 por el FBI (siglas en inglés para Buró Federal de Investigaciones) en Newark, Estados Unidos, luego de ser investigados por lavado de dinero. Fueron acusados en una denuncia penal junto con un tercer involucrado, Rodrigo Alvarenga Paredes, quien permanece prófugo.

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