Con el veto parcial a la Ley de Petropar vuelve la discusión al Congreso Nacional, teniendo en cuenta que desde el Poder Ejecutivo se objetó el texto en el que se excluía a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para el control de las compras que realice. Desde el Frente Guasu consideran que eso no afectaría el sistema de licitaciones; sin embargo, Pablo Seitz calificó de riesgosa la redacción legislativa.

Para el senador oficialista Rodolfo Friedmann, la bancada estará apoyando esta postura del presidente Mario Abdo Benítez. “Se va a acompañar el veto parcial porque nunca fue el espíritu del Senado excluir a Contrataciones Públicas, no estuvo reflejado en el texto de la ley la intención”, expresó el legislador colorado.

En lo que se refleja a la ley, se buscaba facilitar el mecanismo de compra, excluyendo solo la presentación de declaración jurada. “La intención era que no se pida la declaración jurada a los estados para poder negociar la compra de combustible”, explicó. Sin embargo, el Poder Ejecutivo recibió un texto en el cual se ponía en duda el control que pueda ejercer Contrataciones Públicas sobre la entidad estatal.

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Por su parte, el senador del Partido Liberal Abel González dijo que es una falta de inteligencia por parte del Poder Ejecutivo haber vetado parcialmente el proyecto de ley porque se libera a Petropar en la compra de combustibles. Considera que lo pone en desventaja con los emblemas privados esta posición asumida.

Mientras que para el senador del Frente Guasu Jorge Querey fue un error esta disposición, porque los sistemas de control estaban bien establecidos con el proyecto de ley sancionado por el Congreso Nacional. Cree que Petropar debiera tener manos libres y estar exceptuado de esta disposición.

“Vamos a discutir en bancada, es de responsabilidad de los senadores haber discutido o no claramente. Petropar debe operar como empresa estatal competitiva con respecto a otros emblemas, que eso no ocurra permite que los privados especulen con los precios”, sostuvo.

Querey mencionó que todas las medidas que no fueran factibles para la competitividad son un inconveniente porque aseguran que el control se establecía por Contraloría General y la publicidad de la estructura de costos y de las compras, pero responsabiliza al presidente Mario Abdo Benítez de ceder ante los emblemas privados.

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