El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, decretó este martes el veto parcial del proyecto de ley que autoriza a Petróleos Paraguayos (Petropar) a comprar directamente combustibles sin necesidad de intermediarios. El Ejecutivo argumenta que todas las adquisiciones deben realizarse a través de Contrataciones Públicas.
El anuncio fue realizado en el Palacio de Gobierno por el jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Hernán Huttemann, que estuvo acompañado por el titular de Petropar, Denis Lichi, y por la encargada de la Unidad de Gestión del Poder Ejecutivo, Carmen Marín.
El Gobierno considera que todas las compras estatales se tienen que regir por el mismo sistema de Contrataciones Públicas, sin excepciones, mientras que el proyecto de Ley Nº 6.309, sancionado por el Congreso, prevé otorgar a Petropar la posibilidad de adquirir de manera directa, y sin intermediarios, la compra de carburantes.
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Huttemann explicó que la medida responde principalmente a lo vinculado con la “exceptuación del régimen general de compras públicas para las personas jurídicas que operen con Petropar”. En lo referente a la declaración jurada, se mantiene el texto remitido por el Congreso.
“Nos oponemos desde el Ejecutivo a lo que tiene que ver con exceptuar el régimen general de compras públicas, siendo este el que salvaguarda los recursos públicos y también garantiza que exista transparencia y una concentración en los procesos de compras. Este régimen debe regir para todos”, destacó el funcionario.
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Por su parte, Marín indicó que el objetivo del Gobierno es que se mantengan las reglas del sistema de contrataciones públicas en cuanto a los procedimientos y relacionamiento con los proveedores de la petrolera estatal. “Ese es el contexto principal y, por otro lado, quedaría vigente en el caso de que se acepte la objeción parcial el apartado que exceptúa a los proveedores de Petropar de la ley que tiene que ver con la declaración jurada de bienes”, acotó.
El proyecto en cuestión, que surgió como una propuesta alternativa a la crisis generada por la constante suba de los precios de los combustibles que derivó en movilizaciones y cierres de ruta por parte de gremios de camioneros, retornará ahora al Congreso para el estudio y consideración del veto o rechazo parcial con los cambios introducidos por el Poder Ejecutivo.