El ministro de la Corte Suprema de Justicia y superintendente de la circunscripción judicial de Central, Eugenio Jiménez Rolón, participó el viernes último del acto de habilitación de una oficina de atención psicológica para víctimas de violencia doméstica y violencia contra la mujer, además de un espacio recreativo destinado a los niños, como también de mejoras edilicias llevadas a cabo en el Juzgado de Paz de Ypacaraí.

El ministro expresó que la habilitación de esta oficina de asistencia a víctimas de violencia tiene una trascendencia fundamental para la comunidad. A su vez felicitó a la jueza de Paz de la localidad por esta loable iniciativa y al licenciado Mathías Giménez, quien estará a cargo de esta nueva dependencia, brindando la contención psicológica, como ya lo ha venido haciendo ad honorem.

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Indicó que “si hablamos de violencia familiar o intrafamiliar o de violencia contra la mujer, siempre ineludiblemente aparecen como víctimas los niños, aunque no lo sean de una manera directa o de forma física, probablemente lo sean de la manera más grave, en la parte psicológica”, por lo que esta iniciativa de brindar contención es de suma importancia, a fin de trabajar en las posibles secuelas que podrían dejar a las víctimas de este tipo de hechos, dijo el ministro.

Por su parte, la presidenta del Consejo de Administración de Central, la camarista María Teresa González de Daniel, significó el valioso trabajo de contención a las víctimas en concordancia a la Ley n.° 1600/00 “contra la violencia doméstica” y en la normativa establecida en la Ley n.° 5777/16, “De protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia”, “porque sabemos perfectamente que en este tipo de situaciones es absolutamente necesario el apoyo de unidades técnicas y en este caso, el de la psicología y por supuesto de todo un equipo técnico para aquellas personas que acuden a denunciar estos hechos”.

La referida oficina está a disposición de las personas víctimas de violencia los días martes y jueves de 07:00 a 13:00 en el Juzgado de Paz de la ciudad de Ypacaraí.

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El ministro del Consejo Nacional de Defensa (Codena), contraalmirante Cíbar Benítez, anunció que el Gobierno de Paraguay ratifica toda cooperación con la Administración de Control de Drogas (DEA, por su siglas en inglés) y que dicha cooperación incluso se extenderá a otras instituciones, como la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), y otras.

El anuncio se dio a través de una conferencia de prensa, en la que se informó sobre la respuesta que recibió la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) con relación a la primera nota remitida el 6 de diciembre pasado, respecto a la culminación de la participación de Senad en el programa.

La contestación de Estados Unidos a Paraguay menciona que se debe dar un proceso de 90 días antes de una interrupción. Ante esto, Paraguay pide mantener esa cooperación, dejando sin efecto la nota N° 712 de la Senad, y hacer un nuevo memorando.

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Al respecto, explicó que en respuesta a esta nota del organismo estadounidense que recibió ayer el titular de la Senad, Jalil Rachid, ya se remitió de vuelta una misiva a la DEA en la cual menciona que el memorandun de entendimiento entre el Ministerio Público, el Estado paraguayo, la Policía Nacional del Paraguay, la institución a su cargo por un lado, y la DEA por el otro, respecto a la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU Paraguay) que hoy día está vigente no fue contemplada en la nota enviada el pasado 6 de diciembre; por esa razón solicitaron dejar sin efecto.

El ministro Benítez remarcó que es un hecho que el citado memorandum de entendimiento del 2022, no obra en los registros de la Senad en la actualidad, por tal motivo esta institución estaba en desconocimiento del mismo.

“Ahora bien se ratifican plenamente todos los términos de aquel convenio del 2022, solicitando mantener una mesa de diálogo, para seguir potenciando la cooperación a fin de maximizar los resultados de la lucha contra el tráfico internacional de drogas y delitos conexos”, explicó el ministro.

Añadió que con esto, el gobierno de Paraguay ratifica el convenio 2022 válido hasta ahora. “Aparte de eso, seguimos con la misma intención que nosotros en principio habíamos dicho que se trataba de una reorganización, o una reprogamació, o bien una reconsideración de los términos de ese convenio”, dijo.

En otro momento, ratificó que la intención en todo momento fue fortalecer la lucha contra el crimen organizado trasnacional, que incluye el narcotráfico, donde la Senad tiene un papel protagónico. Explicó que en este plan, es que se busca ahora, anexar a ese convenio con la DEA del 2022 a otras instituciones del Estado.

“Nos gustaría por ejemplo incluir a la Seprelad, que no forma parte de este convenio, de tal manera que podamos ser aun más beneficiarios de parte de esa ayuda que tenemos de la DEA. Esto va continuar con mayor fuerza seguramente”, enfatizó.

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El director de Registros Electorales de la Justicia Electoral, Carlos María Ljubetic, sostuvo que el proyecto de reforma electoral que habilitará una inscripción automática de los paraguayos residentes en el exterior es inviable para la máxima instancia electoral.

“Nosotros tenemos una posición muy clara respecto a la inscripción de los paraguayos en el exterior. Desde el exterior se pretende que haya una inscripción automática y eso es algo absolutamente inviable para nosotros, porque nosotros nos basamos en documentos”, dijo Ljubetic, este martes, en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Explicó que, con la legislación actual, el ciudadano debe completar sobre todos sus datos a través de una boleta de inscripción. “Donde complete todos sus datos y debe coincidir con la matriz que nosotros tenemos de identificaciones, de tal forma que la inscripción sea fehaciente, y el ciudadano debe darnos un domicilio preciso para poder ubicarle en el departamento, en la ciudad y en la escuela más cercana a su domicilio”, indicó el funcionario electoral.

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Aseguró que, sin esos datos, la Justicia Electoral no puede realizar las inscripciones. “¿Quién nos proporcionaría un dato sobre los paraguayos que viven en el exterior en forma automática? No hay ninguna entidad que tenga esos datos, mucho menos actualizado”, argumentó.

Por otra parte, con la modificación de la actual legislación se elimina la posibilidad de que los consulados paraguayos informen a las autoridades del país de residencia del ciudadano sobre quiénes son los paraguayos que votan en las elecciones de ese país.

“Según esa ley, nosotros le deberíamos incluir de forma automática en el padrón, pero resulta que ese trabajo la propia ley encarga a la Cancillería, y la Cancillería ya nos informó, tanto a la Justicia Electoral como en varias oportunidades en el Parlamento, que esa situación no es viable debido a que los países no entregan ese listado porque es una cuestión de dato confidencial y la Cancillería no está en condiciones de conseguir esa documentación”, refirió Ljubetic.

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Se procedió a la habilitación de la cámara Gesell en el Palacio de Justicia de San Lorenzo, con la participación del ministro de la Corte Suprema de Justicia, superintendente de la Circunscripción Judicial de Central, Eugenio Jiménez Rolón.

El nuevo espacio habilitado por las autoridades judiciales está destinado para la realización de entrevistas a niñas, niños y adolescentes que son víctimas o testigos de algún tipo de delitos. La implementación resulta fundamental para los procesos judiciales relacionados con hechos de violencia, abuso sexual infantil y otros delitos que afectan la integridad de la víctima.

La presidenta del Consejo de Administración de Central, Dra. María Teresa González de Daniel, subrayó que “el proyecto de contar con una cámara Gesell pudo hacerse realidad gracias a donaciones realizadas para lograr el proyecto”. Asimismo, resaltó la importancia de esta herramienta para los casos de hechos punibles graves, como el abuso sexual infantil y la coacción sexual. Explicó que, a través de la esta cámara, se puede elaborar una prueba como anticipo jurisdiccional (antes del eventual juicio oral y público), evitando de esta forma la revictimización de la persona menor de edad.

Por su parte, el juez Penal de Garantías, abogado Francisco Recalde afirmó que la habilitación de este espacio representa una justicia más cercana, humana y comprometida con los derechos de la población más vulnerable de la sociedad.

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El magistrado destacó la trascendencia de esta nueva dependencia para la comunidad jurídica, recordando que, hasta ahora, jueces, fiscales, defensores y familiares debían trasladarse hasta el Palacio de Justicia de Asunción, al de Luque o al Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público para acceder a una cámara Gesell. Estos traslados implicaban distancias de 20, 16 y 14 km, respectivamente, desde la sede judicial de San Lorenzo.

Una de las innovaciones más relevantes de este nuevo espacio es la posibilidad de transmitir las declaraciones realizadas en la Cámara Gesell directamente al despacho del juez, a través de un sistema de conexión individual encriptado.

Finalmente, se destacó que se han previsto hasta los detalles más mínimos para garantizar un entorno adecuado a los niños y niñas que participen en estos procedimientos. “Desde la atención personalizada y empática, hasta el desayuno para los niños, porque muchas veces vienen sin desayunar”, concluyó el juez Recalde.

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