Una vez más, la Ley del Servicio Diplomático no tuvo la suerte de obtener la aprobación en la Cámara de Diputados, ya que no se logró el tratamiento ante una desprolijidad en la presentación de dictámenes. El diputado Walter Harms, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, explicó que la normativa pasa para la próxima semana.
“Un debate ácido y argel se dio, porque trabajamos con la Cancillería y los sectores del sindicato nos hicieron llegar un documento con las recomendaciones de modificación que consensuaron”, comentó el legislador. Sin embargo, se produjo otro dictamen con la intención de aprobar solo la versión del Senado.
Por ese motivo “dejamos de tratar porque surgió a última hora el otro dictamen que no se sacó de comisión, solo para aprobar la versión de Senadores, y el otro establecía las recomendaciones de Cancillería. En realidad hubo un ida y vuelta, todo fue muy desprolijo”, añadió.
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Uno de los puntos claves en esta normativa tiene que ver con el ingreso de nuevos funcionarios al escalafón diplomático, que solo se podrá efectuar por concurso público de oposición y méritos en el rango de tercer secretario. El documento no cuenta con el dictamen de esta comisión para ser estudiado ante el pleno.
El proyecto de ley, que tiene media sanción del Senado, apunta a constituir y regular el servicio diplomático, consular, administrativo y profesional. De esta forma, pasan a estar sujetos todos los funcionarios que integren alguno de los escalafones del mencionado servicio. En caso de no aprobarse en Diputados, será sancionado automáticamente con la versión del Senado.
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Presentan iniciativa para crear registro de personas con antecedentes por violencia doméstica
Un grupo de 18 diputados de diferentes partidos políticos, presentó un proyecto de ley mediante el cual se busca crear el “Observatorio y Registro General de las personas con antecedentes de violencia doméstica”. De acuerdo a lo que indicaron los legisladores, esta iniciativa nace a partir de la cantidad de casos de violencia que desembocan en muertes ocasionadas por personas con antecedentes.
Este registro también contará con los datos de las personas que tengan acuerdos aprobados de régimen de relacionamiento y convivencia con sus hijos niños y adolescentes. En el proyecto se menciona como antecedente el caso de las tres niñas que perdieron la vida, luego de haber sido llevadas por su propio padre, quien tenía antecedentes por violencia sobre quien pesaba órdenes de captura.
“El Observatorio funcionará en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia. El mismo podrá celebrar convenios con organismos públicos o privados, nacionales o internacionales, con la finalidad de articular interdisciplinariamente acciones tendientes a registrar personas con antecedentes de violencia familiar, que además hayan accedido a acuerdo de parte o dentro de un proceso, acerca del régimen de relacionamiento con sus hijos menores o adolescentes”, expone el proyecto.
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Según los legisladores impulsores, la falta de un sistema centralizado de información dificulta la evaluación de la problemática y la implementación de políticas públicas efectivas. La iniciativa también busca privar de la posibilidad de que aquellos que cuenten con tales antecedentes, les sea suspendido y/o revocado todo régimen o acuerdo arribado de convivencia y/o relacionamiento con sus hijos menores o adolescentes, mientras se realicen las investigaciones judiciales.
Asimismo, de ser comprobados los hechos, les sea retirado el derecho al régimen de convivencia y relacionamiento, así como también les sea declarada la pérdida de la patria potestad. De acuerdo a lo que mencionan el proyecto, esto es impulsado ante el aumento de casos de violencia intrafamiliar con consecuencias trágicas, pretende establecer un sistema de información destinado al diseño y gestión de políticas públicas tendientes a la prevención y la protección de los niños, niñas y adolescentes.
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Con ley de Transparencia de ONGs ponen el ojo en millonarios fondos para excelencia de la educación
El senador colorado Gustavo Leite puso sobre la mesa un tema que promete generar polémica y abrir una nueva línea de investigación sobre el manejo de recursos públicos: el destino de los millonarios fondos invertidos por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI). En entrevista televisiva, tras la promulgación de una ley que obliga a transparentar los fondos recibidos por las ONG que operan en Paraguay, el legislador anticipó un siguiente paso será revisar qué pasó con los 775 millones de dólares destinados a la educación, sin que se haya visto una mejora tangible en los últimos diez años.
- Unidad de Investigación Nación media
“Hoy se abre un camino hacia la transparencia”, manifestó Leite, al tiempo de señalar que la situación educativa del país sigue siendo alarmante a pesar de las multimillonarias inversiones. “Este es un curro de $800 millones al año, según la DNIT. El próximo gran curro es a dónde se fueron a parar los $775 millones que el Fondo para la Excelencia en la Educación y la Investigación invirtió en nuestra educación, que no mejora en los últimos 10 años”, expresó. Además, el senador no descartó la posibilidad de que varias instituciones y actores hayan intervenido en la distribución de esos recursos.
¿Qué es el FEEI y cuál ha sido su impacto?
El Fondo para la Excelencia en la Educación y la Investigación (FEEI) fue creado en 2012 con el propósito de financiar proyectos de gran impacto en la educación y la investigación científica en Paraguay. Los recursos provienen del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), que a su vez se nutre de los ingresos generados por la explotación de la represa hidroeléctrica binacional Itaipú. Desde su creación, el FEEI ha aprobado proyectos relacionados con la mejora de la infraestructura educativa, la formación docente, el acceso a tecnología y el desarrollo de programas para garantizar la inclusión educativa.
Sin embargo, el uso de estos recursos ha estado rodeado de críticas. Según informes recientes, Paraguay sigue enfrentando serios problemas educativos. Más del 65% de los estudiantes no alcanza el nivel básico de comprensión lectora, y en matemáticas, los resultados son aún más alarmantes: solo el 13% supera los niveles mínimos establecidos por las evaluaciones internacionales como PISA. Además, los docentes enfrentan graves dificultades en su formación y actualización, mientras que la infraestructura escolar, especialmente en zonas rurales, está en condiciones deplorables.
Educación en crisis
A pesar de los millonarios desembolsos, la situación de la educación en Paraguay es paupérrima. Según datos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), más del 30% de las escuelas públicas tienen infraestructura precaria, y un 20% no cuenta con acceso a agua potable o baños en condiciones adecuadas. Además, el abandono escolar sigue siendo un desafío: alrededor del 10% de los estudiantes no culminan la educación primaria, y la cifra aumenta significativamente en el nivel secundario.
Otro punto crítico es la falta de formación y capacitación docente. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reveló que solo un porcentaje limitado de los maestros cuenta con habilidades para aplicar métodos pedagógicos innovadores, lo que repercute directamente en la calidad del aprendizaje de los estudiantes.
El desafío de la transparencia
El anuncio de Gustavo Leite llega en un momento clave, en el que la ciudadanía exige mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos. La reciente promulgación de la ley que obliga a las ONG a rendir cuentas sobre los fondos que reciben sienta un precedente para extender estas medidas a otras áreas, como el manejo del Fonacide y el FEEI.
El FEEI ha financiado proyectos como el programa de primera infancia “Abrazo”, que busca apoyar a niños en situación de vulnerabilidad, y la dotación de tecnología para el aprendizaje en las escuelas. Sin embargo, los resultados no han sido consistentes con la magnitud de las inversiones. Una auditoría más exhaustiva de estos recursos podría arrojar luz sobre las posibles irregularidades en la ejecución de los proyectos.
Un tema de interés nacional
La transparencia en la gestión de los recursos del FEEI es, sin lugar a dudas, un tema de interés nacional. Como señaló Leite, el hecho de que la educación no haya mejorado significativamente a pesar de las cuantiosas inversiones obliga a las autoridades a cuestionarse sobre la eficacia y la correcta ejecución de estos recursos.
El desafío no solo radica en determinar si hubo irregularidades en el uso de los fondos, sino también en repensar cómo deben estructurarse los programas de inversión educativa para que realmente beneficien a los estudiantes y mejoren las alarmantes cifras actuales. Por ahora, el camino hacia la transparencia parece abrirse con fuerza, y el escrutinio público será clave para garantizar que los recursos destinados a la educación sean utilizados en beneficio del futuro de Paraguay.
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Ejecutivo reglamentó ley contra incendios
El Poder Ejecutivo emitió el decreto 2868 que reglamenta la Ley de Manejo Integral del Fuego, con la finalidad de optimizar la gestión y mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de su aplicación.
De esta forma se busca asegurar una respuesta integral, eficiente y oportuna hacia la prevención de los incendios forestales. A la vez refiere que el Instituto Forestal Nacional (Infona) será responsable de aprobar y publicar anualmente un calendario de quemas, que incluirá los distritos y requisitos necesarios para otorgar permisos. En caso de condiciones climáticas adversas, podrá suspender temporalmente las actividades de quema.
Asimismo, se establece la creación del Sistema de Monitoreo de Incendios Forestales, dependiente del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF), como un conjunto de herramientas y procesos diseñados con el objetivo de recopilar, sistematizar, analizar y proveer información necesaria para la detección temprana, prevención, monitoreo y mejora en la capacidad de respuestas ante los incendios forestales.
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Diputados de Honor Colorado iniciarán este lunes el análisis de ley del servicio civil
La Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de ley de la función pública y la carrera del servicio civil y fue remitida a la Cámara Baja. El diputado José Rodríguez, integrante de la bancada de Honor Colorado, indicó que este lunes 18 iniciarán el estudio detallado de las modificaciones realizadas.
“El proyecto tiene casi 150 artículos y vamos a estudiar cada uno de los artículos en bancada para ver en qué podemos colaborar. Normalmente nosotros respetamos las decisiones del Poder Ejecutivo, pero vamos a analizar qué modificaciones hizo el Senado. Vamos a trabajar también con el doctor Carlos Fernández Valdovinos, ministro de Economía, para que este proyecto salga de la mejor manera posible”, expresó el legislador.
En conversación con La Nación/Nación Media, recalcó que se realizará un estudio pormenorizado del proyecto, sin embargo, para la sesión ordinaria del martes 19 ya figuran como parte del orden del día otros proyectos de gran relevancia como la unificación de Catastro y Registros Públicos a través de la creación del Registro Unificado Nacional (RUN).
“Debemos leer detalladamente para no cometer ningún error”, manifestó en cuanto al proyecto de ley de servicio civil. “En cuanto al RUN, estoy totalmente de acuerdo en que el Catastro Nacional se fusione porque tenemos muchas dificultades actualmente en esta y las otras instituciones, no hay mucha celeridad en los documentos”, expuso.
Asimismo, mencionó que el propio ministro de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, aseguró que los expedientes, sin inconvenientes judiciales, podrán ser expedidos en menos de 45 días, lo cual sería muy favorable para el sistema. “Es momento de que los trámites se den con mayor celeridad”, remarcó.
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