El diputado colorado por el departamento de Itapúa Walter Harms presentó un proyecto de ley que plantea indemnizar a los soldados, víctimas directas y familiares de los fallecidos durante el golpe de Estado del 2 y 3 de febrero de 1989.
Se trata del proyecto de ley “Que establece un régimen de indemnización de los conscriptos que prestaron el servicio militar obligatorio, víctimas y afectados directos del golpe de Estado del 2 y 3 de febrero de 1989. Regimiento Escolta Presidencial y Palacio de Gobierno”.
La propuesta, que establece que los familiares de soldados fallecidos tienen derecho a reclamar el equivalente a 3.000 jornales mínimos diarios, mientras que los soldados no fallecidos la suma de 2.500 jornales, argumenta que las indemnizaciones deben ser montos definitivos, sin posibilidad de determinar máximos ni mínimos, porque no existe manera de saber, a ciencia cierta, los daños sicológicos que pudieran haber sufrido cada uno de los soldados.
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Deber del Estado
“Consideramos que el Estado paraguayo tiene el deber de asistencia a una indemnización justa y adecuada a las víctimas y afectados directos del golpe de Estado del 2 y 3 de febrero de 1989. Su desconocimiento se constituiría en una grave violación de los derechos de las víctimas, por quedar éstas, prácticamente, en un estado de abandono”, sostiene parte de la exposición de motivos del proyecto.
Señala, además, que la participación de los soldados en la gesta fue trascendental para el país y que resarcir, de alguna forma, los daños que se pudieron haber creado en la psiquis y en la personalidad de los soldados, será de estricta justicia. “Lo único cierto e indubitable es que los soldados conscriptos en proceso de formación, estando ellos sometidos al régimen militar obligatorio, bajo imperio de la ley, participaron en el golpe de Estado y esto trajo, varias consecuencias también indubitables”, añade el documento.
El proyecto de ley será remitido a las comisiones de Legislación y Codificación; Derechos Humanos; Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno; y a la Comisión de Presupuesto para su estudio y posterior dictamen, según informó la Cámara de Diputados.