La Cámara de Senadores postergó por tercera vez el proyecto de ley “Que regula el régimen de exportación de turismo comercial”. El aplazamiento se da por el plazo de 30 días a pedido del senador Juan Darío Monges, presidente de la Comisión de Hacienda de la instancia legislativa.
“Se ha decidido en comisión sine die; sin embargo, hemos recibido informaciones tanto del Ministerio de Hacienda, la Subsecretaría de Tributación y también de proyectistas y afectados por el comercio de frontera, hago la moción concreta de la postergación por 30 días”, refirió el parlamentario ante el pleno del Senado al solicitar la postergación de esta iniciativa.
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Monges adelantó el martes pasado que la comisión decidió el aplazamiento sine die (sin fecha) de esta normativa; sin embargo, al recibir informes de las instituciones del Estado y los sectores afectados decidieron postergar por un mes.
Mientras tanto, mencionó que su postura personal es la de rechazar el proyecto, ya que las condiciones no están dadas. “En estas condiciones, personalmente, amerita el rechazo a través del informe que hemos recibido del Ministerio de Hacienda”, dijo el senador en su momento. Sin embargo, tratarán de llegar a un acuerdo con todos los sectores, entre comerciantes y empresarios afectados con la iniciativa y los entes del Estado.
El proyecto de ley que regula el régimen de reexportación del turismo comercial que contravendría, incluso, a normativas vigentes en el Mercado Común del Sur (Mercosur), cuenta con un importante rechazo de los sectores comerciales y empresariales, por lo que en reiteradas ocasiones se dio el aplazamiento del tratamiento de la misma en la Cámara de Senadores.
El primer aplazamiento se dio el pasado 17 de marzo, solicitado por el senador Abel González, quien argumentó que se requiere conversar con todos los sectores para llegar a un acuerdo y consensuar el proyecto; posteriormente, en la sesión del 31 de marzo, donde debía ser tratado el proyecto, nuevamente la senadora Georgia Arrúa volvió a solicitar la postergación, quien argumentó que se debía conversar previamente con otras instituciones como la Cancillería, Aduanas y Tributación.
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