El presidente del Congreso, Óscar “Cachito” Salomón, opinó este jueves que el proyecto de ley anunciado hoy por el Poder Ejecutivo que busca frenar iniciativas para aprobar aumentos salariales, gastos corrientes y eliminación de impuestos en años preelectorales podría cercenar los derechos de los legisladores.

El titular de la Cámara Alta opinó de ese modo en alusión a propuesta anunciada en una conferencia de prensa por el propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez. No obstante, reconoció que no cuenta aún con la copia del proyecto y que analizarán cuando llegue el momento la postura que adoptarán sobre el mismo.

“Hasta ahora no tenemos nosotros, no llegó todavía a mesa de entrada, tenemos noticia de eso, pero yo creo que eso es cercenar los derechos de cualquier legislador. Nosotros tenemos el derecho en cualquier momento de presentar cualquier tipo de leyes”, aseveró Salomón en declaraciones a periodistas al término de la sesión ordinaria del Senado. “Vamos a tratar de escuchar las argumentaciones en todo caso y vamos a ver qué decisión tomar. Desconozco los motivos por los que el Ejecutivo presenta este proyecto”, añadió.

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De aplicación para los tres poderes del Estado

La finalidad del proyecto de ley es mantener la estabilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas durante los periodos electorales y se aplicaría a los tres poderes del Estado, los organismos y entidades del Estado (OEE) y las sociedades anónimas con participación accionaria mayoritaria del Estado.

En ese sentido, quedarán suspendidos para su tratamiento legislativo y postergado hasta que culmine la época electoral respectiva los proyectos de ley que impliquen aumentos salariales o incrementos de remuneraciones complementarias, propuestas sobre el incremento de gastos corrientes o de capital, sin sustento técnico, los proyectos que afecten al sistema tributario.

El proyecto de ley sostiene que los periodos electorales estarán comprendidos entre el ejercicio fiscal anterior al año en que se realicen las elecciones nacionales y el primer trimestre del ejercicio fiscal en el que se efectúen. Dispone, además, que el incumplimiento de la normativa por parte de los funcionarios responsables será considerado como transgresión a sus deberes y funciones, y se aplicarán las sanciones correspondientes dispuestas en la legislación.

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