El Poder Ejecutivo promulgó la ley que establece medidas de protección a los niños y adolescentes ante las influencias de las máquinas tragamonedas. La normativa había sido sancionada el 31 de marzo pasado con su aprobación en el Senado.
Se trata de la “Ley N° 6903 Que se establece medidas de protección a los menores de edad ante las influencias de las máquinas tragamonedas”, fechada el 20 de abril del año en curso y publicada a través de la Gaceta Oficial de la República del Paraguay.
El proyecto de ley inicial ya había sido presentado en el 2019, pero recién cobró notoriedad y relevancia luego de que el programa “Tierra de nadie”, emitido por el canal GEN, del grupo Nación Media, divulgara una investigación sobre las ganancias millonarias que genera este negocio, que se mueve en negro y sobre lo expuestos que están los chicos a estas máquinas que están ubicadas en las veredas de todo tipo de negocios.
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En ese sentido, la nueva ley establece la regulación de los mecanismos de habilitación y explotación para el uso de los juegos electrónicos de azar. Además, dispone que la autoridad de aplicación para esos mecanismos serán las municipalidades, en coordinación con la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar).
Su objetivo principal es prohibir la instalación de las máquinas de juegos electrónicos de azar en lugares públicos, con presencia de niños y adolescentes, tales como despensas, peluquerías, farmacias, bodegas, entre otros tipos de locales.
Antecedentes
A finales de marzo pasado, el Senado aprobó y aceptó las modificaciones que habían sido introducidas en ese proyecto por la Cámara de Diputados. De hecho, la misma tuvo su origen en la Cámara Alta, donde recibió la media sanción en julio del 2021.
No obstante, el proyecto, que fue planteado por los senadores Silvio Ovelar, Fernando Lugo, Blas Llano, Patrick Kemper, Fidel Zavala y Gilberto Apuril, fue aprobado posteriormente por los diputados con modificaciones de forma en dos de sus artículos, por lo que debió ser remitido nuevamente al Senado. Finalmente, el 31 de marzo fue sancionado y remitido posteriormente al Poder Ejecutivo.
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