El Poder Ejecutivo nombró como consejero de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben) a Matías Godoy González, quien semanas atrás reemplazó a Dionisio Amarilla como tesorero del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) luego de que este último haya sido destituido mediante una maniobra del efrainismo. González, según el decreto presidencial, pasa a cumplir funciones como titular del Consejo de Administración de la Diben.

Imagen del decreto del Ejecutivo que nombra a Matías Godoy González como miembro del Consejo de Administración de la Diben. Foto: Gentileza.

Aparentemente, esta maniobra obedece a cuestiones políticas cuyo “operador” sería el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, y el presidente del PLRA, Efraín Alegre, quienes lograron sacar a Dionisio Amarilla como tesorero para enfriar la auditoría a la gestión de Alegre como titular de los azules, nombrar a alguien afín al efrainismo en ese cargo y blindarlo con otro en una institución pública; en este caso, la Diben. La operación sería parte de una componenda entre Alegre, Velázquez y el Ejecutivo que además buscan impedir la participación de Juan Bartolomé Ramírez y poner a un efrainista en el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

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Matías Godoy González, militante del efrainismo, durante la campaña electoral para el 2018. Foto: Facebook, Matías Godoy

Lo que también llama la atención es el nombramiento de un operador político como miembro de un consejo de administración en una institución tan sensible como la Diben, hecho que da para pensar que sería una estrategia política para que esta institución pública, comandada por Carmen Alonso, precandidata al Senado por el movimiento de Velázquez, Fuerza Republicana, sirva de “pista de aterrizaje” y “premiar” a simpatizantes.

La salida más propicia para evitar estas maniobras sería revisar la Ley Nº 2.199 que dispone la reorganización de los encargados de la dirección de empresas y entidades del Estado en vista a que la Diben es administrada por un consejo de administración integrado por 5 miembros, representantes de Partidos Políticos y de la Conferencia Episcopal Paraguaya, surgidos de una terna, de la cual el Poder Ejecutivo nombra por decreto a cada uno de ellos.

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