El apoderado del Partido Colorado, específicamente del movimiento Honor Colorado, Eduardo González, explicó que el comunicado emitido por el sector político es para ratificar que los derechos y garantías ciudadanas están consagrados en el Estado de derecho y son logros de la ciudadanía que están contemplados en la Constitución Nacional, y eso es indiscutible.
En comunicación con La Nación/Nación Media, González señaló que así como están consagrados los derechos en la Carta Magna, existen instituciones que son pautas de comportamiento a las cuales todos los ciudadanos recurren y avalan como forma de mantener la convivencia entre todos.
En este marco, sostuvo que ahora surgió un conflicto entre dos derechos constitucionales que está causando una disputa. Por un lado, el derecho a la manifestación ciudadana y, por otro lado, el derecho de libre tránsito de las personas, productos y bienes.
“Ese derecho a manifestarse, que está contemplado en la Constitución, dice que debe ser de manera pacífica, sin violencia, sin armas y por un motivo legítimo. Además expresa que la ley va a reglamentar sin que afecte el derecho de terceros. Pero así como tenemos una norma que regula esa garantía constitucional, también tenemos la garantía constitucional de libre tránsito, que tenemos todas las personas”, expresó.
Asimismo, mencionó que en los últimos tiempos se pudo observar que ese derecho de manifestación, que era una forma de demostrar que en el país era democrático y no existe dictadura, esta situación se fue distorsionando por la falta de institucionalidad porque no brindaba soluciones definitivas.
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“Hemos visto que con el correr del tiempo esas situaciones generadas han venido en decadencia o deterioro, porque detrás de los sectores que salían a reclamar, había grupos que buscaban otro tipo de actividades no lícitas. Como se vio hace unos días, que un grupo de personas intentaba extorsionar al Gobierno para no cerrar las rutas. Ante un Gobierno como este que no tiene ni norte ni rumbo, con más razón esto se fue acrecentando, llevándonos a una sociedad de anarquía”, expresó.
Al respecto, señaló que la falta de institucionalidad hizo que no exista respuesta para esos abusos, como la violencia con la que actuaban algunos manifestantes contra las personas que intentaban llegar a su destino. Asimismo, el abogado dijo que viendo que algunos sectores mal utilizaron el derecho a la manifestación para alcanzar supuestas reivindicaciones, pero en el proceso cometieron hechos punibles, eso fue lo grave.
“Entonces, alguien tiene que dar una solución y esa solución es una ley porque la ley es lo que se dicta dentro de un Estado de derecho para dar solución a los conflictos que se van generando”, acotó.
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Respecto a la ley del marchódromo, que ya establecía los horarios y forma de marchar, carecía de sanciones en caso de transgresión. “Cuando tenés una ley que no tiene sanción, es una ley que va a ser violada constantemente. Esa ley establecía reglamentaciones, pero al final yo no recuerdo a nadie que haya sido sancionado por violar la ley del marchódromo, y si bien reglamenta cómo se deben hacer las marchas, nunca fue respetada”, indicó.
Por otra parte, comentó otro aspecto de la falta de institucionalidad apuntando que la Policía Nacional muchas veces no puede dar una solución al cierre de rutas, ya que no puede reaccionar.
“En cada cierre de ruta vemos un número de policías que están apostados, pero no pueden hacer nada, porque ese comisario que está en ese lugar dirigiendo un grupo de efectivos sabe que si reacciona o reprime a los manifestantes para dejar el libre tránsito de las personas, al momento de que vaya su pedido de ascenso al Senado eso podría ser un factor para no tener el ascenso. Porque hay grupos políticos que están vinculados a los sectores que buscan reivindicaciones utilizando, entonces, no le otorgarán el ascenso por haber reprimido a los manifestantes”, explicó.
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