La propuesta que pretende modificar el Código Penal para tipificar y sancionar con penas superiores a los 5 años a quienes cierran las rutas sigue ganando respaldo por parte de los legisladores de ambas cámaras del Congreso Nacional. Al respecto, el diputado colorado Derlis Maidana expresó su apoyo al proyecto de ley, considerando que es factible teniendo en cuenta la coyuntura actual.
En ese sentido, el colorado puntualizó que “la iniciativa es totalmente factible ante esta coyuntura en la que un derecho constitucional se encuentra en juego como es el libre tránsito, entonces el derecho a la manifestación habla de dos requisitos, que sea pública y pacífica, pero desde el momento en que se lesiona el derecho de otro a transitar ya no es pacífica”.
La propuesta surge tras la detención de un grupo de camioneros, quienes supuestamente exigieron al ministro del Interior, Federico González, la suma de US$ 50 mil para evitar el cierre de rutas ante la suba de precios de los combustibles.
“Me parece que desde el Congreso debemos dar señales claras y hacer lo que esté a nuestro alcance para que la gobernabilidad y el gobierno republicano, basado en el cumplimiento de las normas, sean fortalecidos. Debemos en esta coyuntura defender y resguardar el Estado de derecho y una ley que asegure aún más al ciudadano el libre tránsito; resguardar un derecho constitucional que no puede ser violado bajo ningún sentido”, sostuvo el parlamentario en comunicación con el diario La Nación-Nación Media.
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Antecedentes
El senador Enrique Riera adelantó que pedirá que el proyecto que eleva la pena privativa de libertad a quienes cierren rutas sea tratado en la próxima sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, que será el jueves 21 de abril. Se trata del proyecto de ley que modifica el artículo 216 de la Ley Nº 1.160/1997 del Código Penal, presentado en el Senado con el respaldo de Enrique Bacchetta, Antonio Barrios, Georgia Arrúa, Fernando Silva Facetti, Patrick Kemper y Stephan Rasmussen.
Tras la presentación de esta iniciativa, el senador Riera explicó que el objetivo es establecer una pena para los casos de cierres de rutas, ya que el mismo no se contempla en el Código Penal Paraguayo actualmente, aunque se establezcan límites en la propia Constitución y en la ley del marchódromo que se encuentra vigente.