Un grupo de diputados presentó un proyecto de ley que plantea establecer una nueva tarifa social del costo de la energía eléctrica suministrada por la Administración Nacional de Electricidad (Ande). La iniciativa prevé beneficiar con precios diferenciados a usuarios que acrediten condiciones socioeconómicas vulnerables y muy vulnerables.

La propuesta también plantea la asistencia a programas de protección social para núcleos familiares en situación de pobreza y programas de promoción social destinadas a aquellas familias donde el uso de la energía eléctrica redunda en oportunidades para la generación de recursos económicos.

Entre los posibles sectores a ser beneficiados se destacan los excombatientes de la Guerra del Chaco y los beneficiarios de la ley que establece la pensión alimentaria para adultos mayores, personas con discapacidad severa certificadas por los organismos correspondientes, así como, a través de una “tarifa social comunitaria”, comunidades indígenas y otras que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

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Además, podrían ser beneficiados los mercados municipales o microempresas comunitarias, a propuesta de las gobernaciones, municipalidades o de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, que serán los benefactores de estas comunidades.

La propuesta fue presentada por los diputados colorados Pedro Alliana, Basilio Núñez, Raúl Latorre, David Rivas, Justo Zacarías Irún, Miguel Tadeo Rojas, Nazario Rojas, Cristina Villalba, Rocío Abed y el liberal Edgar Ortiz.

Rebaja y condonaciones

El proyecto plantea, por otro lado, una rebaja del 50% para las juntas de saneamiento reconocidas por el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa), como así también la condonación de sus respectivas deudas por única vez. Entretanto, propone que los leprocomios, guarderías y asilos de ancianos administrados por organizaciones sin fines de lucro tengan un subsidio de hasta el 90% de su consumo.

El Ministerio de Desarrollo Social, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, gobiernos departamentales y los gobiernos municipales, serán los encargados de definir los beneficiarios de esa tarifa social, mediante la emisión de un certificado de la condición de vulnerabilidad, basado en criterios técnicos a ser establecidos en una reglamentación a cargo de esos dos ministerios, según informó la Cámara de Diputados.

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