El líder de la bancada del movimiento Honor Colorado en la Cámara de Diputados, Basilio “Bachi” Núñez, oficializó este lunes la presentación del proyecto de ley que busca la supresión de los vales o cupos de combustible que son destinados a los ordenadores de gastos, diputados, senadores, gobernadores, representantes del Ejecutivo, entre otros.
“Hoy dimos entrada al proyecto de ley para racionalizar el gasto público referido al uso de combustibles en la Cámara de Diputados, el Gobierno central y las entidades con participación mayoritaria del Estado”, confirmó Núñez en declaraciones reproducidas por la Cámara Baja.
Se trata de la presentación del proyecto de ley “Que modifica el artículo 233 de la Ley N° 6873/2022, Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2022″.
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Esa iniciativa plantea la prohibición a los ordenadores de gastos de los organismos y entidades del Estado, así como a las sociedades anónimas con participación accionaria mayoritaria del mismo, la asignación, descuento, exoneración y entrega de combustible, o cupos de combustible, a las máximas autoridades y a los miembros de los órganos colegiados en todas sus modalidades y cualquiera sea su denominación.
Entre tanto, contempla la provisión de combustible a los funcionarios para el desplazamiento derivado exclusivamente de su función; y el establecimiento de los montos de recursos asignados en concepto de cupos de combustibles, cualquiera sea su denominación, en su totalidad, a los consejos regionales y locales de salud, para uso en ambulancias, y a los cuerpos de bomberos voluntarios para los vehículos hidrantes, según detalló la fuente.
Celeridad para su estudio
El propio presidente de la Cámara de Diputados y del Partido Colorado, Pedro Alliana, manifestó este lunes en declaraciones a La Nación, del grupo Nación Media, que desde la bancada del movimiento Honor Colorado agilizarán en el transcurso de esta semana el tratamiento de esa propuesta.
Con esa iniciativa, se estima un ahorro de 46 millones de dólares; es decir, 324.000 millones de guaraníes anuales. De sancionarse en el Congreso Nacional y de promulgarse en el Poder Ejecutivo, los recursos quedarán a cargo del Ministerio de Hacienda, que tendrá la posibilidad de redireccionar los recursos para otros gastos.