El abogado Eduardo González manifestó su postura sobre el proyecto que el senador Enrique Riera pretende plantear el próximo lunes para imponer penas carcelarias a aquellas personas que realicen cierres de rutas en el país. En este sentido, el letrado emitió su opinión de manera personal para La Nación/Nación Media y sostuvo que se trata de una propuesta interesante para poner reglas claras sobre esta problemática.
“Me parece una propuesta interesante porque acá hay una cuestión que tiene que ver con la institucionalidad de un país, la institucionalidad son reglas de conducta que forjan, limitan y canalizan las conductas de los seres humanos, y cuando eso se distorsiona dejamos de tener institucionalidad y empezamos a tener los conflictos porque se violan los derechos de las personas”, mencionó el abogado.
González indicó, además, que actualmente se encuentra en vigencia la ley del marchódromo; sin embargo, la misma no establece sanciones para los que se extralimiten en las marchas y manifestaciones afectando los derechos de terceros, como el cierre del tránsito y libre circulación de los ciudadanos.
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“Si bien es cierto que existe la ley del marchódromo, la ley no tiene una sanción, lo cual implica que constantemente es violada, creo que anteriormente era mucho más respetada la ley del marchódromo y hoy uno hace lo que quiere, cuando quiere y donde quiere, cierran la ruta, ponen sus locales, empiezan a vender en las calles sin ninguna patente, sin control sanitario y son cosas que realmente afectan”, explicó el profesional.
En este contexto, sostuvo que se deben ir limitando estas situaciones que también traen conflicto para el resto de la ciudadanía. “Hay que ir limitando, creo que es una interesante propuesta debido a que así como cuando vi que hubo una respuesta legislativa por el aumento de los secuestros, la respuesta fue el aumento de las penas, cuestionable para mí, pero es otra discusión. Pero siempre ante una discusión que crea conflicto para la ciudadanía, entonces el órgano legal es el Legislativo, que tiene que dar una respuesta”, expresó.
Citó además lo ocurrido en esta última semana, con varios líderes camioneros que fueron detenidos por el Ministerio Público por extorsión al Gobierno como un claro ejemplo de que se manejan este tipo de situaciones en algunos casos. “Vemos inclusive que los cierres de rutas estaban vinculados a casos de extorsión por parte de gente que cerraba las rutas pidiendo al Gobierno que pague para evitar los cierres de rutas. Si bien es cierto que existe un derecho constitucional al reclamo ciudadano, deben ser marcados dentro de una regla también”, expresó.
Así también, mencionó los últimos episodios que se registraron en el país, como el caso de Caaguazú, donde un grupo de manifestantes camioneros atacaron una comisaría durante las movilizaciones. “Los ejemplos que vemos en Argentina, Venezuela, Bolivia, eso no tiene por qué repetirse acá y nosotros podemos buscar una salida legal a ello y criminalizar ese hecho cuando realmente se puede considerar como hecho punible bajo ciertas reglas de conducta, varias reglas objetivas del tipo penal me parece correcto”, refirió.
Por último, celebró la reacción desde el Legislativo para tratar de encontrar soluciones a estos conflictos, citando también el proyecto que surgió en el Parlamento que criminaliza la invasión de la propiedad privada. “Así también como vimos que salió la ley que penaliza la invasión de inmuebles ajenos, que hemos visto que han mermado la misma, entonces me parece correcto que haya reglas de juego y que la gente sepa que hay reglas de juego, y cuando se sobrepasan esas reglas de juego, democráticamente por el órgano constitucional que tiene que hacerlo, entonces nadie se puede quejar”, puntualizó.