Los gremios de la producción emitieron un comunicado celebrando el procedimiento del Ministerio del Interior, Policía Nacional y el Ministerio Público. El operativo encubierto les permite tener confianza en las autoridades para el cumplimiento de las leyes ante situaciones en que son letra muerta por indolencia de las autoridades.

Reconocen que la coyuntura económica internacional obliga a todos a construir un consenso en base al diálogo, bajo la tolerancia y el respeto a las leyes sin causar daños severos. “Abogamos por el fortalecimiento real de nuestras instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de las leyes y que su buen desempeño sea el timón de la construcción de un nuevo Paraguay”, añaden.

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Los gremios, encabezados por la Unión de Gremios de la Producción, la Asociación Rural del Paraguay, la Unión Industrial Paraguaya, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios del Paraguay, Feprinco y la Fecoprod, sientan postura por el hecho de que no se puede reclamar derechos, violando los de los demás. Lamentan que se haya demostrado lo que se temía, que los extorsionadores deshonran la labor de los verdaderos líderes gremiales, elegidos para defender los intereses de sus sectores.

“El trabajo conjunto despertó una investigación sobre un grupo de supuestos voceros de camioneros que, prevalecidos de su condición, buscarían sacar rédito personal e ilegitimo, en medio de la crisis causada por el aumento del precio del combustible”, expresa la nota publicada.

Recuerdan que las actitudes de los camioneros en los últimos meses se ciernen a esta circunstancia, donde invocan la representación de un sector, para obtener las ventajas y beneficios personales, que son validados bajo el chantaje y manipulación ante instituciones débiles.

“El derecho a la manifestación está protegido por la Constitución, siempre que no sea en el marco de la violencia y en detrimento del derecho de terceros. Así también, la libertad de asociación y organización para la organización para la defensa de los derechos de un sector, pero repudiamos el actuar de aquellos dirigentes deshonestos que ensucian y degradan el trabajo desinteresado de los gremios representativos de los distintos sectores del país”, subraya el comunicado.

Pidieron US$ 50 mil para no cerrar rutas

Con la denuncia hecha por el propio ministro del Interior, Federico González, al Ministerio Público por supuesto pedido de US$ 50 mil de parte de piqueteros a cambio de levantar cierre de rutas en el país, salieron cinco implicados en el caso; dos de ellos tenían nexos con el precandidato presidencial de Fuerza Republicana, el vicepresidente Hugo Velázquez, con quien tuvieron encuentros políticos partidarios.

La Policía Nacional y la Fiscalía lograron la captura de los cinco implicados: Ángel Zaracho, Roberto Almirón, Juan Friedelin, Julio César Solaeche y Vicente Medina.

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