La denuncia de extorsión de cinco camioneros al Ministerio del Interior, Federico González, para evitar el cierre de rutas evidenció el sistema que instalan desde el gremio. Para el titular de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Pedro Galli, es una muestra de la rosca mafiosa que activa bajo presión, escudándose en estos grupos gremiales.
Las acciones encaminadas por el Ministerio Público terminaron en la apertura de un caso de investigación, ya que Ángel Zaracho, Roberto Almirón, Vicente Medina, Julio César Solaeche y Juan Friedelin supuestamente pretendían alzarse con US$ 50 mil a cambio de no cerrar las rutas.
“Nos sentimos satisfechos de que se pueda desenmascarar a esta rosca mafiosa, empotrados en estos grupos gremiales, que están siempre con medidas de fuerza y a través de eso buscan tener beneficios personales, es lo más bajo y grosero que se puede hacer a la ciudadanía”, recriminó Galli en contacto con La Nación/Nación Media.
El grupo de camioneros siempre se encargó de liderar y encabezar las movilizaciones y paros en las rutas, que afectaron el sistema de distribución de productos y generaron el reclamo del sector empresarial, que siempre se vio extorsionado por este gremio, al igual que el Gobierno, precisó.
El empresario lamenta que se llegue a pedir dinero para levantar una medida y asegura que el hecho “raya la delincuencia común, es un tipo de delincuencia y tenemos que distinguir los reclamos legítimos de los que son meras acciones extorsivas con fines personales”.
Perdida de legitimidad
Haciendo referencia a las consecuencias que acarrearon estas conductas políticas y sectarias que asumieron, dijo que el daño que causaron en este tiempo fue mucho. No obstante, a partir de ahora, pierden legitimidad ante cualquier tipo de reclamo.
Finalmente, desde la ARP celebran las acciones encaminadas por las autoridades, “estamos satisfechos por el accionar del Ministerio Público y del Ministerio del Interior para denunciar este tipo de hechos y desenmascarar a estos delincuentes”.