Camioneros de la ciudad de Tobatí repudiaron los hechos de corrupción que salpican al líder de la Federación de Camioneros del Paraguay, Ángel Zaracho. Según dicen, desde la federación siempre buscaban llegar a un acuerdo con el Gobierno solo para su sector y en beneficio propio.
Refieren que ante esta nueva situación, adherentes de Zaracho solo buscaban arreglar el precio de los fletes, mientras que la posición original era bajar el precio del combustible para trabajadores y la ciudadanía en general. Según el sindicato de deliverys, el repudio contra la suba del precio de los combustibles es generalizado y es de carácter urgente proponer una solución al problema.
Por otro lado, afirmó que junto a los camioneros, conductores de plataformas digitales, taxistas y deliverys prevén una movilización masiva repudiando la inestabilidad y hechos de corrupción que se destaparon en las últimas horas.
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Según argumentaron, entre los sectores acordaron no cerrar rutas y avenidas durante la Semana Santa en vista a que se debe garantizar el libre tránsito y pensando también en muchos compatriotas, trabajadores y emprendedores que se prepararon para obtener ingresos después de dos años muy duros en pandemia con nula actividad comercial.
Sin embargo, anunciaron que una vez restablecida la semana después de estos días santos planean movilizaciones, manifestaciones y medidas de fuerza en repudio a los hechos de corrupción y las situaciones que se generan por la suba de precio de los combustibles.
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Contraloría presenta propuestas al Ejecutivo para la “Estrategia Nacional Anticorrupción”
El presidente de la República, Santiago Peña, recibió al contralor general de la República, Camilo Benítez, quien le presentó las propuestas que conformarán la Estrategia Nacional Anticorrupción, un documento que contiene 44 puntos y que es considerado como clave para fortalecer las instituciones del Estado y para consolidar “la cultura de la integridad” dentro del sector público.
Entre las propuestas discutidas se destaca la creación de códigos de ética con normas unificadas y mensajes consistentes sobre el comportamiento esperado de los servidores públicos. El objetivo es fomentar una cultura de integridad compartida en todos los niveles del Estado. Asimismo, se plantea incorporar de manera obligatoria contenidos sobre ética, integridad y normativa anticorrupción en los programas de inducción para nuevos funcionarios, reforzando desde el inicio su compromiso con los valores institucionales.
En esa misma línea, se propone endurecer las sanciones administrativas frente a las transgresiones éticas, asegurando la ejecución eficaz de los procedimientos internos y el registro sistemático de las sanciones aplicadas. Otra medida relevante es la creación de un marco regulatorio para el cabildeo, con criterios definidos y transparentes que prevengan influencias indebidas y contribuyan a fortalecer la confianza ciudadana.
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La protección de quienes denuncian actos de corrupción constituye también un eje fundamental. Se busca garantizar un entorno seguro, libre de represalias, que incentive a romper el silencio, respaldado por mecanismos institucionales sólidos. En este contexto, se resalta además el papel clave de las Tecnologías de la Información en la lucha contra la corrupción, a través de plataformas abiertas, colaborativas y accesibles para toda la ciudadanía.
Finalmente, se subraya la importancia de establecer espacios permanentes de participación ciudadana, mediante consultas públicas y audiencias que faciliten un diálogo directo y constructivo entre la población y las autoridades. "La Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción es el resultado de una Cumbre de Poderes realizada el 20 de agosto del 2023 y se trata de una verdadera política de Estado, un documento de 86 páginas con 44 iniciativas concretas, tangibles y medibles para enfrentar la lucha contra la corrupción", resaltan desde Presidencial
El Consejo Nacional Anticorrupción tiene prevista su próxima reunión en los meses de julio o agosto de este año, conforme a lo establecido en la ley N° 7389/24. En esa ocasión, deberán presentar acciones, compromisos o medidas con aplicación a corto o mediano plazo, orientadas a incidir positivamente en los niveles de corrupción del país, dentro del marco de la Estrategia Nacional Anticorrupción.
Este consejo está integrado por el presidente de la República, Santiago Peña; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel Junghanns; el presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez; el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre; el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón y el contralor Camilo Benítez. Fue asignada la secretaría general a la ministra de la Unidad de Gestión de Proyectos de la Presidencia, Marianna Saldívar, quien coordinará junto con los delegados y demás actores involucrados la elaboración y seguimiento de estas propuestas.
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Fiscal verificó pabellón UTI ante supuesta sobrefacturación de Prieto
- Ciudad del Este. Agencia Regional
El fiscal Anticorrupción de Asunción, Silvio Corbeta, estuvo hoy en el Hospital Regional de Ciudad del Este, como parte de las diligencias investigativas sobre un supuesto hecho de sobrefacturación en la construcción del pabellón de contingencia en el año 2020, durante la pandemia del coronavirus. El principal investigado es el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto.
El equipo fiscal y técnico recorrió parte del pabellón que hoy funciona como UITI Infantil, en el predio del Hospital Regional. “Es un acto de investigación, es una verificación de las obras porque hay una denuncia abierta sobre una supuesta sobrefacturación del hospital de contingencia y de las refacciones que se hicieron para este hospital”, dijo el fiscal Corbeta.
“Hemos invitado a todas las partes a que participen y que colaboren, los arquitectos y los técnicos de cada empresa que participó en la construcción y que aporten los datos a la Fiscalía y a los ingenieros del laboratorio forense, que vienen a verificar y que ayuden con la investigación “, indicó también el agente del Ministerio Público.
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Se trata de comprobar las especificaciones técnicas con la presencia de las empresas, es una de las diligencias necesarias en una investigación abierta, donde todavía hay mucho por verificar porque son varias empresas involucradas en la construcción, sobre las cuales debe corroborarse la denuncia.
El fiscal Corbeta informó que llegó a Ciudad del Este, en esta oportunidad, solo para este caso, pero está a cargo de su equipo 29 denuncias contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, de las cuales, dos tienen acusación contra el jefe comunal, en espera de juicio oral. Son 42 denuncias por supuestos hechos de corrupción en contra el administrador municipal de Ciudad del Este.
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San Antonio: reportan más de 700 camioneros bolivianos varados a la espera de combustible
Este miércoles, desde la Policía Nacional informaron que unos 700 camioneros provenientes de Bolivia están varados en zona de San Antonio. Muchos se encuentran dentro de un estacionamiento privado, pero hace unos días los que van llegando estacionan en la calle. A la espera para proveerse de combustible, algunos fueron víctimas de asaltos y otros causan disturbios.
Según el comisario Gustavo Escobar, jefe de la comisaría 63, durante la jornada de hoy llegaron unos 40 vehículos más y el problema principal radica en que ya están estacionados en la vía pública, dificultando el tránsito para los demás choferes. Además, muchos de los conductores ya denunciaron que fueron víctimas de asaltos porque ya llegaron hace 10 a 15 días.
“Son camiones bolivianos que manifiestan que están hace dos semanas, estos están dentro del estacionamiento de Avispón. El problema es que hay unos 40 a 50 que están esperando sobre la avenida Pai Américo, se colocan en una fila. No son los 700 los que están en la calle”, detalló Escobar, en entrevista con el programa “Cuenta Final”, de canal Gen y Universo 970/Nación Media.
Explicó que estos vienen a proveerse de combustible, pero que están teniendo inconvenientes con la empresa. “Los camioneros manifiestan que la empresa no está liberando el combustible. Algunos de los conductores dicen que es por falta de pago y otros que ellos nomás no quieren liberar, porque no quieren trabajar”, expresó.
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Alcohol e inseguridad
El comisario agregó que ellos están tranquilos, pese a que algunos ya fueron víctimas de asaltos y que con el paso de los días seguirán aumentando los camiones que se estacionan en las calles. “El problema es que se reúnen, comienzan a tomar y después ya se quieren pelear entre ellos, creando disturbios, porque son muchos. Por ahora todo está tranquilo, solo que cierran las entradas de vehículos y provoca disconformidad con los vecinos”, puntualizó.
Sin embargo, el problema radica en que el gobierno de Bolivia no está pagando a la empresa proveedora, por lo que no están cargando los camiones que siguen llegando y están con la esperanza de cargar para volver a su país. “Creo que vamos a tener más camiones en la vía pública, porque van llegando de a dos o tres”, señaló.
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Transportistas de combustible varados en Paraguay por la falta de pago de Bolivia
- Fuente: AFP
Más de 600 camiones cisterna bolivianos aguardan desde hace semanas a las afueras de Asunción, en difíciles condiciones de salubridad, para cargar gasolina y gasoil debido a que, según fuentes del sector, su gobierno no paga al proveedor de combustible.
Bolivia atraviesa una crisis económica desde 2023 derivada de la falta de dólares que, entre otras cosas, ha socavado su capacidad para adquirir combustible a los importadores.
“Llegué con la esperanza de cargar y retornar, pero lamentablemente me encontré con montones de colegas en una situación incierta. Nadie sabe cuándo se le va a cargar”, dijo este martes a la AFP el camionero Carlos Herebia, que lleva dos semanas esperando. Otros, denuncian, esperan desde hace 30 o 40 días.
De 37 años, Herebia tenía pensado volver a casa antes de Semana Santa, pero su camión cisterna, al igual que otro más de medio millar, está en un parque cerrado conocido como El Avispón, en la localidad de San Antonio, a las afueras de la capital paraguaya.
Otro centenar de vehículos hace fila en las afueras de este parque, a orillas del río Paraguay, a la intemperie y en malas condiciones de salubridad. Las autoridades de San Antonio instalaron algunos baños portátiles en el lugar, pero son insuficientes.
La semana pasada, el dirigente del sindicato del sector en Bolivia, Domingo Ramos, denunció que cientos de camioneros en Paraguay aguardaban el pago por combustible para reanudar las actividades de carga y transporte.
“Los señores de la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos) e YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) solo están alargando la agonía de este gobierno y todos los transportistas”, acusó Ramos, de acuerdo al medio local Unitel.
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Bolivia compra combustibles de países vecinos a precios internacionales y los vende en su mercado interno a un costo subvencionado. Esta subvención, además de la caída de las exportaciones de su gas natural, resultan en buena parte en la escasez de dólares que padece el país.
Esta incapacidad de pago a los importadores ha causado que, en Bolivia, transportistas y particulares esperen por horas en las estaciones de servicio para cargar combustible.
El año pasado ocho camioneros bolivianos murieron en Paraguay, por distintas causas, en general víctimas de la precariedad de la situación y las altas y altas temperaturas.
“Yo vengo desde hace cinco años a Paraguay y cada vez es peor. Somos más de 600 camiones, la mayoría de 35.000 a 37.000 litros. Los que no están en el parque están afuera. Y siguen viniendo, o sea, de nuestro país los siguen enviando. Ya no tenemos ni donde pararnos”, describió Herebia. Esa es la razón por la que están concentrados en el parque. “Ni siquiera tenemos acceso a agua potable”, protestó.