La diputada Kattya González presentó un proyecto de ley que busca eliminar la asignación de cupos de combustible a ministros del Poder Ejecutivo y legisladores. Así también, se prevén fuertes sanciones para quienes violenten la normativa, en caso de ser promulgada por el presidente de la República.
La legisladora y precandidata presidencial del Partido Encuentro Nacional (PEN) se valió de las redes sociales para poner a conocimiento de la ciudadanía esta iniciativa y a la vez explicar el alcance que tendrá de convertirse en ley. “Presentamos un proyecto de ley que tiene como objetivo derogar y prohibir la asignación de cupos de combustible y tarjetas de este beneficio a todas las autoridades públicas, ministros, diputados, senadores, parlasurianos y altas autoridades”, afirmó.
Argumentó que la medida obedece al momento difícil que afronta al país. “Nosotros debemos dar el ejemplo, estos privilegios no corresponden”, arguyó. En cuanto a la sanción prevista para casos de incumplimiento, se menciona la figura de “lesión de confianza” para el procesamiento y castigo de los infractores.
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“En el caso de que algún ordenador de gastos violente la normativa, el mismo será procesado por lesión de confianza, anulado la asignación del cupo y procederse a la repetición de lo pagado de manera indebida por aquella persona que recibe el beneficio”, aclaró. Dijo que es importante que en estos momentos la clase política tenga empatía con la ciudadanía y “entender que ya no se puede seguir concibiendo un Estado que sustenta a sus autoridades con privilegios indebidos”.
Alto costo para el Estado
Antes de la presentación del proyecto de ley, la congresista ya había socializado información sobre el costo que significa para el Estado la provisión gratuita de combustible a funcionarios de diferentes poderes del Estado. Dijo que el gasto asciende a unos US$ 46 millones y clamó que el dinero sea redireccionado a cubrir otras necesidades más urgentes del país.
“La Presidencia tiene cupo por G. 8.900 millones, (Hugo) Velázquez por G. 260 millones; la Cámara de Diputados, G. 3.960 millones; la Corte Suprema de Justicia por nueve ministros G. 2.000 millones”, había detallado en el pleno en su intervención ante sus colegas.
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