Desde la Coordinadora Colorada de Militares Retirados del Movimiento Honor Colorado, a través de su representante y presidente, el almirante retirado Hugo Scolari, expresan un enérgico repudio a supuestos actos de tortura y otros hechos de violencia denunciados por padres de cadetes de la Academia Militar.
“Son hechos graves que la misma institución formadora de oficiales de las FFAA debe aclarar y los culpables, sea por acción u omisión, deben ser llevados ante la Justicia”, expresa parte del escrito.
“Esto es muy grave, porque el Estatuto del Personal Militar establece que la ética, la conciencia del deber y el honor militar exigen a cada uno de los integrantes de las Fuerzas Armadas una conducta moral y profesional irreprochable, por lo que todo comandante debe resaltar por su rectitud en el servicio, rectitud de procedimiento, honradez profesional, y cumplir a cabalidad, la responsabilidad que le corresponde”, continúa el comunicado.
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Los militares retirados consideran que en este caso los comandantes de todos los niveles de la conducción en la Academia Militar deben ser “celosos custodios” de la formación académica y de la dignidad de los estudiantes cadetes. “Es inadmisible que en pleno siglo 21 estas prácticas aun persistan, ya que va en contra toda norma del respeto de los derechos humanos y de la convivencia de las personas”, reza el escrito.
En ese sentido, califican de acertada la medida del presidente de la República, Mario Abdo, de haber cambiado al comandante de dicha institución. “Estamos confiados de que estos hechos serán aclarados con la máxima prioridad que establecen las leyes correspondientes, no debe haber impunidad ni encubrimiento; sí justicia, en salvaguarda de la imagen y prestigio de una institución militar tan cara a los sentimientos de todos los paraguayos”, finaliza el documento.
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Minga Guazú: militares que custodiaban el penal serán sometidos al polígrafo, según Nicora
- Ciudad del Este. Agencia Regional.
El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, anunció este jueves que los militares que custodiaban el Centro Penitenciario de Minga Guazú serán sometidos a la prueba del polígrafo, como una de las medidas que están siendo implementadas debido a la fuga de ocho personas privadas de libertad, que se registró anoche en el citado recinto.
Durante una conferencia de prensa realizada esta mañana, a las 6:30, el titular del Ministerio de Justicia indicó que estuvo en comunicación con el general Pedro Martínez de las Fuerzas Militares y “se dispuso el uso del polígrafo para los militares encargados de la custodia perimetral del Centro Penitenciario”. Nicora llegó cerca de las 2:00 de este jueves el recinto penal, donde ya lo aguardaba el coronel Rubén Pela, director de Institutos Penales.
Horario irregular
Igualmente, confirmó la existencia de elementos relevantes que comprometen a los agentes penitenciarios ya detenidos como consecuencia de la fuga. “Se pudo determinar que se cuenta con indicios importantes de la complicidad de agentes penitenciarios que facilitaron o son responsables en gran medida de la fuga de las ocho personas privadas de libertad (PPL)”, expresó el ministro de Justicia.
Aclaró que la detención ordenada por el Ministerio Público es de cuatro agentes penitenciarios y de un personal encargado del monitoreo del centro de video-vigilancia del sitio. Otro indicio expuesto por Nicora es el horario de recreo de las personas privadas de libertad.
“El horario en que estas PPL se encontraban en los lugares de soleo, en el momento de la fuga, es irregular; son cubículos individuales donde salen dos horas al día a recrearse y hacer un poco de ejercicio y la hora en que estaban, no está contemplado en el protocolo diario del sistema de seguridad”, explicó el ministro.
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Aclaró que el horario establecido es hasta las 17:00 como máximo y las PPL estaban a las 19:00 en el sitio. La fuga se produjo a las 19:18, según confirmó, al igual que la entrega de la llave por parte de uno de los agentes.
“Se pudo constatar que, uno de los agentes penitenciarios, en el momento de abandonar el lugar que tenía que estar custodiando, junto a los otros agentes penitenciarios, hoy detenidos, entregó algún elemento para que estas personas puedan abrir las rejas”, manifestó, aclarando que pudo ser la llave. Informó que se está analizando los materiales audiovisuales “para para ver quién entregó la llave, hay un trabajo de inteligencia al respecto”.
Detalles de la fuga
El ministro Rodrigo Nicora detalló sobre los pasos realizados por las PPL para fugarse. “A la zona de soleo fueron ingresando los ocho internos, uno de los agentes entrega lo que sería una llave a uno de ellos, posteriormente los agentes, abandonan el lugar, dejan sin custodia. A partir de allí, el primer interno que tiene la llave proceder a abrir estas rejas y permite la salida de las demás PPL”, explicó.
“Luego toman el techo, pasan al primer muro perimetral interno del módulo de régimen cerrado especial (Pabellón de máxima seguridad), después vulneran un cerco de reja perimetral, luego ya suben por la escalera de la garita de control para ganar el muro principal que da a la calle”, concluyó el titular del Ministerio de Justicia.
Rodrigo Nicora mencionó también que el director del Centro Penitenciario, César Careaga, hoy apartado del cargo, argumentó la falta de personal suficiente como la causa por la cual la garita por donde se fugaron las PPL, estaba sin custodia. Sin embargo, el secretario de Estado rechazó lo expuesto por el director ya apartado, señalando que no es ninguna justificación aceptada.
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Medidas adoptadas
- Intervención del Centro de Reinserción Social de Minga Guazú.
- Separación del cargo del director y agentes penitenciarios.
- Prueba del polígrafo a militares que realizaban custodia.
- Auditoria y peritaje del sistema de seguridad del centro penitenciario.
- Remisión de antecedentes al Ministerio Público sobre los funcionarios responsables de la vigilancia.
- Refuerzo, custodia y rastrillaje en la zona del centro penitenciario.
- Coordinación con la Policía Nacional y Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad de todos los centros penitenciarios.
- Detención de cuatro guardias y un personal del centro de monitoreo.
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Olimpia quiere más y apunta a las FF. AA.
Por ahora es solo una manifestación de intención, pero fuera de lo previsto con la construcción del nuevo estadio ODD de Para Uno, Olimpia tiene el deseo de adquirir el predio de las Fuerzas Armadas de la Nación, ubicada en el sector oeste de la sede del club.
En charla con la radio 1080, el presidente de la institución franjeada, Rodrigo “Coto” Nogués, mencionó el primer paso dado ante las instancias pertinentes.
“Hemos enviado una nota consultando la viabilidad de una probable compra, en caso de que hayan herramientas legales que permitan esa compra. Hicimos esta consulta, tanto a las FF. AA como a otros vecinos, porque tenemos que apuntar a 60 o 70 años adelante. Queremos saber la viabilidad”, manifestó el titular olimpista. De todas formas, agregó que para un futuro inmediato el predio en cuestión no es todavía una necesidad, aunque valoró que el mismo sí será de utilidad para la disputa del partido por el Mundial 2030, que se disputará en ese escenario.
“Será importante para instalar otros servicios para ese partido”, añadió. Mencionó también que el referido espacio ni siquiera forma parte del proyecto del nuevo estadio, debido a que el club ya pagó señas para asegurar las compras de otras propiedades colindantes, para facilitar los accesos laterales. Finalmente, Nogués sostuvo que ante una eventual posibilidad de compra, el club revisaría sus cuentas para ver si puede o no pagar por la misma.
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Primera dama repudia acto de violencia contra funcionaria del INTN
La primera dama de la Nación, Leticia Ocampos, se sumó a las voces de repudio y enérgica condena a la agresión sufrida por una funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) en el ejercicio de sus funciones de fiscalización en la ciudad de Santa Rita, departamento de Alto Paraná, por parte de un abogado.
A través de su cuenta en redes sociales, la esposa del jefe de Estado hizo un llamado para denunciar todo acto de violencia hacia la mujer utilizando las vías de comunicación de emergencia del Ministerio de la Mujer, informando a la vez que ya está tomando el caso y asistiendo a la víctima.
“La agresión sufrida por la funcionaria del INTN es un acto de cobardía que repudiamos. El ministerio de la Mujer ya asiste a la víctima, y la Policía Nacional busca al agresor para ponerlo a disposición de la Justicia. No hay excusas para ser indiferentes. Si sabés de casos, llamá al 137″, indicó. Cabe señalar que, en horas de esta tarde, el ministro del Interior Enrique Riera, confirmó que ya fue detenido el agresor.
Control de calidad
En tanto, el INTN expresó igualmente su enérgico repudio ante el acto de violencia ejercido contra una funcionaria de esta institución, agredida por el asesor jurídico de la estación de servicios Nossapar- Distribuidor 3 Fronteras mientras cumplía con sus funciones de control.
El ente resaltó que las tareas de fiscalización en estaciones de servicio es clave para garantizar que el combustible despachado cumpla con las normativas establecidas, protegiendo así los derechos de los consumidores. “A través de estas fiscalizaciones, verificamos que los surtidores midan correctamente y que las condiciones de seguridad sean óptimas”, indicó el instituto.
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Disidentes de las FARC retienen a un grupo de militares y policías en Colombia
Disidentes de las FARC retuvieron a 29 policías y militares en un enclave guerrillero del suroeste de Colombia, donde el gobierno lanzó una ofensiva para detener la violencia del narcotráfico, informaron el viernes las autoridades.
El ministerio de Defensa indicó que “la tentativa de homicidio y el posterior secuestro de 29 miembros de la Fuerza Pública” tuvo lugar en las montañas del departamento del Cauca bajo el control de rebeldes del Estado Mayor Central (EMC), que nunca aceptaron el histórico acuerdo de paz firmado en 2016 con el grueso de la guerrilla marxista.
Según la cartera, “pobladores instrumentalizados” por los guerrilleros participaron en la retención de los uniformados, una represalia contra el gobierno que presiona al EMC tras los frustrados intentos de negociaciones para alcanzar su posible desarme.
Videos publicados por las autoridades muestran una tanqueta que huye en llamas mientras un grupo de personas le tira piedras. En otros, se observa a policías antidisturbios lanzar granadas de humo y avanzar por una calle en medio de disparos.
Los hechos se registraron en los municipios de Argelia y El Tambo, zona donde hay una de las mayores concentraciones de cultivos de coca, según la ONU. Allí el ejército lanzó en octubre de 2024 la incursión militar “Perseo” para retomar el control de la región.
El gobierno asegura que el EMC es responsable de las acciones “ejecutadas con sevicia y vistiéndose de civil para infiltrarse y atentar contra la integridad” de los uniformados.
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Imágenes difundidas en medios locales la tarde del viernes muestran a los uniformados retenidos en un centro comunitario para reuniones, rodeados de pobladores y en aparente buen estado de salud, sentados en sillas plásticas y recibiendo cada uno un plato de comida.
En un comunicado, pobladores del Cañón del Micay rechazaron lo que denuncian como una campaña de “erradicación forzada” de cultivos de coca y una intención del estado de “militarizar el territorio”. Exigen al gobierno del izquierdista Gustavo Petro “entablar el diálogo y la concertación directa con las comunidades”.
“Inmediata liberación”
En un mensaje en la red social X, Petro sostuvo que el EMC actúa con “desespero y por eso utiliza la población civil”. “La manera como el frente (Carlos Patiño) logra movilizar campesinos contra la fuerza pública es mediante el engaño. Les dice que habrá erradicación forzosa de cultivos cuando nosotros hemos planteado el pago por erradicación voluntaria”, agregó Petro más tarde en otra publicación.
El Frente Carlos Patiño, que opera en esta conflictiva zona, es una de las principales estructuras armadas adscritas al EMC y mantiene una fuerte presencia en el Cañón del Micay.
El Ministerio de Defensa aseguró que desde el ingreso de la fuerza pública a la región enfrentan “constantes amenazas” de esta disidencia de las FARC “que busca sembrar miedo, zozobra y frenar la llegada de proyectos sociales”.
“¡Exigimos su inmediata liberación! Rechazamos categóricamente el secuestro de nuestros policías en El Plateado (Cauca), a manos de la organización criminal Carlos Patiño, a la cual hacemos responsable de su integridad”, escribió el viernes también en X el general Carlos Fernando Triana, director de la policía colombiana.
“Crímenes de guerra”
El EMC llevaba a cabo negociaciones de paz con el gobierno de Petro, pero se dividió en 2024 en dos facciones. En esta zona opera la escisión bajo el mando de alias Iván Mordisco, que se apartó de los diálogos y aumentó su presión violenta contra las fuerzas estatales. La otra facción, dirigida por alias Calarcá, mantiene las conversaciones.
“Estos actos constituyen crímenes de guerra que violan el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, al desplazar, confinar, aislar y atemorizar a la población civil”, denunció el ministerio.
La Fiscalía investiga lo ocurrido y “avanza en la identificación” de los responsables de varios “delitos graves, con penas que pueden alcanzar hasta 20 años de prisión”, según el boletín.
El sábado se realizará una reunión en Popayán, capital del Cauca, con miembros del gobierno y la comunidad para evaluar la situación. Los disidentes “no solo reclutan de manera forzada a menores de edad, sino que instrumentalizan y coaccionan a la población civil con el fin de expulsar a la Fuerza Pública y evitar que las instituciones del Estado brinden acceso a salud, educación, trabajo y oportunidades para la transformación del territorio”, añadió el ministerio.
Colombia atraviesa su más grave ola de violencia en la última década, con distintos focos en el noreste y suroeste del país. La escalada pone en jaque la apuesta del gobierno de lograr el desarme de todos los grupos armados para desactivar un conflicto interno de seis décadas.
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