La Cámara de Senadores dio media sanción este martes a un proyecto de ley que plantea la creación de un fondo estabilización que incluye a los emblemas privados expendedores de combustibles. La iniciativa, que busca mitigar la crisis generada ante la constante suba de los carburantes, será remitida ahora a la Cámara de Diputados para su estudio.
Se trata del proyecto de ley “Que crea el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles derivados del petróleo en la República del Paraguay y se establecen medidas transitorias de contingencia para la importación del Diésel/Gasoil Tipo III/Tipo C y la Nafta Virgen”, presentado por los senadores Arnaldo Franco, Javier Zacarías Irún, José Ledesma, Carlos Zena, Rodolfo Friedmann y Ramón Retamozo.
El proyecto aprobado plantea, además, la derogación de la Ley Nº 6900 del 25 de marzo de 2022 pasado, que había sido puesta en vigencia en medio de manifestaciones y cierres de rutas por parte de gremios de camioneros, y pese al rechazo manifiesto de los empresarios del sector de los carburantes. La normativa vigente establece un subsidio por un plazo máximo de 90 días para el gasoil común y la nafta de 93 octanos que vende Petróleos Paraguayos (Petropar), pero no incluye a las gasolineras privadas.
Nota relacionada: Subsidio a combustibles: Conacom aconseja modificaciones o derogación de la ley
Con 28 votos a favor, el Senado dio media sanción a la iniciativa que propone la creación de ese fondo, a través de un préstamo de 100 millones de dólares a ser proveídos por la Corporación Andina de Fomento (CAF). La iniciativa, que apunta a subvencionar el precio de los carburantes de Petropar y de los emblemas privados, será enviado ahora a la Cámara de Diputados para su análisis y consideración.
El presidente de la Comisión de Hacienda, el senador Colorado Juan Darío Monges, tuvo a su cargo la exposición de los motivos y solicitó que el pleno se constituya en comisión para dictaminar el tratamiento del documento, que este martes tuvo su entrada en la Cámara Alta. Así lo hicieron y, posteriormente, se procedió al estudio punto por punto. Finalmente, la propuesta fue aprobada por el pleno.
Beneficiará al consumidor final
“Se habla mucho de subsidio y el subsidiado finalmente es el consumidor final porque es el producto estratégico que le permite al prestador de servicio de fletes poder transportar los productos de finca hasta los puertos de exportación y, así mismo, el servicio minoritario por así decirlo de los taxis y afines que existen en términos de servicios de pasajeros”, expresó Monges durante su alocución.
Sostuvo que el nuevo proyecto involucra el universo del abordaje diferente al proyecto de ley en ese entonces modificado, hoy Ley 6900, que solamente tiene una inclusión del 14% del mercado de la demanda de combustible, concretamente el Diesel Tipo III y la Nafta Virgen, en alusión a Petropar, mientras que el resto de la demanda que representa al sector privado no está estipulado en la disposición vigente.
En sintonía, el senador Rodolfo Friedmann se adhirió a la moción de aprobación del proyecto y ratificó que será el consumidor final el que se beneficiará con ese subsidio, que, según el legislador, prevé que en el momento de que los precios de los combustibles se estabilicen los fondos puedan ser utilizados para inversiones.
Competencia desleal
En esta jornada, la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom), ante las denuncias del sector privado referentes a una competencia desleal, recomendó al Poder Ejecutivo y al Congreso a realizar “un estudio de impacto económico” de la normativa vigente y a proponer, si así lo amerita, la modificación o la derogación de la misma.
La cuestionada ley ha recibido el férreo rechazo de los representantes de los emblemas privados y es considerada, además, por muchos legisladores como una ley “parche y anticonstitucional”. Como medida de protesta, desde la Asociación de Propietarios y Operadores de Estaciones de Servicio y Afines (Apesa) habían establecido días atrás la reducción del horario de atención a los clientes por tiempo indefinido, bajo el argumento de que no podían hacer frente a los costos operativos.
Lea además: Apoderado del PLRA ratifica que auditoría continuará