El viceministro de Economía, Iván Haas, dio cifras del impacto que tendrá en las arcas del Estado en caso de prosperar las iniciativas legislativas de aumentos salariales para el sector público. Dijo que tras escuchar los informes ofrecidos por el Equipo Económico Nacional (EEN) ayer en Palacio de López, el presidente Mario Abdo Benítez aseguró que su postura será el veto de las leyes.
“La reunión que hubo en el Palacio es una muestra de eso (veto). Estuvimos parte del Equipo Económico, nos acompañó el propio presidente de la República y representantes del sector privado. Se le hizo una presentación, se le explicó la magnitud de esto y el presidente mencionó que está totalmente de acuerdo en vetar estas leyes si eventualmente son sancionadas en el Congreso”, señaló en entrevista con la 680 AM.
Explicó que desde el Ministerio de Hacienda se buscó advertir al gobernante sobre la magnitud de las consecuencias para el fisco y no esperar que la ley sancionada sea remitida al Poder Ejecutivo.
Así también, detalló que hay cuatro proyectos que generan preocupación para el Gobierno al tratarse de iniciativas que van a golpear el ingreso del fisco. “El régimen de exportación de turismo comercial, el tratamiento del Impuesto Selectivo al Consumo para el combustible que todavía hay un proyecto para derogar, la deducibilidad del IVA de los bienes y servicios, la eliminación del IVA a la canasta básica. Si mañana se aprueban estos proyectos, la merma en la recaudación sería de 422 millones de dólares y pasaríamos a una reducción del 1% en la presión tributaria”, sostuvo.
Gastos
El viceministro afirmó que el otro pilar de preocupación es lo referente al gasto y donde se encuentran las iniciativas de aumentos salariales.
Consideró oportuno el reclamo de los funcionarios públicos al indicar que hace diez años no reciben aumentos salariales, pero alertó del fuerte impacto en el presupuesto. “En la ecuación no cierra aumentar gastos”, advirtió.
En este punto, mencionó que son tres iniciativas que generan preocupación: una promovida por las centrales obreras que piden un aumento generalizado del 15% (incluyendo al sector público) que tendrá un costo anual de 111 millones de dólares.
A esto se suma el aumento salarial solicitado para los administrativos del Ministerio de Salud Pública que implicará US$ 24,8 millones y por último el aumento salarial para actuarios judiciales (con media sanción del Congreso), que demandará US$ 6,4 millones al año, de acuerdo con los cálculos del Ministerio de Hacienda.
Desfasaje de US$ 700 millones
“Entonces, del lado del ingreso vemos un riesgo de reducción de 533 millones de dólares este año, sumados a las iniciativas legislativas que mencioné y la coyuntura económica. Por el lado del gasto, también el aumento potencial de salarios y lo del combustible que también Hacienda está pagando con esta ley vigente, estamos hablando de unos 149 millones de dólares de aumentos de gastos. El resultado es desfasaje de casi 700 millones de dólares en las cuentas fiscales para este año. Esto representa 1,6% del PIB”, concluyó.
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