Hasta ahora, la industria de la música se había librado de un ajuste de cuentas como el que vivió Hollywood o los medios de comunicación con el movimiento #MeToo, pero las graves acusaciones contra el magnate del hip hop Sean Combs, que será juzgado en Nueva York desde el 5 de mayo de 2025, podrían suponer un cambio.

Según la acusación, el artista, también conocido como “Diddy”, de 54 años, dirigía una red criminal sexual que se aprovechaba de mujeres y las chantajeaba para que guardaran silencio, lo que invita a pensar que podría haber llegado el momento de que el mundo de la música empiece a rendir cuentas. Hace cinco años, cuando se hicieron públicas las explosivas acusaciones contra el cantante Robert Sylvester Kelly, conocido por su nombre artístico R. Kelly, algunos medios se preguntaron si era el principio de un cambio radical en la música.

Kelly fue condenado a más de 30 años de cárcel por delitos sexuales contra menores, tráfico sexual y asociación ilícita. Fue sin duda un hito para el movimiento #MeToo, ya que fue el primer juicio importante por abusos sexuales en el que la mayoría de las acusadoras eran mujeres negras.

A lo largo de los años, las mujeres han acusado a personajes como el rockero Marilyn Manson, el magnate de la música Russell Simmons, el DJ Diplo o el productor Dr. Luke y otros muchos hombres poderosos de la industria sin apenas repercusiones. El último, ha sido la estrella del country Garth Brooks.

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“Las estrellas del rock gozan de un trato de favor debido a su estatus de estrella”, explica a la AFP Caroline Heldman, profesora del Occidental College y cofundadora de la coalición Sound Off, dedicada a la violencia sexual en la industria musical. Considerada durante mucho tiempo bastión del sexo, las drogas y el rock and roll, en esta industria las mujeres “son vistas como mucho más desechables (...) que los hombres”, dice por su parte la investigadora Kate Grover.

A ello se suma la raza. Las víctimas de las demandas de Kelly eran jóvenes negras y mujeres que “no tenían el poder de estrella que tenían muchas de las actrices que denunciaron a Harvey Weinstein”, el otrora todopoderoso productor de cine de Hollywood, condenado por violación y abuso sexual, dice Grover.

Desde que le denunció su expareja, la también cantante Cassie Ventura, el año pasado, una docena de personas han demandado a Combs, que está encarcelado mientras aguarda juicio en Nueva York. Ahora, más de un centenar de víctimas se prepara para presentar una nueva demanda contra el rapero.

A la demanda de Ventura siguió una oleada de denuncias contra otros hombres poderosos de la música, desde artistas a directores ejecutivos. El rosario de acusaciones pone de relieve “la gravedad de la situación”, escribió la cantautora y activista Tiffany Red, que ha trabajado con Ventura, en una carta abierta a Combs el pasado diciembre.

“Los problemas sistémicos de la cultura de la violación y la misoginia profundamente arraigados en la industria de la música suponen una amenaza real para la seguridad de tantas personas cada día en este negocio”, escribió Red. “¿Cómo podemos esperar un cambio significativo cuando los altos cargos y las superestrellas se enfrentan a acusaciones de estos delitos?”, se preguntaba.

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Heldman también señala comportamientos de mercado “perversos”. Las ventas de Kelly se dispararon más de un 500 % tras su condena por chantaje, con un aumento del 22 % en las reproducciones durante la semana siguiente. Las escuchas de la música de Diddy también crecieron de media un 18,3 % durante la semana posterior a su detención, en comparación con la anterior, según la empresa de datos del sector Luminate.

Puede que parte de este aumento se deba a la curiosidad que despierta un nombre cuando aparece en las noticias, pero Heldman también habla de la indulgencia que disfrutan los músicos. “En los años que llevo trabajando con supervivientes de distintos sectores, nunca he visto nada igual a la devoción de los fans por sus artistas”, afirma.

Pese a ello, dice Heldman, “parece que estamos en la cresta de algo”. “Me atrevería a anticipar que cualquier artista violador que haya estado operando con la idea de que puede silenciar a las supervivientes sabe ahora que eso se ha acabado”. Combs se enfrenta también a un proceso civil interpuesto por más de 120 víctimas, entre ellas 25 menores en el momento de los hechos.

Fuente: AFP.

Esta semana se confirmó muerte cerebral para el cadete que ingresó al Hospital de Policía “Rigoberto Caballero” tras ser expuesto a una exigencia física o “descuereo” dentro de la escuela policial de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú. El abogado de la familia asegura que el joven fue torturado dentro de la institución.

Se trata de Hugo Domínguez, un joven que se estaba preparando para ser agente de la Policía Nacional. Sin embargo, hace dos semanas sus padres recibieron la noticia de que se había desmayado mientras realizaba actividad física. Fue ingresado en el hospital destinado a los policías y el jueves pasado se confirmó que ya tenía muerte cerebral.

“Ahora está con muerte cerebral. Ellos dicen que fue solo un desmayo, pero fue un descuereo inhumano el que tuvo. Científicamente ya no hay nada que hacer, simplemente esperar un milagro de Dios, nos dijeron. El cerebro ya no responde”, puntualizó Raúl Marín, abogado de la familia, en la 1020 AM.

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Detalló que todo ocurrió el pasado 23 de setiembre, donde aparentemente el joven tuvo una insuficiencia cardíaca mientras realizaba actividad física. “Este muchacho fue realmente torturado, cuando ya estaba inconsciente fue igualmente pateado por la cabeza, el cuerpo y por todos lados”, agregó.

Indicó que los instructores se divierten con los chicos y que les hacen realizar esfuerzos exagerados, que ni aquellas personas más preparadas podrían resistir. “Estos jóvenes recién empiezan y fue lo que llevó al paro cardiorrespiratorio con este chico que hoy está con muerte cerebral”, señaló.

El abogado manifestó que hasta el momento la familia no recibió ningún tipo de acompañamiento de la institución. “Hay un cero acompañamiento desde la comandancia y deberían hacerlo porque ocurrió dentro de la institución policial. Esperaban que acompañen en todo momento y dicen que no van a apañar este tipo de caso, pero lo están haciendo”, sentenció.

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Bolivia reabrió la investigación en el caso de un fallecido sacerdote español para ir tras sus presuntos encubridores, luego de la difusión de su diario personal en el que registró los abusos a centenares de indígenas menores de edad, informó la fiscalía. “El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, informó que se dispuso reiniciar las investigaciones del denominado Caso Padre Roma”, dijo el Ministerio Público en un comunicado de prensa enviado a la AFP.

“La investigación se realizará por el delito de Encubrimiento en contra de quienes habrían tomado conocimiento de las agresiones sexuales cometidas en contra de menores de edad y no denunciaron el hecho”, agrega el texto. La reapertura del caso se da un día después de que el medio español El País revelara el diario personal del religioso Luis María Roma Padrosa, fallecido en 2019 a la edad de 84 años. Medios locales reprodujeron parte de ese trabajo periodístico.

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El medio español reveló los abusos del clérigo en el poblado indígena de Charagua, en el departamento de Santa Cruz (este) entre los años 1994 y 2005, durante sus funciones como profesor y misionero. Acotó que el jesuita, apodado “Lucho Roma”, abusó durante décadas de cientos de niñas indígenas en Bolivia y lo dejó por escrito. El medio de prensa identificó a unos 70 menores y tuvo acceso a los archivos fotográficos de Roma con niñas en Bolivia.

En el mismo comunicado, Lanchipa informó que el caso de Roma fue cerrado por la fiscalía de Santa Cruz, “porque no contábamos con todos los elementos probatorios”, pero que “ahora tenemos la posibilidad de contar con testigos que puedan coadyuvar en la reapertura de esta investigación”. El fiscal también se lamentó “del encubrimiento que ha realizado esta comunidad de jesuitas, de estos hechos de pederastia y abuso sexual a menores durante muchos años”.

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La congregación Compañía de Jesús reconoció este lunes en un comunicado que las autoridades religiosas que estuvieron a cargo de actuar en favor de las víctimas “fueron negligentes, indolentes y nefastas”. Este es el segundo diario que se da a conocer de manera pública. El primero fue de otro sacerdote español, Alfonso ‘Pica’ Pedrajas, cuyo manuscrito se conoció en abril de 2023.

Pedrajas falleció en 2009 a la edad de 66 años y reconoció que hizo “daño a mucha gente (¿a 85?), a demasiados”, mientras cumplía desde los años 1970 labores educativas y de formación de jóvenes religiosos. La Fiscalía aún investiga el caso Pedrajas, mientras la justicia dispuso en marzo pasado la detención domiciliaria de los sacerdotes Marcos Recolons y Ramón Alaix, de 81 y 83 años, por el presunto encubrimiento de los abusos.

Fuente: AFP.

En una reciente entrevista realizada en el programa “La tribuna”, de Paraguay TV, Ernesto Benítez Gamarra, educador popular y líder campesino, compartió su dolorosa experiencia personal de represión y tortura. Este testimonio se enmarca en un contexto histórico donde el Gobierno paraguayo dará un paso significativo hacia la reconciliación y la justicia, reconociendo oficialmente las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado y pidiendo perdón público a las víctimas. El acto de reconocimiento se realizará el lunes 24 de junio en el Instituto Superior de Educación Policial (Isepol).

Ernesto Benítez Gamarra subrayó en su entrevista la importancia de este reconocimiento: “Lo llamativo de todo este trabajo es que constantemente se está dando. No estamos hablando solamente de lo tradicional, de la época de la dictadura, sino que estamos hablando de procesos que se están dando, que llevan mucho tiempo, pero que ahora están tomando un impulso diferente.”

Ernesto recordó episodios de su vida marcados por la represión: “Se cumplieron 21 años el 4 de junio del hecho de represión y luego de tortura en la comisaría de Santa Rosa del Aguaray, pero yo llego a esa experiencia cargado ya con experiencias muy dolorosas previas en relación al Estado.” Relató cómo, en 1995, siendo docente y director de una escuela, acompañó la lucha de reclamo de tierras y fue herido por la represión policial. También compartió recuerdos de su infancia, marcada por la tortura y persecución de su padre durante la dictadura.

Uno de los aspectos destacados por el entrevistado fue la habilitación de una institución educativa donde se forman los futuros policías del país, en el mismo lugar donde ocurrió la represión en la que se vio involucrado. Esta decisión subraya el compromiso del Gobierno con la educación y la concienciación de las nuevas generaciones sobre la importancia de respetar los derechos humanos y resolver los conflictos de manera pacífica y legal. Ernesto expresó: “Es importante porque simbólicamente se decidió utilizar un local donde estudian hoy día los jóvenes que se van a convertir en el futuro en policías. Que vean el daño que le causa históricamente a un país la represión.”

Con este histórico acto, el Gobierno demuestra su firme intención de sanar las heridas del pasado y construir una sociedad basada en el respeto, la justicia y la dignidad para todos sus ciudadanos