Bernardo Villalba, abogado defensor del gobernador de Guairá y aspirante a Senador por el Partido Colorado, Juan Carlos Vera, indicó que están afrontando una situación en la cual se hace muy difícil la defensa estrictamente jurídica en lo que considera una persecución netamente política. Esto, en relación a las acusaciones de una supuesta malversación de los Fondos de Reactivación Económica en la gobernación a su cargo.

En comunicación con La Nación de Nación Media, Villalba lamentó que en estos momentos la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) esté actuando como “látigo o azote político” de parte del oficialismo contra aquellos gobernadores que no están alineados a ellos y responden a otros movimientos internos del Partido Colorado.

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“Esta situación que atraviesa el gobernador Juan Carlos Vera se debe porque abandonó en su momento al oficialismo para pasarse al movimiento Honor Colorado. Entonces, esta es una venganza o vendetta”, sostuvo. Asimismo, mencionó que el argumento de la SET es que todas las gobernaciones, sin excepción, utilizaron los Fondos de la Reactivación Económica gastando o invirtiendo a través de comisiones, comisiones vecinales o comisiones de desarrollo.

En ese sentido, Villalba apuntó que cuando esto sucedió la Contraloría General de la República le solicitó un dictamen o parecer al Ministerio de Hacienda que a su vez respondió a través de un dictamen, confirmando que el sistema era legal y estaba permitido por la Ley, y que estaba bien hacer de esa forma la transferencia.

“Lo que pasa ahora es que el viceministro de Tributación (Oscar Orué) dice que esto está mal, y por lo tanto, cumpliendo instrucciones políticas, lo que hace es convertirse en un perseguidor político de los gobernadores que no están alineados o no están aliados al oficialismo. Es por eso que no hay ningún gobernador liberal o gobernador de Añeteté o Fuerzas Republicanas que esté siendo monitoreado por las transferencias que se hizo dentro de este plan de reactivación económica”, aseveró el defensor de la Gobernación de Guairá.

El abogado Villalba señaló que esta misma metodología se hizo con la Gobernación de Central, donde se aprendió que se trataba de una persecución política y que ya estuvieron prevenidos a partir de entonces. Subrayó que cuando el viceministro de Tributación remite nota denuncia a la Fiscalía, donde no denuncia a nadie, tampoco denuncia la comisión de ningún hecho punible, pero hace una gran campaña mediática diciendo que encontró una gran cantidad de irregularidades, quedó en evidencia que la Fiscalía se iba a constituir o allanar la Gobernación.

Dijo que en ese momento instruyeron a todas las gobernaciones a poner toda la documentación en regla, bien archivado y con copia autenticada de todos los documentos, de tal modo que se pueda entregar al momento que sea requerido. Mencionó que cuando el viernes pasado, los funcionarios de la SET, que llegaron como si fueran un equipo táctico, atropellando la gobernación, queriendo incautar toda la documentación, se les entregó las copias autenticadas, pero ellos exigieron los originales, porque ellos sabían que la Fiscalía iba a allanar y no querían que encuentren los documentos.

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Al respecto, el abogado Villalba denunció el actuar del viceministro de Tributación quien, cuando no se le entregaron los documentos originales, porque no tenían orden judicial, amenazó a los abogados presentes y a la administradora que les iba a denunciar por obstrucción a la investigación. Al respecto, Villalba aclaró que no es delito la obstrucción a la investigación, lo que sí es delito es la frustración de la persecución penal, la cual solo puede hacer el Ministerio Público, no la SET.

“Como reacción a esta situación, el viceministro ordenó la cancelación del RUC de la Gobernación, declarando con esto la muerte tributaria de la Gobernación, al no poder hacer ningún acto de disposición, ni administrativo. Con esto se iba a suspender el almuerzo y merienda escolar de miles de niños, se tenían que suspender todas las obras y cerrar el Policlínico. Entonces, cuando estábamos a punto de sacar un comunicado sobre esta situación, el viceministro ordenó la restauración del RUC, porque ellos saben que están actuando mal. Esto es un bastardeo de las instituciones, y bastardeo de las bases democráticas de la República del Paraguay”, manifestó.

En cuanto, a la administración financiera de la Gobernación del Guairá, el abogado aseguró que el 100% de los recursos gastados o invertidos en el marco de la reactivación económica se hizo de la manera correcta, se hizo de la forma que la ley lo establece. Aseguró que está todo documentado, sobre las obras proyectadas y ejecutadas, a hoy están al 100% de su ejecución. “No existe una sola obra fantasma, no existe una sola obra que haya sido sobrefacturada, no existe una sola obra que se haya pagado de más y ninguna pericia va encontrar que existe alguna obra que no se haya completado o que, eventualmente, cueste menos de lo que se pagó”, enfatizó.

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En este contexto, para el profesional de la ley esto es un claro mensaje para todos los otros gobernadores que en principio estaban en el oficialismo, pero hoy se han pasado casi la totalidad al movimiento Honor Colorado, con excepción de 3 gobernadores colorados. “Le están diciendo a todos los que abandonaron las carpas, o a todos los que piensan en abandonar o salir en contra de ellos, que van a venir a crear problemas a través de la SET. Lastimosamente la SET, que estaba haciendo un trabajo muy serio y profesional, hoy se deja utilizar de la manera como lo está haciendo”, lamentó.

Asimismo, remarcó que ahora decidieron plantarse en la Gobernación del Guairá y defender esta situación porque, de lo contrario, irán contra las otras gobernaciones no alineadas al oficialismo. En ese sentido, Villalba indicó que están en la lista de la mira la gobernación de Paraguarí, Canindeyú y otras gobernaciones.

“Acá buscan iniciar procesos penales contra las gobernaciones, no les importa nada los resultados, sino que solamente les importa el impacto mediático y el desmérito político de los gobernadores a fin de que ellos encuentren un campo propicio para poder afianzarse políticamente. Esto es lo más duro y vergonzoso que se puede hacer desde el ejercicio del poder público”, concluyó.

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