El diputado Celso Kennedy, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), dijo que la ley promulgada días atrás, que crea el fondo de estabilización del precio de los combustibles derivados del petróleo y se establecen las medidas transitorias de contingencia para la importación del diésel/gasoil tipo III y la nafta virgen, llevará a la inseguridad jurídica en el Paraguay, bajo el argumento que la normativa instalará una competencia desleal.
“En este caso particular, el inconveniente que veo es que sucederá por ejemplo lo que aconteció con la Industria Nacional del Cemento, es que los combustible empezarán a escasear en Petropar, entonces la situación será que se empezará a vender los cupos o politizar las entregas y las personas comenzarán a pagar por adelantado y el que no tiene las influencias políticas o amigos por quien valerse terminará siendo estafado y otros a través del tiempo fortalecerán su negocio”, mencionó en la Cámara Baja.
La norma del subsidio al combustible a través de Petropar fue una propuesta presentada por el propio Ejecutivo y que tuvo el visto bueno del Congreso Nacional. La ley establece medidas transitorias de contingencia contempladas para dos meses y podría prorrogarse hasta 30 días más; incluye la comercialización del diésel común y nafta 93 octanos por parte de la petrolera estatal a los consumidores finales.
“Tenemos que reconocer que finalmente con esta situación generada queda muy nítidamente clara la inseguridad jurídica en nuestro país porque hay emblemas que invierten de nuevo en Paraguay con el tema del combustible; sin embargo, justo cuando se estaban iniciando algunos y otros retornando al país, arranca este tipo de situaciones donde habrá una competencia desleal. Las veces que existe una oportunidad de negocio para alguien siempre desde el poder político se trata de arruinar eso para que se genere una competencia desleal y dando una inseguridad jurídica”, sostuvo el legislador.
Antecedentes de la ley
La ley establece que Petropar pueda estipular una disminución en el precio final que luego será compensada con transferencia del Ministerio de Hacienda. Como medida de financiación se fijó la racionalización de las compras públicas, prohibiendo permanentemente la asignación de cupos de combustible a las autoridades y funcionarios de los poderes del Estado, de los organismos y entidades del Estado y las municipalidades.
Mientras tanto, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, deberá encontrar los mecanismos para lograr compensar gradualmente los recursos al emblema nacional, ya que se verán afectados por la aplicación de la reducción.
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