Ariel Martínez se desempeñaba como viceministro de Asuntos Políticos al momento en que ocurrió la quema del Congreso Nacional, el pasado 31 de marzo del 2017. Para él todo lo que concierne al 31M no solo se tergiversó sino se instaló una versión que fue guiada por intereses políticos y que la verdad histórica de lo que ocurrió nunca se trató de dilucidar.

”Hubo presiones hacia el órgano investigador, hubo presiones hacia las personas que debían tomar las decisiones en ese momento y hasta hoy siguen instalando una versión falsa de todo lo que ocurrió, lastimosamente todas esas presiones, esas versiones interesadas que se instalaron no permitieron que se pueda reproducir con veracidad lo que ocurrió en esos días y al día de hoy se ha perdido mucho tiempo en ese sentido porque muchas cuestiones que se debían hacer inmediatamente no se hicieron”, dijo Martínez a La Nación.

Si bien Martínez, aquel 31 de marzo del 2017, no estaba en la línea de mando de la Policía, en su carácter de exfiscal puso a disposición todo lo que se había recabado desde la Policía Nacional para el esclarecimiento de los hechos pero según sostiene, ciertos medios de comunicación tergiversaron lo que desde el Gobierno se comunicó abiertamente desde el primer momento.

”Nosotros habíamos hecho público en ese momento que uno de los policías afectados a los hechos que ocurrieron no debió haber estado en el lugar en que estuvo, no figuraba en los registros oficiales como participante de esos hechos e interesadamente, a partir de esos informes que nosotros hicimos y transparentamos todo, ciertos grupos empezaron a instalar la idea de que supuestamente nosotros dijimos que el policía no estuvo ahí”, explicó.

”Hablo específicamente del oficial Florentín, en realidad lo que el Gobierno había manifestado era que él no debió estar ahí y no constaba en ningún documento que él estuvo ahí ni ese día ni en los días anteriores pero hasta hoy siguen sosteniendo que se trató de ocultar cuando en realidad fue todo lo contrario”, sostuvo.

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Según sostiene Ariel Martínez, todos los involucrados en la quema del Congreso y en la fabricación de bombas molotov dentro del PLRA quisieron aprovecharse de la tragedia que ocurrió esa noche y tapar lo que ellos habían hecho. Dijo que lograron su objetivo porque hasta hoy siguen impunes.

”A 5 años de lo ocurrido, no se ha investigado, no se ha llegado a conclusiones en cuanto a lo que en realidad ocurrió en esos días, acá se sigue teniendo como verdad, publicaciones y manifestaciones totalmente interesadas, acá repitieron cuestiones que poco tienen que ver con lo que ocurrió como eso de quién dio la orden de ingresar a ciertos lugares”, argumentó.

”Quisieron involucrar a personas que ni siquiera estaban dentro del Gobierno y que ellos consideraban que estaban relacionadas al expresidente Cartes, lo que demuestra que todo fue político desde un inicio y lastimosamente se perdió tiempo valioso para lograr reconstruir hechos con veracidad”, aseveró.

Para el exviceministro de Asuntos Políticos, el proceso en sí no avanzó mucho, lo único que originó es que se utilice políticamente en momentos en que son convenientes para el sector que fue el que propició la quema, y la fabricación de bombas molotov dentro de la sede del PLRA.

”Hay hechos claros como un Congreso en llamas, filmaciones de personas con bombas, hechos que nunca se investigaron de por qué estuvieron ciertas personas en ciertos lugares cuando no debieron haber estado. Todo eso queda en segundo plano porque lo que se repitió hasta el hartazgo era el cruce de llamadas, quién dio la orden y otras cuestiones que nada hacen a lo que ocurrió en realidad esa noche”, sentenció Martínez.

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Días atrás, un tribunal de apelaciones, confirmó la condena de tres años de pena privativa de libertad para Stiben Patrón, Roberto Rojas y Nelly Cor­tesi, sentenciados por per­turbación de la paz pública en el marco de la quema de la sede del Congreso Nacio­nal.

El Ministerio Público había solicitado seis años de cárcel para Patrón y cinco para los otros dos acusados, sin embargo, la pena fue de tres años para cada uno de ellos. El tribunal sostuvo que se probó durante el juicio oral que Patrón ingresó a la sede del Congreso y rompió aparatos tecnológicos y con un termo destrozó una com­putadora. Asimismo, con relación a Rojas quedó pro­bado que actuó de forma vio­lenta contra la patrullera de la Policía Nacional y Cortesi actuó de la misma manera.

”Los acusados protagoni­zaron destrozos, inclusive propiciando un incendio en las instalaciones de la sede legislativa. Fueron identifi­cados plenamente a través de fotografías y videos de los sistemas de seguridad insta­lados en la zona donde ocu­rrieron los hechos”, subra­yaron desde el Ministerio Público.