El procurador general de la República, Juan Rafael Caballero, aclaró que esta institución no tuvo intervención en el caso Engineering, que ganó una demanda a la Administración Nacional de Electricidad (Ande), que deberá pagar unos G. 11.000 millones.
“La Procuraduría no tuvo parte en esa demanda, pero si fuera un ministerio, sí”, dijo en contacto telefónico con la 650 AM al sostener que el Estado debería intervenir en todos los casos. “Yo creo que sí podemos asumir y sí podemos hacer que esto no vuelva a ocurrir”, añadió.
Antecedentes
El caso guarda relación con una decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que rechazó in limine una acción de inconstitucionalidad planteada por la Ande contra un fallo. A raíz de esta postura de la máxima instancia judicial, el ente estatal deberá abonar G. 11.432.631.840 más IVA a la empresa Engineering.
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De acuerdo a los antecedentes del caso, la empresa pedía inicialmente US$ 5 millones a la Ande por un contrato para la construcción de torres de metal firmado en 1995 y que generó discrepancias. Sin embargo, desde la estatal alegan que hubo un incumplimiento contractual de parte de la citada empresa.
Lo que dice el presidente de la Ande
Sobre el punto, el presidente de la Ande, ingeniero Félix Sosa, deslindó responsabilidad al mencionar que no corresponde a su administración. “Cuando yo asumí ya estaba esta decisión judicial, conversé con el asesor legal y le dije que teníamos que irnos hasta las últimas instancias”, refirió en entrevista en Unicanal.
Consultado sobre quiénes ejercieron la representación legal de la citada firma, Sosa respondió: “No tengo conocimiento”. Se le mencionó que supuestamente el actual canciller nacional, Euclides Acevedo, así como el excontralor general Enrique García y Álvaro Arias formaban parte del staff profesional. “Inicialmente creo que sí, de hecho no tengo acá los detalles, pero inicialmente creo que sí y como decía nosotros entonces, en agosto del año pasado, lógicamente recurrimos hasta la última instancia a la Corte”, reiteró.
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Invasión finca 916: “Actuaremos con todo el peso de la ley”, afirma procurador
“Queremos darles la tranquilidad de que estamos abiertos al diálogo, pero también la firmeza de que vamos a actuar con todo el peso de la ley cuando corresponda”, advirtió el procurador general de la República, Marco Aurelio González, a los nuevos invasores de la finca 916. La zona posee más de 9.000 hectáreas localizadas en la zona de Villa Hayes y perteneciente al Estado paraguayo.
“Nosotros fuimos con orden judicial para verificar unas 2.600 hectáreas donde pudimos notar algunas situaciones irregulares, extrajimos datos que lo vamos a analizar para determinar el curso de acción a seguir. No nos dejaron entrar por las buenas, estas personas tenían atrincherada la zona”, sostuvo en el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
González indicó que la comitiva integrada a la vez por autoridades del Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible acudieron hasta el sitio tras recibir informaciones de que se habría instalado una estancia en el lugar. A la vez, existe la preocupación de que los invasores se encuentren alojados en zonas silvestres protegidas.
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En esta ocasión, los avivados lograron meter unas 300 cabezas de ganado, con el argumento de que están produciendo y que tienen derecho al acceso a la tierra para la producción. “Estas personas han quemado todas las actas de constitución realizada, esto es un atropello, una falta de respeto y no se puede tolerar. Vamos a ver que curso de acciones vamos a tomar, pero siempre dentro del marco de la legalidad”, indicó.
Detalló que en la citada propiedad existen 3 casos por resolver, el primero guarda relación con la denominada invasión vip registrada el pasado año donde varios referentes de la política estaban implicados en el hecho. “Este caso es con relación a la zona ribereña, Jardines de Remancito, aún estamos litigando y recuperamos casi el 50 % de las hectáreas invadidas”, comentó.
Agregó que el segundo caso se centra en una zona precaria de la finca, donde ya se realizó un censo de las personas instaladas de manera ilegal. “El Estado se encuentra analizando que propuesta llevar para una solución definitiva”. Mientras que el tercer caso guarda relación con la invasión de las 2.600 hectáreas.
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Si Mota Engil no recurre a aclaratoria, sentencia quedará firme, indicó procurador
El procurador general de la República, Marco Aurelio González, manifestó que el Estado quedará pendiente del recurso de aclaratoria o de la acción de inconstitucionalidad a la que pueda recurrir la empresa Mota Engil. Esto, tras anularse parcialmente el laudo arbitral que se impuso a Paraguay por el caso Metrobús.
“Si no recurren en un plazo, ya tendríamos la sentencia firme y podríamos ejecutar lo que está decidido. En caso de aclaratoria, vamos a estar pendientes del tiempo que se tome la Corte para resolver”, puntualizó el procurador al programa “Así son las cosas”, por Universo 970 AM y GEN/Nación Media.
González manifestó que la acción de inconstitucionalidad ante la Corte es la única instancia que le queda a Mota Engil. En cuanto a la aclaratoria, se aplicaría si la empresa considera que existe un punto de la resolución sin la suficiente claridad o creen que existió alguna omisión.
Mota Engil tiene un plazo de nueve días para recurrir a la aclaratoria, en cuanto a la acción de inconstitucionalidad, la empresa tendría el tiempo de 18 días aproximadamente para acceder a dicho recurso.
Sobre el caso
El laudo arbitral había determinado varios montos de condena a Paraguay, en total representaban más de USD 19 millones, con los intereses. El monto estaba compuesto por varios rubros: devolución de póliza, indemnización de lucro cesante, costas, etc.
“Lo que dijo el Tribunal es que se anulan varios rubros y algo que va en contra de la ley, como la determinación de tasas de intereses usurarias. También se anulan unos daños que no fueron probados, acreditados ni cuantificados, y la forma en que se distribuyeron las tasas”, explicó González.
De este modo, de los más de USD 19 millones que se debía pagar, se determina que el Estado paraguayo solo debe pagar a Mota Engil la suma de USD 2.600.000, en concepto de montos retenidos. Esto aparte de mantenerse en pie el pago que debe abonar la empresa a Paraguay, de G. 629 millones, aproximadamente.
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Paraguay recupera fondos del mecanismo Covax y destina a atención oncológica
El Gobierno del Paraguay, a través del Ministerio de Salud y la Procuraduría General de la República, recuperó la suma de 3.479.686 de dólares que se había depositado en el mecanismo Covax durante la pandemia covid-19. Este dinero ya está depositado en la cuenta bancaria del Tesoro habilitada para el Ministerio de Salud Pública, y los recursos serán destinados a mejorar la atención de pacientes oncológicos.
En conferencia de prensa encabezada por la vocera de Gobierno, Paula Carro, el procurador general de la República, Marco Aurelio González, y la ministra de Salud Pública, María Teresa Barán, resaltaron como hecho histórico que se logró bajo la presidencia de Santiago Peña, la recuperación de este dinero remanente. Esta suma estaba depositada en la cuenta del mecanismo Covax para la adquisición de vacunas, mediante un convenio suscrito durante el gobierno de Abdo Benítez y cuyos fondos no eran reembolsables, y ahora con la gestión de la Procuraduría y el Ministerio de Salud, se recuperaron.
La vocera Carro señaló que las condiciones negociadas en su momento con el mecanismo Covax, fueron sumamente desfavorables para el Paraguay, lo que hacía que se consideraba prácticamente perdidos estos fondos. “Pero lejos de darse por vencido el gobierno de Santiago Peña ha buscado la recuperación de estos fondos, que serán aplicados a programas de salud pública para todos los paraguayos”, indicó.
En ese sentido, informaron que este dinero será inmediatamente destinado a tratamientos oncológicos, específicamente en la compra de dos aceleradores lineales, con sus elementos complementarios a ser instalados, uno en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná y el segundo en Encarnación, departamento de Itapúa, con el objetivo de descentralizar el servicio de tratamientos oncológicos, que actualmente se concentran en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan), en Areguá.
Reclamo a Covax
Al respecto, el procurador general Marco Aurelio González señaló que Paraguay fue el único país que públicamente salió a criticar el mecanismo Covax y a no aceptar las condiciones que en su momento quisieron imponer; que además de descontar lo que ya se pagó, querían que Paraguay asuma una tasa adicional para salir del mecanismo. Destacó la lucha constante y sin descanso que encaró la ministra de Salud para cumplir con el mandato del jefe de Estado de defender al país con todas las herramientas.
“En el marco de las negociaciones y las alternativas que se tuvo, de aceptar esta propuesta, o ir a un arbitraje. Ir a un arbitraje, se sabe lo que cuesta, el cual se debe resolver conforme al contrato; el cual firmó el gobierno anterior, y estaba previsto que todo pago era irrevocable, que Paraguay tenía que pagar el costo de las vacunas aunque no las reciba, que el anticipo era irrevocable. Es decir, eran circunstancias muy desfavorables”, explicó.
Indicó además que el entonces ministro de Hacienda, Benigno López, firmó una garantía de 38 millones de dólares, que podría ser ejecutado con la sola presentación del documento. “Con todas estas valoraciones consideramos que la mejor alternativa de percibir esta suma de dinero que se ha aceptado, y que ya está depositado en su cuenta, es sin duda, algo beneficioso para nuestro país, por el beneficio que va acarrear el uso que le dará el Ministerio de Salud”, acotó.
Por tanto, González enfatizó que Paraguay no renunció a su posición jurídica. “Lo que hizo Paraguay, fue evaluar su probabilidad de éxitos, analizando las condiciones contractuales firmadas por el gobierno anterior, y la aceptación de esta propuesta con base a esas consideraciones. Con esto, se cierra el capítulo con Covax, porque el dinero ya está depositada en la cuenta, entonces ya no existe reclamo de ninguna de las partes”, remarcó.
Descentralización
A su turno, la ministra Barán remarcó que hoy es un día histórico para el Paraguay, porque sentó postura y reclamo ante el mecanismo, a pesar de los términos de desventaja y todo lo que podía perder. Señaló que esta recuperación del dinero, y atendiendo las necesidades en el sistema de Salud, con el presidente de la República se resolvió destinar al tratamiento de pacientes oncológicos.
“Como gobierno de Paraguay trabajamos en la descentralización de los tratamientos oncológicos. Hoy tenemos 9 lugares donde se hace tratamientos con quimioterapia. Con este dinero se va comprar dos aceleradores lineales, que es un equipo que sirve para el tratamiento de la radioterapia. Hoy el único lugar donde se presenta este servicio es en el Incan (Areguá), y con la compra de estos equipos se instalarán en Encarnación y Ciudad del Este, respectivamente”, precisó.
La ministra indicó que considera muy acertada la decisión de invertir estos recursos recuperados en la compra de estos equipos, que servirá para descentralizar el servicio oncológico en el país. Agregó que se esperó recibir el dinero y que esté depositado en la cuenta de Salud Pública, para llevar adelante el anuncio.
“La plata ya está acá en Paraguay y lista para ser ejecutada para la compra de estos dos aceleradores lineales cuanto antes, para descentralizar el tratamiento de radioterapia para pacientes oncológicos”, señaló. Precisó además, que cada acelerador lineal, está al rededor del millón y medio de dólares cada uno, por lo que se decidió comprar dos en esta ocasión, además de todos los accesorios que serán necesarios para su funcionamiento.
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“No voy a hacer censo para levantar una falsa expectativa en la gente”, dice titular del MDS
El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, explicó los motivos por los cuales por ahora no habrá censo para adultos mayores para acceder a la pensión de la tercera edad otorgada por el Estado. Las nuevas incorporaciones están supeditadas a la disponibilidad presupuestaria de la institución. También señaló que con la transferencias del programa desde el Ministerio de Economía descubrieron a 500 fallecidos que seguían figurando como beneficiarios.
“Nos vimos obligados a sacar un comunicado porque nunca falta quien hace populismo con los programas sociales y especialmente el de adultos mayores. Lamentablemente en la Cámara de Diputados hubo una intervención de un parlamentario en donde hicieron declaraciones que no condicen con la realidad y tuvimos que salir a aclarar esta situación”, señaló Rojas, este viernes, al programa “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Dijo que el programa de adultos mayores, desde que salió la ley de transferencia de los fondos desde Ministerio de Economía al Ministerio de Desarrollo Social, se ha hecho el traspaso de manera que ningún adulto mayor que cobra su pensión tenga la necesidad de acreditar nuevos documentos ni someterse a un proceso de actualización de datos.
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Fallecidos seguían cobrando
Sin embargo, se han detectado algunas anomalías como el cobro indebido de la pensión perteneciente a beneficiarios ya fallecidos. “Estamos trabajando igualmente en la base de datos haciendo cruzamientos de manera que podamos detectar fallecidos que siguen cobrando. Hemos ya excluido, el mes anterior, a más de 500 que estaban cobrando aún que eran fallecidos”, reveló.
Actualmente se paga a entre 111 a 113 mil adultos mayores por mes, informó el ministro. “También recibimos un grupo de 1.200 de gente que estaba en lista de espera hace dos años, inclusive, y por algún motivo no se les comunicó a esta gente de que debían presentar la actualización de documentos para que puedan ser incorporados. Pero hoy más de 500 ya han sido incluidos”, manifestó.
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Rojas aclaró que el Presupuesto General de Gastos de la Nación asignó a dicho programa hasta G. 310.000 millones por año, pero generalmente se obliga 2.000 millones más. “Lo que dije es que no es que no se va a hacer más censos, antes se hacían los censos a mansalva sin cuidar la disponibilidad financiera del programa”, refirió.
El censo no garantiza una inclusión inmediata sino depende de la disponibilidad presupuestaria, aclaró el ministro Rojas. “Voy a hacer censo cuando tenga la disponibilidad financiera porque si hoy hago yo, en 10 o 15 días debo incluirle ya a esa persona que fue censada si cumple los requisitos. Y no voy a hacer censo para levantar una falsa expectativa en la gente”, remarcó.