El procurador general de la República, Marco Aurelio González, manifestó que el Estado quedará pendiente del recurso de aclaratoria o de la acción de inconstitucionalidad a la que pueda recurrir la empresa Mota Engil. Esto, tras anularse parcialmente el laudo arbitral que se impuso a Paraguay por el caso Metrobús.

“Si no recurren en un plazo, ya tendríamos la sentencia firme y podríamos ejecutar lo que está decidido. En caso de aclaratoria, vamos a estar pendientes del tiempo que se tome la Corte para resolver”, puntualizó el procurador al programa “Así son las cosas”, por Universo 970 AM y GEN/Nación Media.

González manifestó que la acción de inconstitucionalidad ante la Corte es la única instancia que le queda a Mota Engil. En cuanto a la aclaratoria, se aplicaría si la empresa considera que existe un punto de la resolución sin la suficiente claridad o creen que existió alguna omisión.

Mota Engil tiene un plazo de nueve días para recurrir a la aclaratoria, en cuanto a la acción de inconstitucionalidad, la empresa tendría el tiempo de 18 días aproximadamente para acceder a dicho recurso.

Lea más: Intento de despojo de estancia narco: Comisión antilavado cita a la superintendente de Justicia

El laudo arbitral había determinado varios montos de condena a Paraguay, en total representaban más de USD 19 millones, con los intereses. El monto estaba compuesto por varios rubros: devolución de póliza, indemnización de lucro cesante, costas, etc.

“Lo que dijo el Tribunal es que se anulan varios rubros y algo que va en contra de la ley, como la determinación de tasas de intereses usurarias. También se anulan unos daños que no fueron probados, acreditados ni cuantificados, y la forma en que se distribuyeron las tasas”, explicó González.

De este modo, de los más de USD 19 millones que se debía pagar, se determina que el Estado paraguayo solo debe pagar a Mota Engil la suma de USD 2.600.000, en concepto de montos retenidos. Esto aparte de mantenerse en pie el pago que debe abonar la empresa a Paraguay, de G. 629 millones, aproximadamente.

El Gobierno del Paraguay, a través del Ministerio de Salud y la Procuraduría General de la República, recuperó la suma de 3.479.686 de dólares que se había depositado en el mecanismo Covax durante la pandemia covid-19. Este dinero ya está depositado en la cuenta bancaria del Tesoro habilitada para el Ministerio de Salud Pública, y los recursos serán destinados a mejorar la atención de pacientes oncológicos.

En conferencia de prensa encabezada por la vocera de Gobierno, Paula Carro, el procurador general de la República, Marco Aurelio González, y la ministra de Salud Pública, María Teresa Barán, resaltaron como hecho histórico que se logró bajo la presidencia de Santiago Peña, la recuperación de este dinero remanente. Esta suma estaba depositada en la cuenta del mecanismo Covax para la adquisición de vacunas, mediante un convenio suscrito durante el gobierno de Abdo Benítez y cuyos fondos no eran reembolsables, y ahora con la gestión de la Procuraduría y el Ministerio de Salud, se recuperaron.

La vocera Carro señaló que las condiciones negociadas en su momento con el mecanismo Covax, fueron sumamente desfavorables para el Paraguay, lo que hacía que se consideraba prácticamente perdidos estos fondos. “Pero lejos de darse por vencido el gobierno de Santiago Peña ha buscado la recuperación de estos fondos, que serán aplicados a programas de salud pública para todos los paraguayos”, indicó.

En ese sentido, informaron que este dinero será inmediatamente destinado a tratamientos oncológicos, específicamente en la compra de dos aceleradores lineales, con sus elementos complementarios a ser instalados, uno en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná y el segundo en Encarnación, departamento de Itapúa, con el objetivo de descentralizar el servicio de tratamientos oncológicos, que actualmente se concentran en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan), en Areguá.

Al respecto, el procurador general Marco Aurelio González señaló que Paraguay fue el único país que públicamente salió a criticar el mecanismo Covax y a no aceptar las condiciones que en su momento quisieron imponer; que además de descontar lo que ya se pagó, querían que Paraguay asuma una tasa adicional para salir del mecanismo. Destacó la lucha constante y sin descanso que encaró la ministra de Salud para cumplir con el mandato del jefe de Estado de defender al país con todas las herramientas.

“En el marco de las negociaciones y las alternativas que se tuvo, de aceptar esta propuesta, o ir a un arbitraje. Ir a un arbitraje, se sabe lo que cuesta, el cual se debe resolver conforme al contrato; el cual firmó el gobierno anterior, y estaba previsto que todo pago era irrevocable, que Paraguay tenía que pagar el costo de las vacunas aunque no las reciba, que el anticipo era irrevocable. Es decir, eran circunstancias muy desfavorables”, explicó.

Indicó además que el entonces ministro de Hacienda, Benigno López, firmó una garantía de 38 millones de dólares, que podría ser ejecutado con la sola presentación del documento. “Con todas estas valoraciones consideramos que la mejor alternativa de percibir esta suma de dinero que se ha aceptado, y que ya está depositado en su cuenta, es sin duda, algo beneficioso para nuestro país, por el beneficio que va acarrear el uso que le dará el Ministerio de Salud”, acotó.

Por tanto, González enfatizó que Paraguay no renunció a su posición jurídica. “Lo que hizo Paraguay, fue evaluar su probabilidad de éxitos, analizando las condiciones contractuales firmadas por el gobierno anterior, y la aceptación de esta propuesta con base a esas consideraciones. Con esto, se cierra el capítulo con Covax, porque el dinero ya está depositada en la cuenta, entonces ya no existe reclamo de ninguna de las partes”, remarcó.

A su turno, la ministra Barán remarcó que hoy es un día histórico para el Paraguay, porque sentó postura y reclamo ante el mecanismo, a pesar de los términos de desventaja y todo lo que podía perder. Señaló que esta recuperación del dinero, y atendiendo las necesidades en el sistema de Salud, con el presidente de la República se resolvió destinar al tratamiento de pacientes oncológicos.

“Como gobierno de Paraguay trabajamos en la descentralización de los tratamientos oncológicos. Hoy tenemos 9 lugares donde se hace tratamientos con quimioterapia. Con este dinero se va comprar dos aceleradores lineales, que es un equipo que sirve para el tratamiento de la radioterapia. Hoy el único lugar donde se presenta este servicio es en el Incan (Areguá), y con la compra de estos equipos se instalarán en Encarnación y Ciudad del Este, respectivamente”, precisó.

La ministra indicó que considera muy acertada la decisión de invertir estos recursos recuperados en la compra de estos equipos, que servirá para descentralizar el servicio oncológico en el país. Agregó que se esperó recibir el dinero y que esté depositado en la cuenta de Salud Pública, para llevar adelante el anuncio.

“La plata ya está acá en Paraguay y lista para ser ejecutada para la compra de estos dos aceleradores lineales cuanto antes, para descentralizar el tratamiento de radioterapia para pacientes oncológicos”, señaló. Precisó además, que cada acelerador lineal, está al rededor del millón y medio de dólares cada uno, por lo que se decidió comprar dos en esta ocasión, además de todos los accesorios que serán necesarios para su funcionamiento.

Le puede interesar: Paraguay y EAU materializan acuerdos relacionados al comercio y el transporte

El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, explicó los motivos por los cuales por ahora no habrá censo para adultos mayores para acceder a la pensión de la tercera edad otorgada por el Estado. Las nuevas incorporaciones están supeditadas a la disponibilidad presupuestaria de la institución. También señaló que con la transferencias del programa desde el Ministerio de Economía descubrieron a 500 fallecidos que seguían figurando como beneficiarios.

“Nos vimos obligados a sacar un comunicado porque nunca falta quien hace populismo con los programas sociales y especialmente el de adultos mayores. Lamentablemente en la Cámara de Diputados hubo una intervención de un parlamentario en donde hicieron declaraciones que no condicen con la realidad y tuvimos que salir a aclarar esta situación”, señaló Rojas, este viernes, al programa “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Dijo que el programa de adultos mayores, desde que salió la ley de transferencia de los fondos desde Ministerio de Economía al Ministerio de Desarrollo Social, se ha hecho el traspaso de manera que ningún adulto mayor que cobra su pensión tenga la necesidad de acreditar nuevos documentos ni someterse a un proceso de actualización de datos.

Te puede interesar: Cuadros gripales: destacan importancia de vacunarse y respetar el reposo médico

Sin embargo, se han detectado algunas anomalías como el cobro indebido de la pensión perteneciente a beneficiarios ya fallecidos. “Estamos trabajando igualmente en la base de datos haciendo cruzamientos de manera que podamos detectar fallecidos que siguen cobrando. Hemos ya excluido, el mes anterior, a más de 500 que estaban cobrando aún que eran fallecidos”, reveló.

Actualmente se paga a entre 111 a 113 mil adultos mayores por mes, informó el ministro. “También recibimos un grupo de 1.200 de gente que estaba en lista de espera hace dos años, inclusive, y por algún motivo no se les comunicó a esta gente de que debían presentar la actualización de documentos para que puedan ser incorporados. Pero hoy más de 500 ya han sido incluidos”, manifestó.

Leé también: Policía alerta sobre dos presuntos acosadores de niños en barrio Obrero

Rojas aclaró que el Presupuesto General de Gastos de la Nación asignó a dicho programa hasta G. 310.000 millones por año, pero generalmente se obliga 2.000 millones más. “Lo que dije es que no es que no se va a hacer más censos, antes se hacían los censos a mansalva sin cuidar la disponibilidad financiera del programa”, refirió.

El censo no garantiza una inclusión inmediata sino depende de la disponibilidad presupuestaria, aclaró el ministro Rojas. “Voy a hacer censo cuando tenga la disponibilidad financiera porque si hoy hago yo, en 10 o 15 días debo incluirle ya a esa persona que fue censada si cumple los requisitos. Y no voy a hacer censo para levantar una falsa expectativa en la gente”, remarcó.

El procurador general de la República, Marco Aurelio González, fue designado director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Abogacías y Procuradurías del Estado (ALAP) por el período 2024-2026. El procurador paraguayo aseguró que lo asume con mucho compromiso y muchas ganas de hacer bien las cosas durante su mandato.

A través de un video divulgado por la cuenta oficial de la PGR, González indicó que en Paraguay cuenta con rica experiencia que espera compartir con los países de la región. Igualmente, dijo que están con proyectos que esperan desarrollar, como ser la capacitación de los funcionarios abogados del Estado.

“Sabemos que hay problemas comunes que lo podemos encarar para encontrar mejores soluciones. La experiencia de Paraguay con la constitución del Consejo de Abogados del Estado es sin dudas un claro ejemplo de la realización de cursos de capacitación”, expresó.

Mencionó además que otro paso que buscarán a nivel regional es la constitución de un repositorio de precedentes administrativos y judiciales; que sirva a los abogados del Estado contar con una base de datos.

“Este precedente contribuye también con la seguridad jurídica y que para el servidor público sirva de base para entender cuál es el comportamiento que tiene que tener cuando administra la cosa pública y cuáles son las responsabilidades”, acotó.

Destacó finalmente que todos estos objetivos es de conocimiento de todos los ciudadanos y se enmarca dentro de la política del presidente de la República Santiago Peña; quien de manera muy clara tiene mucho celo y transmite mucha confianza, seguridad, y responsabilidad cuando les dice que cuiden el patrimonio de los paraguayos. “Los patrimonios del Estado no le pertenecen a ningún gobierno, le pertenecen a los ciudadanos”, concluyó.