Durante el gobierno abdista, instituciones del Estado en cooperación con medios de comunicación aliados operaron para instalar mediáticamente una supuesta conexión entre el expresidente Horacio Cartes y el grupo terrorista islámico Hezbolá. Todo esto quedó desmontado con la invitación al exmandatario para una reciente visita a Israel, donde fue condecorado como un amigo de esta nación.

“La foto y los hechos matan el relato, eso fue un relato montado”, aseveró el abogado Pedro Ovelar, representante legal de Horacio Cartes, durante una entrevista en “Fuego cruzado”, emitido por GEN/Nación Media. Explicó que una serie de eventos fue aprovechada por el gobierno de Mario Abdo para tratar de conectar a Cartes con el terrorismo islámico, en el marco de una persecución política.

Ovelar hizo un recuento de cómo se dieron los hechos e indicó que que la administración abdista se valió de la sanción que había sobre una empresa iraní, que anteriormente tenía a su cargo el avión venezolano de Emtrasur, el cual fue contratado por otra empresa, que no era propiedad de Cartes, para exportar los productos de Tabesa.

“Esto fue aprovechado por el gobierno anterior, la oposición y los medios aliados militantes de ese grupo para instalar esa mentira. La mentira hoy está desmontada absolutamente por una decisión judicial, por un lado, porque profundamente se investigó, y por el supuesto país damnificado”, afirmó Ovelar Nación Media. “No creo que sea sostenible ningún discurso o relato que pueda echar por tierra lo que vimos hace unos días. Horacio Cartes no es solamente declarado como aliado de Israel, sino que se reconoció mundialmente la gestión y de la amistad entre Cartes y ese pueblo”.

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Estos últimos acontecimientos, además del esclarecimiento de los hechos por parte de la justicia, generan una oportunidad de que las sanciones provenientes de Estados Unidos para Horacio Cartes puedan ser revertidas, indicó Ovelar, quien mencionó que ahora se abre una posibilidad de que se revisen todos esos informes que proveyó el gobierno de Abdo en contra del expresidente.

“El informe de abril dice que Horacio Cartes operaba a través de tales empresas, que, a su vez, realizan negocios a través de bancos norteamericanos, por lo que la jurisdicción norteamericana estaba afectada. Esa entrega de soberanía, con el ánimo del expresidente Mario Abdo de ganar poder con la oposición, demuestra la persecución política y que Abdo se comportó como un legionario y un anticolorado”, sentenció a través del programa “Fuego cruzado”.

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Los ejecutores de los informes contra el actual presidente del Partido Colorado fueron los ministros de Abdo, quienes están a la puerta del juicio oral luego de ser acusados, el pasado 11 de marzo, por cometer varios hechos punibles como denuncia falsa, persecución de inocentes, asociación criminal, revelación de información de carácter confidencial, entre otros y podría ser la oportunidad en que estos revelen quién dio la orden para ejecutar el plan contra Cartes, pero, mientras tanto, Abdo se refugia en sus fueros como senador vitalicio para evadir a la justicia.

“El pedido de desafuero de Mario Abdo Benítez fue una farsa, porque si verdaderamente quiere someterse a la justicia, por qué todos los aliados políticos que le responden tienen una opinión distinta. Esa es una farsa, es una protección que quieren dar al expresidente”, sostuvo Ovelar, en estudios del canal GEN, y añadió que sus exministros y exfuncionarios también quieren evadir a la justicia, y prueba de esto son las chicanas y recusaciones de las que se valen, puesto que no quieren discutir la cuestión de fondo que son las filtraciones.

Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com

La directora general de DD.HH de la Vicepresidencia de la República, María Teresa Peralta, defendió el trabajo que lleva adelante la Comisión de Cumplimiento de las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CICSI), que preside el vicepresidente Pedro Alliana, resaltando que no se trata de asistencialismo a las comunidades indígenas, sino que es el cumplimiento de las sentencias o incluso recomendaciones que brindaron la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales.

En comunicación con La Nación/Nación Media, Peralta explicó que el acompañamiento que brinda el Estado paraguayo a través del CICSI no es asistencialismo, ya que en el caso de las comunidades de pueblos originarios son en el cumplimiento de sentencias, cumpliendo estrictamente lo dispuesto por la Corte Interamericana, así como aquellos que están con acuerdos de solución amistosa.

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Mencionó que, además de las comunicades indígenas también están llevando casos que ya se cerraron el año pasado, así como otros procesos que están en vía de ser cerrados, como el caso Alejandro Nissen Pessolani; el caso del ministro Bonifacio Ríos; el de Goiburú que está pendiente de cierre.

Recordó que el año pasado ya se cerraron el caso de niños soldados, por casos de tortura, en este caso se les sigue brindando asistencia a las víctimas; como también siguen trabajando en el caso del Centro de Educación Panchito López; ya que algunos siguen dentro del sistema penitenciario y otros ya fuera a quienes se les está buscando para continuar con la asistencia por parte del Estado, todos fueron reparados económicamente y con asistencia de salud, educación y formación de mando medios.

“El trabajo que estamos llevando en la CICIS es muy sensible, pero, sobre todo hay que destacar el avance que estamos teniendo en el cumplimiento de las sentencias ya cuerdos, sobre todo desde que asumió la presidencia de la comisión el vicepresidente Pedro Alliana. Sobre todo teniendo en cuenta la decisión política que es del presidente de la República Santiago Peña, que ya en su primer informe ante el Congreso destacó el avance de Paraguay en el cumplimiento de temas de Derechos Humanos en demandas internacionales, los cuales no se pueden señalar como asistencialismo por parte del gobierno”, indicó.

Además, Peralta destacó que existe una reglamentación del Ministerio de Economía y Finanzas, que en la última reunión que tuvo en el consejo asesor consultivo, el representante del MEF indicó que, en el Presupuesto General de la Nación, se está dando prioridad para destinar los casos de resarcimiento en tema de DD.HH en los casos que hubiere.

“Nosotros estamos avanzando en las negociaciones para acuerdo de solución amistosa. Pero en los casos que ya tienen sentencia, obviamente van a ser resarcidos. No obstante, existen otros casos en los que se busca una solución amistosa y se están agilizando y negociando para llegar a un acuerdo con las víctimas para no llegar a la Corte IDH, pero que muchas veces azuzados por organizaciones que buscan llegar a las últimas instancias”, precisó.

Resaltó que continúan llevando adelante el trabajo conjunto del Gobierno, para demostrar la diligencia del Estado, con la presencia permanente que no es asistencialismo, ya que permanentemente están presentes con la Secretaría de Emergencia Nacional viendo todas las necesidades que tienen, llevando los kits de alimentos, en algunas comunidades indígenas incluso ya llega el almuerzo escolar.

“Estamos agilizando todo lo que se pueda con la Ande para que les llegue la energía eléctrica, en muchos casos ya nos piden internet, estamos cumpliendo con las viviendas. Es muy complejo todo, pero se está cumpliendo con todos ellos” remarcó.

En cumplimiento a la sentencia de la Corte IDH, el Gobierno del Paraguay, a través del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental, envió 9.600 metros de caños de PVC a la comunidad indígena Xamok Kasek, en el Chaco Paraguayo. Con la instalación de estas cañerías, unas 125 familias de dicha comunidad tendrán acceso al agua potable.

Este viernes partieron los camiones del Comando de Ejército que transportan las cañerías, desde el Cuartel General del Comando de Ejército, con presencia del Ministerio de Defensa, Oscar González; así como de la directora de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, María Teresa Peralta, y el director de Senasa, Fernando García.

Los técnicos de Senasa y el comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, Gral. Oscar Ferreira recibieron en la comunidad indígena las cañerías que serán instaladas, a fin de facilitar el acceso al agua a las familias de la comunidad Xamok Kasek.

A su vez, el director de Senasa, Fernando García, explicó que, durante la última visita de los miembros de la Corte Interamericana, los líderes solicitaron los caños, teniendo en cuenta que tienen tajamares también construidos por Senasa, que actualmente están con mucha agua por las lluvias caídas y pidieron estos caños para acercar el agua desde el tajamar hasta sus aldeas. Con esto, evitarán el acarreo manual y contarán con agua en sus domicilios, añadió.

En ese marco, la institución que preside envió 9.600 metros de caños, que serán instalados por técnicos de Senasa, con apoyo de la gobernación y la coordinación interinstitucional como el Ministerio de Defensa y el Comando del Ejército.

Siga informado con: Concertaciones deben elaborar su propio padrón electoral, sostiene diputado

El diputado José Rodríguez adelantó que el proyecto de ley que plantea la regula­ción de las concertaciones políticas, aprobada con modificaciones por el Senado esta semana, será sancionado en la Cámara de Diputados con los cambios incluidos por la Cámara Alta. El legislador ratificó su postura sobre la elaboración del padrón electoral por parte de las concertaciones.

“Nosotros también vamos a acompañar, ya adelanto eso. Explicarle a la ciudadanía que es mentira que las concertaciones van a desaparecer, sino más bien, se le dará más garantías a la democracia para que los movimientos y partidos políticos que quieran integrar una concertación también hagan sus internas, hagan sus padrones, también hagan su personería jurídica”, dijo para La Nación/Nación Media.

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Agregó que como los demás partidos políticos, como la Asociación Nacional Republicana (ANR), las concertaciones deben trabajar en su padrón y no utilizar el Registro Cívico Permanente (RCP), como pretenden sectores de la oposición.

“El Partido Colorado siempre hace sus internas, cumple con el financiamiento político, hace sus elecciones, entonces nosotros también plantemos que los otros movimientos y partidos políticos hagan sus concertaciones, pero previas internas y previo trabajo”, apuntó.

Afirmó que esta ley será muy importante para la democracia, con igualdad de condiciones, ya que dará las mismas obligaciones y derechos a las agrupaciones políticas en la organización de cualquier proceso electoral.

“También en esa ley, que queremos sancionar, pedimos que una vez que integren la concertación solamente usen sus padrones, que no se use el Registro Cívico Permanente. Es muy fácil que el Partido Colorado haga todo el esfuerzo de afiliar, de trabajar, de recorrer, y después ellos en un cuarto oscuro quieren usar el Registro Cívico permanente también el padrón colorado”, sentenció.

- El diputado José Rodríguez adelantó que la Cámara Baja estaría sancionando el proyecto de ley.

- Las concertaciones deben utilizar su propio padrón y no el padrón electoral asegura el diputado

- La iniciativa parlamentaria busca dar igualdad de condiciones a las agrupaciones políticas que pugnen en las elecciones.

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La comisión bicameral que acompañará las negociaciones del Anexo C de la Itaipú Binacional, no pudo ser conformada en el Congreso, debido a que los diputados reclaman la presidencia de esta instancia legislativa. Ellos alegan que en la última conformación de la comisión bicameral estuvo presidida por senador.

El diputado Rodrigo Gamarra refirió a La Nación/Nación Media que la decisión de no formar parte de la comisión bicameral se debe a la falta de acuerdo en la presidencia, “algo crucial para garantizar la pluralidad y transparencia en un proceso tan importante como la renegociación del Anexo C, que impacta directamente en el desarrollo energético y económico del país”.

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Agregó que no se respetó el acuerdo de alternancia, y adelantó que la Cámara Baja también podría conformar una comisión unicameral, así como lo conformó el Senado. “Hasta el momento no hay ninguna variación en nuestra posición, siempre es todo conversable, pero debe ser sobre el respeto a los acuerdos tácitos establecidos, yo creo pero es una opinión solo mía, que lo más probable es que creemos también una comisión unicameral como ya lo hizo el Senado”, expresó.

Finalmente, señaló que “el objetivo es simplemente dar seguimiento a las negociaciones, acompañar el proceso y aportar desde el Parlamento, sin que esto sea utilizado como un ‘garrote’ o un obstáculo, como algunos pretenden”.

Por su parte, el diputado José Rodríguez también se expresó en el mismo sentido, que la presidencia corresponde a la Cámara Baja. “La presidencia tenía que ser para un diputado, en el primer ejercicio uno de los senadores fue el presidente, entonces tenía que ser un diputado. Lo que puedo decir a título personal es que los compromisos se tienen que cumplir, si se hizo un compromiso para que un diputado sea presidente, se tiene que cumplir”, sentenció en conversación con La Nación.

- Esta semana debió conformarse la comisión bicameral que acompañará las negociaciones del Anexo C de la Itaipú Binacional.

- Diputados abandonaron la sesión reclamando la presidencia de esta instancia legislativa.

- Los diputados Rodrigo Gamarra y José Rodríguez afirman que la presidencia de la comisión bicameral debe ser para la Cámara Baja.

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