El diputado Avelino Dávalos destacó el proyecto que lleva adelante el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y la Gobernación de Caazapá para la producción permanente de tomates. El legislador indicó que el programa Hambre Cero es fundamental para este proyecto, lo que podría extenderse a la exportación de este producto.

“Quiero compartir con los colegas, con la ciudadanía, un proyecto muy importante para mi departamento, para todos los que venimos hablando del proyecto Hambre Cero. Este es un proyecto del Ministerio de Agricultura y Ganadería que, con un trabajo coordinado con la gobernación de Caazapá, el proyecto de cultivar tomate durante todo el año”, dijo el diputado en la sesión de este martes.

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Explicó que, en el mes de diciembre del año pasado, el MAG realizó la entrega de semillas e insumos para pequeños productores, y el pasado viernes el ministro Carlos Giménez y el gobernador Christian Acosta, ya realizaron un recorrido por las fincas que están produciendo tomates, tanto para el programa Hambre Cero como para su incursión en el mercado nacional.

“Varios productores del departamento de Caazapá van a tener la oportunidad de producir todo el año los tomates. Son de mucha utilidad para el proyecto de Hambre Cero y porque no decir que desde el departamento de Caazapá muy pronto también podemos adherirnos, podemos exportar también tomates a los países vecinos, como Argentina, que después de muchos años en este Gobierno se ha exportado a la República de Argentina”, destacó.

Mencionó que son muchos los beneficios de este proyecto de producción todo el año del producto, como una mayor estabilidad para los productores, asegurando su ingreso durante todo el año, abastecimiento continuo en el mercado local evitando la escasez y las fluctuaciones de los precios.

“Quiero desearles toda la fuerza necesaria al gobernador de Caazapá y al ministro de Agricultura a seguir invirtiendo en este tipo de proyectos y por sobre todas las cosas para que realmente podamos ir cambiando el bienestar de las familias de mi departamento y del país”, sentenció.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, sentó postura en el caso del supuesto hackeo de Brasil al Gobierno paraguayo y sus autoridades, revelado ayer por medios de comunicación brasileños. El diputado sostuvo que no se puede dejar de levantar la voz ante un supuesto espionaje que habría sido sometido el país y sus autoridades.

Durante su intervención en el pleno de la sesión de este martes, Latorre indicó que es fundamental realizar tres actos concretos al respecto; el primero, la solicitud de explicaciones pertinentes al Brasil por parte de la Cancillería nacional.

“Tenemos que tener una respuesta clara y responsable sobre lo acontecido. No basta con decir fue el otro gobierno, nosotros tenemos que mirar con seriedad la política de Estado que trasciendan el modelo quinquenal y que sostenga una relación armoniosa de confianza en nuestras naciones”, expresó.

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En segundo lugar, el titular de la Cámara Baja señaló que se debe realizar una investigación por parte del Gobierno paraguayo, seria y con condiciones técnicas, respaldados en países amigos, aliados y hermanos, con gran capacidad en materia de inteligencia, como los Estados Unidos, y como el Estado de Israel. “No podemos depender para terminar de entender la realidad de lo que pasó solamente de las explicaciones que nos van a dar”, apuntó.

Como tercer punto, citó que se debe entender y terminar de readecuar las capacidades de defensa de la nación ante las nuevas amenazas. “Hoy por hoy, Paraguay no tiene una hipótesis de conflicto convencional con sus vecinos, pero tenemos que fortalecer nuestras capacidades para luchar contra el narcotráfico, contra el crimen organizado y contra los ciberataques”, indicó.

Latorre cuestionó que como país existe una gran vulnerabilidad en el marco de la ciberseguridad, lo que ya ocurrió con el ataque de China Continental, y en su momento fue denunciado, y ahora nuevamente con el Brasil.

“Es fundamental sostenernos en las capacidades, en las capacidades de nuestros aliados en este momento, pero tenemos que aspirar como un aire vital a la capacidad de poder valernos por nosotros mismos y defender nuestro ciberespacio, porque allí ya no se encuentra el futuro, se encuentra el presente en cuanto a defensa, en cuanto a transacciones financieras y económicas, en cuanto a información vital y sensible para la administración del Estado”, puntualizó.

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La diputada Rocío Abed instó al esclarecimiento vía Ministerio de Relaciones Exteriores del supuesto operativo de hackeo contra autoridades paraguayas por parte de Brasil, hecho que calificó como un atentado a nuestra soberanía. De acuerdo a la aclaratoria emitida por el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva esta operación se habría realizado entre abril del 2022 y el 17 de marzo del 2023, período de la presidencia de Jair Bolsonaro.

“Estamos hablando de un período anterior, en ese documento se afirma que esta supuesta operación fue autorizada durante el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro en junio del 2022. Un atentado contra la soberanía de la República del Paraguay y nosotros desde este Parlamento exigimos a nuestra Cancillería que estos hechos sean esclarecidos”, dijo la diputada Abed, líder de la bancada de Honor Colorado ante el pleno de la Cámara Baja.

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Sostuvo que el Gobierno paraguayo no puede permitir este tipo de situaciones, de espionaje a sus autoridades. “Nosotros no podemos permitir que esto suceda, tenemos que pedir como nación a través de nuestra Cancillería que se arbitren todos los canales diplomáticos pertinentes para que este hecho quede plenamente esclarecido”, apuntó Abed.

Agregó que “no es una cuestión menor, esto es gravísimo lo que se acaba de dilucidar, de ver, de mostrar al mundo y nosotros; no podemos quedarnos ni ciegos ni miopes ante esto”. Sostuvo que la Cancillería debe utilizar todas las vías, los medios y arbitre, active todos los mecanismos y protocolos para esclarecer esta situación.

Por otra parte, Abed cuestionó que la situación dada en períodos anteriores, de Jair Bolsonaro y Mario Abdo Benítez, recordando el acta “entreguista” llevado adelante por el entonces gobierno paraguayo con relación al acta de la Itaipú.

“Este señor Bolsonaro, imperialista, atacando a la soberanía del pueblo paraguayo autorizó este hackeo y no descarto la supuesta connivencia de actores que, en el pasado, para ser concretos, el presidente Mario Abdo y sus secuaces con el acta entreguista, incluso haya habido una connivencia en ese hackeo. Un Bolsonaro imperialista y un presidente paraguayo de ese entonces y sus secuaces entregadores, así como quedó palpable y objetivo en esa acta entreguista”, sentenció.

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La coordinadora del Museo de la Justicia, Rosa Palau, aclaró que el grupo de dirigentes opositores que ocasionó disturbios frente al Poder Judicial, con la finalidad de acceder a la explanada y al Museo de Justicia, no siguió el protocolo establecido para el ingreso, por ende, no contaba con una autorización oficial.

“Ellos no pidieron autorización para ingresar al museo. Habían presentado un nota el pasado 20 de marzo, indicando que querían reunirse y conversar para la entrega del expediente de la causa judicial Rodrigo Quintana y de esa manera dejarlo para su preservación en el museo”, indicó al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Palau señaló que incluso solicitaron a una de las firmantes, de nombre Marlene Orué, acudir previamente hasta el museo con el fin de exponer sus pretensiones y coordinar acciones. “Nosotros no podemos recibir donaciones sin autorización de la Corte Suprema de Justicia. Todo el fondo documental del museo está declarado como patrimonio intangible de la humanidad”, explicó.

Asimismo acotó: “Esto no quita que no queramos en estos 35 años de democracia incorporar otras causas, pero las mismas deben estar finalizadas con sus últimas sentencias, tanto a nivel nacional como a nivel de Corte Interamericana. Pueden ser causas emblemáticas y ser materiales de consultas para los investigadores que visitan el museo. Nosotros no somos archivo”.

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Palau detalló que tras el encuentro con la dirigente opositora se le solicitó remitir una nota al presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, argumentando las razones sobre sus pretensiones de querer incorporar el expediente de la causa judicial de Quintana al Museo de Justicia.

Agregó que ayer 31 de marzo, fecha en que acontecieron los incidentes, se marcó un encuentro entre el director del museo, José Agustín Fernández, los padres de Quintana y la dirigente Marlene Orué para las 10:00.

“Llegó la hora y ellos no se presentaron. No estábamos enterados que se armó una manifestación al frente. Dijeron que autoricé el ingreso, pero yo no puedo hacerlo. El mecanismo para el ingreso al museo es mediante un agendamiento, se llama por teléfono, se da una dirección electrónica y los visitantes remiten la lista de personas, el horario, fecha y hora”, contó.

Palau siguió argumentando que “esto se hace con el fin de brindar a los visitantes toda la seguridad y comodidad para realizar el recorrido. No estaba agendada la visita para el número de personas (dirigentes opositores), sí para los padres de Rodrigo y de la señorita Marlene”, dijo.

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