Senadores alertaron sobre el uso de un discurso por parte de autores políticos que buscan instalar la supuesta criminalización contra la lucha social ante la intención de un sector campesino de pretender la derogación de la ley que tipifica como crimen las invasiones a la propiedad privada que contempla penas de entre 6 y 10 años. Lamentaron que se intente presionar a la Cámara Alta, para intentar torcer con el uso de la fuerza y el chantaje las decisiones que ya fueron tomadas institucionalmente.
“La ley de aumentar las penas tuvo un resultado muy positivo, de hecho muchas veces se promulgan leyes que uno cree que no tendrán resultados inmediatos o bajo acatamiento, pero sin embargo de acuerdo a las informaciones que tenemos por parte de la policía prácticamente desaparecieron las nuevas invasiones y yo deduzco de que básicamente las invasiones se hacían, por un lado, de manera consciente y muchas veces manipuladas con mentiras de ciertos dirigentes o personas que están en ese negocio con la promesa de que se logrará la expropiación o de la lucha social”, dijo el senador del Partido Patria Querida (PPQ) Stephan Rasmussen.
En ese sentido, mencionó que el flagelo no constituye un camino para dar una solución definitiva a la problemática de la tierra. Las declaraciones del parlamentario surgen ante la intención de sus colegas del Frente Guasu (FG) de impulsar la derogación de la normativa que fue promulgada en setiembre del pasado año.
“Nos mantenemos que las invasiones a las propiedades privadas sean públicas o privadas son un delito, definitivamente no es el camino ni la solución para ver la problemática de la tierra. El aumento de las penas lo que comprobó es que había un gran negociado, entonces no vemos ninguna razón por la cual sea razonable y lógico para la República disminuir las penas, si aumentándolas se disminuyó este delito, claramente funciona su aplicación”, sostuvo.
La lucha social consiste en reclamos justos
Por otra parte, Rasmussen fue contundente en manifestar que la ley que tipifica como un crimen las invasiones a las propiedades privadas no apunta a condenar la lucha social, la cual debe centrarse en reclamos justos y no en cometer delitos.
“No se criminaliza la lucha social como muchos quieren instalar porque una lucha social no se puede basar en el delito, no se puede basar en invadir, robar o irme con armas a una despensa, por ejemplo, a robar mercaderías, estos son delitos y no una lucha social, la cual consiste en un reclamo justo en que el Estado tiene que brindar todas las oportunidades a todos los ciudadanos tanto en el sector de salud, educación y seguridad”, sentenció.
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Las declaraciones de Rasmussen fueron respaldadas por su colega del oficialismo colorado Enrique Bacchetta, quien lamentó que se intente mediante el uso de la fuerza revertir la vigencia de la norma y no apuntar en trabajar de forma seria para que varios compatriotas puedan acceder a tierras.
“Me parece lamentable que quieran modificar esta ley aprovechándose de las protestas y reclamos de los sectores campesinos, creo que con este tipo de actitud de tratar de utilizar la fuerza para revertir algo que no se puede llevar adelante institucionalmente es lamentable. Las invasiones son un flagelo y crimen que en forma permanente y sistemática se está dando en Paraguay y siempre hablan de que en el país hay desigualdades, y sí puede existir, pero quiero manifestar que con un poco de trabajo serio todos los paraguayos pueden tener sus tierras, sus títulos”, indicó.
La nueva onda es presionar y apretar al Senado
Finalmente el colorado dijo que la “nueva onda” consiste ahora en presionar a la Cámara de Senadores mediante chantajes y amenazas para lograr requerimientos. “Se quiere hacer de forma permanente el fogoneo para tratar de cambiar y torcer lo que no se puede llevar adelante institucionalmente, se busca forzar cometiendo delitos, crímenes, invadir las propiedades, tratando de romper todos los esquemas y eso no está bien. La nueva onda es presionar y apretar al Senado, generar destrozos, forzar y no es bueno utilizar el lenguaje del chantaje, de amenazas para derogaciones”, refirió.
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