El nuevo viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Alberto Romero Benítez, asumió este jueves el cargo con el desafío de reimpulsar los mecanismos interinstitucionales para tratar de descomprimir el sistema penitenciario. Observó que solo el 35% de un total de 15.500 reclusos del país cuenta con condenas firmes y ejecutoriadas.
Benítez Romero, de profesión abogado, fue designado ayer jueves como nuevo viceministro en sustitución de Rubén Maciel Guerreño, quien presentó su renuncia indeclinable al cargo el 23 de febrero pasado, el mismo día en que asumió el nuevo ministro de Justicia, Édgar Olmedo. Este último reemplazó a Cecilia Pérez en esa cartera de Estado.
El nuevo encargado de Política Criminal observó que uno de sus principales desafíos será el de buscar la agilización de los procesos para tratar de revertir el bajo porcentaje de casos finiquitados que actualmente se observa. “Tenemos más de 15.500 personas que están privadas de libertad y el grado de gente que está condenada orilla entre el 35% y el 40%. De ese total de recluidos tenemos una gran cantidad que todavía está en proceso, algunos todavía no tienen condena”, explicó.
Al respecto, dijo que como primera medida recurrirá al Departamento de Seguimiento de los Procesos Judiciales y al Ministerio de la Defensa Pública para dar seguimiento a los procesos en forma coordinada a fin de que se le preste la atención legal requerida a aquellas personas privadas de libertad.
“Reunirnos también con la gente del Poder Judicial, Ministerio Público a fin de elaborar acciones a corto y mediano plazo para poder ir mejorando y descomprimiendo el sistema penitenciario”, remarcó.
Emergencia penitenciaria
El nuevo viceministro recordó también que se mantiene el estado de emergencia penitenciaria que se había establecido ante el déficit y hacinamiento en las cárceles del país, la mayoría de ellas sobrepasadas en su capacidad.
Auguró que esa situación podrá revertirse con las aperturas de las cárceles de las ciudades de Emboscada y de Minga Guazú, que se encuentran en su etapa final de construcción y que servirán para albergar a reclusos condenados. Dijo que seguirán además trabajando por la formación integral de los agentes penitenciarios y con la Dirección de Reinserción Social.
“Y trabajar con los diversos sectores, porque a la hora de construir políticas públicas no solamente el Estado es el que tiene el rol fundamental, sino que también tenemos que darle participación a todos los sectores que deben involucrarse para tener un resultado óptimo”, añadió Romero Benítez en conversación con la radio 1000 AM.