Este sábado 16 de noviembre se cumplen 23 años del secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, quien fue tomada en el interior del parque Ñu Guasu y su liberación se registró 64 días después. En aquel año la palabra secuestro marcaba la agenda del país y las autoridades del Gobierno de entonces no pensaron que este hecho marcaría el comienzo del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

María Edith, quien para sus amigas era Nika, iba normalmente a realizar caminata en horas de la mañana en el parque Ñu Guasu y ese día no fue la excepción. En su recorrido diario pasó a buscar a su amiga Elizabeth Gunther de Niedhammer. Ambas no se imaginaban que la camioneta en la que estaban circulando era seguida por un grupo de delincuentes que perpetrarían el secuestro.

Luego de realizar la caminata correspondiente por el parque, María Edith y su amiga iban con normalidad hasta el estacionamiento, eran las 9:15 aproximadamente cuando de forma repentina y abrupta fueron sorprendidas por tres personas fuertemente armadas que de forma muy violenta hicieron subir a María Edith a su propia camioneta, mientras que la amiga fue separada de ella y los secuestradores se dieron a la fuga.

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Ante lo sucedido Elizabeth Gunther, amiga de María Edith, llamó de inmediato al esposo de la secuestrada, el ingeniero Antonio Debernardi, a comunicarle lo sucedido. El esposo de María Edith denunció el hecho y las autoridades iniciaron la investigación correspondiente.

Pasaron horas del secuestro y la fiscal de Luque Rosa Noguera realizó 20 allanamientos y la Policía Nacional realizaba sobrevuelos en helicóptero en las inmediaciones de Ñu Guasu. A las 11:00 del mismo día la Policía Nacional halló la camioneta de la víctima en cercanías del Club Internacional de Tenis, pero nada se sabía de la misma y sus secuestradores.

Pasaron 64 días y los secuestradores habían entregado las pruebas de vida a la familia que fueron dos fotos. Tras ese hecho se llevó a cabo el primer pago de USD 400.000 que se realizó el 14 de enero de 2002, mientras que el segundo para completar el dinero solicitado fue el 18 de enero del mismo año. El 19 de enero de 2002 Antonio Debernardi recibió la llamada esperada donde se le comunicaba que su esposa sería liberada.

Los secuestradores de María Edith hicieron que la mujer se vista con ropas de hombre. Le taparon los oídos con algodón y los ojos con curitas, le pusieron un kepis, lentes oscuros y la alzaron a un vehículo en marcha.

Posteriormente los secuestradores dejaron a la víctima sobre las calles Coronel Cabrera y Santa Teresa de Asunción, donde se encontró con su familia. María Edith pudo reconocer a Carmen Villalba y Alcides Oviedo, líderes del EPP, como los responsables del secuestro. Igualmente saltaron otros nombres que fueron procesados por el mismo hecho.

José Tomás Rosa, su esposa Nidia Espínola y De los Santos Saldívar fueron los primeros condenados por el caso. Rosa fue asesinado en enero del 2011. Por su parte, Alcides Osmar Oviedo Brítez, Carmen María Villalba Ayala y Aldo Damián Meza Martínez fueron condenados a 18 años de prisión. Sin embargo, siguen prófugos Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, quienes actualmente están refugiados en Finlandia.

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Este jueves fue publicado el informe oficial de la prueba de nitrito y nitrato en el caso del fallecimiento del diputado Eulalio “Lalo” Gomes, ocurrido durante el allanamiento en su domicilio el 19 de agosto pasado en el marco del operativo Pavo Real II. El resultado de la prueba dio negativo.

Tras darse a conocer el documento el ministro del Interior, Enrique Riera, indicó que la postura tanto de la institución a su cargo como de la Policía Nacional es aguardar la conclusión de la Fiscalía con todo el conjunto de pruebas recabadas en el marco de este hecho. Afirmó que el informe “no es concluyente”.

“Lo más prudente y la posición oficial del Ministerio y de la Policía es, esperemos con paciencia y con fe a que la Fiscalía, con el conjunto de las pruebas hagan la valoración y tomen su propia conclusión”, expresó el secretario de Estado al programa “Dos en la ciudad” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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El ministro ratificó la versión inicial de la Policía, de que el arma que pertenecía a Gomes se disparó, y que la prueba de parafina no es el único elemento con que se cuenta en este proceso de investigación. “Hay otras formas en las que se prueban estos hechos. La Policía sostiene que además de la extracción de parafina se hace también el hisopado y el hisopado habría dado positivo, y también hay un montón de elementos que van a conformar y confirmar la versión que se tuvo desde el día uno”, apuntó.

Indicó que todo el procedimiento y cómo se dieron los hechos está escrito y publicado, y en este caso, aguardan los resultados finales de la investigación de la Fiscalía General del Estado con todos los elementos. Afirmó que este informe no es concluyente a la investigación.

“Sí es (de la Fiscalía), pero no es concluyente. No siempre la falta de muestra de parafina, de nitritos en la mano del tirador es definitiva y no es la única tampoco, porque hay algunas preguntas que la Fiscalía va quitar a la luz de otros hechos probatorios. ¿Quién disparó la pistola? Y si la pistola está disparada ya tiene que explicarse por lo menos quién disparó”, sentenció.

El informe técnico balístico del Ministerio Público cita todos los elementos que fueron recolectados de la escena del hecho, como muestras ambas manos, puños de ambas manos, antebrazos y heridas, entre otros. Los estudios realizados son de investigación de plomo, investigación de bario, investigación de nitrito.

La conclusión de estos estudios técnicos señala que “no se detecta la presencia de nitritos, plomo y bario, bajo el criterio de investigar la presencia de residuos de disparo de arma de fuego”. Así también indica que “en la muestra M1 (rotulada como emitorax lado izquierdo) se detecta la presencia de plomo y bario, bajo el criterio de investigar la presencia de residuos de disparo de arma de fuego, en la muestra M1 no se detecta la detecta la presencia de nitrato”.

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El ministro del Interior, Enrique Riera, habló sobre la instalación de un grupo de policías municipales en el distrito de Yaguarón, Paraguarí, que está generando reacciones encontradas. Riera explicó que la única fuerza pública habilitada constitucionalmente es la Policía Nacional.

Adelantó que convocarán al intendente de Yaguarón, Luis Rodríguez, para conversar y aclarar en qué condiciones fue instalada la Policía Municipal, y también aclarar las limitaciones de la misma.

“Con este precedente, para que no se repita en todos los municipios, y para que no tengamos un conflicto innecesario, vamos a elaborar un dictamen sólido, que se está preparando. Vamos a convocar al intendente o, nos iremos a hablar con él allá y encontraremos la forma de resolver el problema y limitar sus funciones dentro del marco de la Constitución y las leyes, con mucho respeto”, dijo en entrevista para el programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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El dictamen que está siendo elaborado por el Ministerio del Interior será presentado a la propia intendencia, solicitando y explicando los límites que tienen las competencias municipales en relación al tema de la seguridad.

Sin embargo, si no se llega a un acuerdo con la intendencia, Riera adelantó que se podría recurrir a la justicia. “Esa es la última carta, yo creo que hay que agotar el diálogo y si finalmente no se entienden razones, recurrir a la justicia, porque no se puede hacer justicia con manos propias”, aseveró.

El ministro sostuvo que existe una sola policía nacional, y es la única que tiene el monopolio de las fuerzas públicas, y que tiene la aplicación y la posibilidad como auxiliar de la justicia de hacer desalojos, aprehensiones y detenciones. Mientras que la policía municipal tiene sus limitaciones.

“Las policías municipales tienen sus límites, tienen competencia en tránsito, tienen competencias muchas veces, pero a través de inspectores no de policías, de establecer cumplimiento de ordenanzas, pero de ahí a que estén armados, con cara cubierta y cumpliendo funciones propias hay una superposición con la función de la Policía Nacional”, aclaró.

Por otra parte, Riera indicó que probablemente la decisión del intendente fue en buena fe, sin embargo, existen otras alternativas para que la intendencia pueda coadyuvar en el ámbito de la seguridad ciudadana.

“En el caso de la intendencia hay un trabajo en otros casos de mucha colaboración, porque seguridad en su amplio espectro es muchas veces, iluminar una plaza, generar actividades culturales, deportivas, generar actividades lúdicas, encontrar la fórmula de construir para apoyar a la Policía casetas, instalación de cámaras. Hay muchas cosas que podamos hacer conjuntamente”, sentenció.

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“Si uno entierra a su hijo, ahí termina el calvario. Yo, por ejemplo, cuando entierre a mi hijo sabré dónde está, podré ir a visitar esa tumba, y estaré en paz, pero nosotros hasta hoy nunca podemos hacer algo así, porque hasta ahora no sabemos dónde están los restos de mi hijo, o si está vivo o muerto”, reflexiona dolida la madre de Edelio Morínigo, doña Obdulia Florenciano, en conversación con La Nación / Nación Media.

Esa es la realidad que ella vive, una realidad dolorosa. Su indignación es entendible porque un día como hoy, hace dos años, Carmen Villalba, la mujer considerada miembro clave del grupo criminal autodenominado como Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), tuvo el privilegio de dar el último adiós a su hermano Osvaldo Villalba, líder del EPP. Recordemos que este grupo criminal es el responsable de varios secuestros en nuestro país, de los cuales, de tres víctimas no se sabe nada: Edelio Morínigo, Félix Urbieta y Óscar Denis.

Osvaldo Villalba, junto con Luciano Argüello y un hombre indígena con el alias de Simón, fue abatido por la Fuerza de Tarea Conjunta en el marco de un operativo que se realizó el domingo 23 de octubre del 2022, en Cerro Guazú, departamento de Amambay. Tras la autopsia correspondiente, el cuerpo fue entregado a los familiares y ese 25 de octubre de 2023, el féretro llegó hasta la intersección de las avenidas Mariscal López y Choferes del Chaco, paralizando no solo tránsito asunceno sino la tarde paraguaya.

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Tras la negativa de las autoridades de que la reclusa Carmen Villalba pueda salir para participar de la inhumación de su hermano, por ser considerada presa peligrosa, comenzó el trabajo de los abogados para que el féretro pueda ingresar a la penitenciaría. Los abogados como de la familia Villalba comenzaron a presionar para que se diera el ingreso de los restos del líder del EPP a la cárcel del Buen para que Carmen pueda despedirse de su hermano.

El ingreso inmediato se vio truncado y empezó el ir y venir de manera casi circense del féretro que se “paseó” entre el cementerio de la Recoleta hasta el portón de ingreso del centro de reclusión, en más de una ocasión, en medio de gritos de familiares y bocinazos.

A la confusión ciudadana por el cierre de las arterias, las altas temperaturas, los gritos de familiares, se sumó una amenaza de motín por parte de algunas reclusas. Tras esto se activaron las alarmas de las autoridades del Ministerio de Justicia y autorizaron el rápido despliegue de seguridad, que terminó por completar el escenario de esta atípica jornada de la historia nacional.

Si bien inicialmente las autoridades del Ministerio de Justicia se negaron y parecían que mantendrían la negativa para evitar el acceso del féretro, posteriormente, y tras la presión, decidieron doblegarse y acceder a la petición de Carmen Villalba y los abogados de la familia. Así, permitieron que el féretro acceda por varios minutos al penal del Buen Pastor, para posteriormente dirigirse en medio de una breve caravana hasta el cementerio de la Recoleta.

El hecho generó una indignación generalizada debido al poder que demostraron seguir ejerciendo los Villalba sobre las autoridades en ese momento. El EPP hasta el día de hoy tiene en su poder a tres secuestrados: al oficial Edelio Morínigo, al exvicepresidente Óscar Denis y al ganadero Félix Urbieta, además de cargar con la muerte de varias personas.

Los comentarios en redes sociales fueron tajantes en contra de permitir que una reclusa de alta peligrosidad pueda acceder a un privilegio tal, con mínimas medidas de seguridad y casi sin previa preparación. Autoridades de diferentes estamentos se pronunciaron desaprobando la manera en que el gobierno de Mario Abdo Benítez actuó en ese momento.

Nada fue más doloroso como ver el rostro de desconcierto de los familiares de quienes aún no han regresado a sus hogares por ser víctimas del EPP y que siguen esperando dar un abrazo, o quizás, una despedida a su ser querido.

“Hoy murió la razón, cuánto dolor me causas, mi querido Paraguay; en estos casos vale la pena que nuestro mensaje llegue fuerte y claro a aquellas mentes abiertas y empáticas que puedan sentir nuestro dolor y nuestra desazón. Les pedimos que escuchen nuestro mensaje, hoy murió la razón, el sentido común, el deseo de hacer bien las cosas y de buscar la paz”, era parte del mensaje que daba una desconsolada Lilian Urbieta, a quien se la veía sola en una mesa clamando por un poco de empatía.

Durante este discurso, miles de paraguayos vieron a una hija que sigue esperando a un padre que le fue arrebatado, una mujer que clamaba por Justicia, por una respuesta, una joven paraguaya que, al igual que muchos, era víctima. Y ese día sintió que no estaba al mismo nivel que una mujer condenada por crímenes graves en contra de sus propios compatriotas, quien sí tuvo el privilegio de decir adiós a su familia.

Con la noche de por medio y ya luego de las decisiones políticas, como la destitución de quienes permitieron el acceso del féretro de Osvaldo Villalba al penal del Buen Pastor, las hijas del expresidente Oscar Denis brindaron una declaración pública, no menos dolorosa que la de cualquier otro familiar, víctima de un grupo armado que mantiene en zozobra a familias inocentes y, aún así, continúan actuando a su voluntad.

“El golpe de ayer para nosotros fue muy duro, nos dieron una bofetada más y bastante fuerte. Hoy nos levantamos de nuevo porque esa es la lucha, en cada caída volver a levantarse, en cada golpe volver a luchar, resistir. Hoy nuevamente de pie y con más fuerza aún para exigir al Gobierno resultados, que es que vuelvan los tres”, indicó Beatriz Denis.

Hoy, a dos años de aquel suceso que marcó la historia de los secuestros en nuestro país, la búsqueda de estas tres personas continúa activa por parte del gobierno. Actualmente existe una recompensa millonaria aprobada por el presidente Santiago Peña por información certera que permita localizar a los integrantes del citado grupo criminal.

Recientemente, las hermanas Carmen y Laura Villalba fueron trasladadas de penitenciaría y guardan reclusión bajo el régimen de máxima seguridad en la cárcel de Minga Guazu, donde reciben apenas dos horas al día de receso vigilado y a solas fuera de celda.

• Osvaldo Villalba fue abatido por la Fuerza de Tarea Conjunta durante un operativo en Cerro Guazú, el domingo 23 de octubre del 2022.
• El martes 25 llegó su féretro hasta el Buen Pastor para que su hermana Carmen Villalba, recluida en el lugar, pueda darle el último adiós.
• La intención clara tanto de los abogados como de la familia Villalba era que se diera el ingreso de los restos del líder del EPP de manera inmediata, pero esto no pasó.
• Tras varios minutos de resistencia por parte de las autoridades, y tras una amenaza de motín, finalmente ingresó el féretro al Buen Pastor, causando una oleada de indignación ciudadana y el dolor inconmensurable de los familiares de víctimas de secuestro que aún no volvieron.

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