Ante el cierre de rutas realizado por transportistas ante la suba del combustible, el ex fiscal general del Estado, Óscar Germán Latorre, dijo que los responsables deben ser imputados ante la comisión de varios hechos punibles de forma directa y sistemática en contra del libre tránsito.
“El alza de los precios de los combustibles nos perjudica a todos, empleadores y trabajadores, transportistas y usuarios sufrimos el impacto por igual. La preocupación de los transportistas es razonable, pero claramente equivocan el camino. Protestan contra el Gobierno, pero sus acciones perjudican a toda la ciudadanía”, manifestó.
Al respecto, Latorre instó a la Policía Nacional y al Ministerio Público a intervenir inmediatamente en el conflicto, teniendo en cuenta que varios transportistas anunciaron que continuarán con el cierre de rutas hasta la sanción y promulgación del proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo que crea el fondo de estabilización de precio del combustible.
“La Policía Nacional y el Ministerio Público tienen el deber de intervenir, imputar a los responsables del bloqueo, incautar sus camiones y vehículos y restaurar de esta manera el orden público. No se puede seguir negociando con quienes violan la ley y cometen hechos punibles”, sostuvo.
Sistema de extorsión y perjuicio
Finalmente, el abogado calificó la medida adoptada como un sistema de extorsión que fue instalado desde hace tiempo y abogó por que la misma sea erradicada como medida de protesta. “La justicia y la razonabilidad del reclamo no autoriza a nadie a cerrar las vías de comunicación impidiendo el libre tránsito al que toda persona tiene derecho. Los transportistas están cometiendo delitos y lo están haciendo en forma reiterada y sistemática. Han instalado este sistema que nos extorsiona y perjudica a todos en ocasiones anteriores y esto debe acabar”, sostuvo.
Ante la problemática, el ministro del Interior, Federico González, comunicó hoy a los manifestantes que se usará la fuerza para despejar los caminos y rutas del país para garantizar el libre tránsito de los ciudadanos que no se adhieren a las protestas. Anunció que la Policía Nacional tiene instrucciones de negociar primeramente y, de no arribar a un acuerdo, apelar a la ley.