El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, convocó a sesión extraordinaria para tratar el pedido de enjuiciamiento político de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez. La convocatoria se da para mañana miércoles, a las 11:00, luego de la sesión ordinaria que está prevista para las 8:30.
El libelo acusatorio contra Quiñónez fue presentado ayer lunes por la diputada Kattya González, quien acercó las documentaciones a la mesa de entrada de la Cámara de Diputados, y será puesto a consideración del pleno en la sesión extraordinaria.
Para aprobar el libelo acusatorio contra la titular del Ministerio Público se requiere de una mayoría de dos tercios (2/3) de los presentes, con la aprobación se activa el proceso del juicio político. En este proceso, la Cámara de Diputados debe asignar a los fiscales acusadores para argumentar las causales del enjuiciamiento ante la Cámara de Senadores que actuará de juez en el proceso. De aprobarse por el pleno, la fiscala será destituida del cargo.
El documento cuenta con 13 causales contra la fiscala general, con una documentación de más de 2.000 páginas de acuerdo a los propulsores del libelo. Hasta el momento no está seguro que se pueda lograr los 53 votos requeridos, ya que existe una importante división, principalmente en el sector liberal, mientras tanto la bancada de Honor Colorado ya expresó su postura de no acompañar el proceso de enjuiciamiento.
La semana pasada, la diputada Kattya González adelantó que el libelo ya sería presentado en la sesión ordinaria del miércoles pasado, pero no fue presentado. Ahora, con la presentación del documento, el presidente de la Cámara Baja ya realizó la convocatoria para tratar el libelo.
El artículo 225 de la Constitución Nacional establece que la acusación será formulada por la Cámara de Diputados por mayoría de dos tercios. Corresponderá a la Cámara de Senadores, por mayoría absoluta de dos tercios, juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados y, en caso, declararlos culpables, al solo efecto de separarlos de sus cargos. En los casos de supuesta comisión de delitos, se pasarán los antecedentes a la justicia ordinaria.