En el 2019 se emitió la Resolución Nº 356 a través de la cual el Ministerio del Interior dis­puso la prohibición de la comisión de los personales policiales a institucio­nes públicas o privadas que no están establecidas por la Constitución Nacional.

Al parecer, el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio desconoce o simplemente desoye esta resolución en vista a que él mismo admitió en una entrevista a Canal GEN que actualmente cuenta con custodia policial exactamente desde el 2006 a la fecha. “Desde el 2006 tengo seguridad conmigo porque siempre nos enfrentamos con el crimen organizado y esta es una vez más y estoy enfrentando al hombre más poderoso de la República”, expresó Giuzzio.

En la Resolución Nº 822, en el artículo 175 de la Consti­tución Nacional, se establece que entre las funciones obli­gatorias de la Policía Nacio­nal está preservar el orden público, proteger la vida, la integridad, la segu­ridad y la libertad de las per­sonas, de entidades y bienes. Además de prevenir la comi­sión de hechos punibles y fallas mediante la organiza­ción técnica, la información y vigilancia.

“Hay una muy buena comunicación entre la gente y Santiago Peña”, destaca exsenador

Precisamente fue el propio exministro, destituido por su vínculo con el narcotráfico, quien en su carácter de ministro del Interior, específicamente en setiembre del 2021, cuestionó el actuar de la Policía Nacional y la protección que brindaba a empresas y bienes de carácter privado, en vez de salvaguardar a la ciudadanía y luchar contra la delincuencia en las calles. Él mismo dijo que las guardias privadas no deberían existir. “Lo que se conoce como guardias privadas no debería luego existir. Ni siquiera hace falta una orden de un superior para que eso se dé. Es importante recordar que eso está vigente. El Ministerio del Interior va a reforzar la idea de que no deben haber guardias privadas a través de resoluciones”, había manifestado para La Nación.

En otro momento, se le consultó a Arnaldo Giuzzio sobre el proceso de alquiler para acceder a la casa donde estuvo de vacaciones en Brasil con el presidente del Congreso, Cachito Salomón, y una familia más. Hubo especulaciones de que la vivienda estaría vinculada a Alberto Koube, brazo logístico del narcotráfico, pero el exsecretario de Estado se limitó a decir que la casa pertenece a un brasileño, pero que no sabía el nombre y que el documento de arrendamiento fue firmado por él, por Salomón y un tercero.

“Hay un contrato de arrendamiento firmado por mí donde uno tiene que justificar el titular y el acompañante. La casa pertenecía a un brasileño, se llamó, se consultó y se obtuvo esa casa, entre los tres firmamos, yo lo único que les puedo asegurar es que no es cierto que se haya alquilado a este señor”, refiriéndose a Lindomar Reges Furtado, prófugo de la Justicia. Al finalizar, aseguró que cuenta con todos los documentos y que en su momento los mismos van a ser exhibidos.

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