El exdiputado del Partido Colorado y comunicador de la ciudad de Curuguaty Julio Colmán manifestó que de acuerdo a los datos que maneja el pastor José Insfrán, buscado en el marco del megaoperativo A ultranza Py por los presuntos delitos de narcotráfico y lavado de dinero, logró pactar con autoridades o funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) con la finalidad de seguir operando bajo la impunidad.

“Nosotros hicimos nuestro reclamo a la gente del Ministerio del Interior y en un momento dado dicen que la Seprelad le llegó al pastor porque él estaba muy entusiasmado con su candidatura y de repente bajoneó, dicen que le vino Seprelad y que transaron, que le dio 600 mil dólares a Seprelad para que le dejaran libre. Yo pasé esa información y me dijeron desde Asunción que si él dio esa plata, se jodió. No tengo los datos a quién se le dio, pero sí la cifra”, indicó en comunicación con la radio 1020 AM.

Ante la grave denuncia realizada por el dirigente político, desde el diario La Nación contactamos con el titular de la Seprelad, Carlos Arregui, quien dijo que desde la institución se encuentran abiertos a ser investigados. “Nosotros somos una unidad de inteligencia financiera y hemos estado trabajando para este procedimiento ya desde hace más de un año y no tengo conocimiento absolutamente sobre eso. No sé si hubo personas que invocaron el nombre de la institución, pero desde la institución estamos abiertos a cualquier tipo de investigación como debe ser”, expresó.

Agregó incluso que en el marco del operativo, desde la institución se proporcionó y recibió variadas informaciones por parte de las unidades de inteligencia financiera y estratégica de varios puntos de “la región y el mundo. Insisto, no tenemos ningún fundamento válido sobre esas declaraciones y en todo caso se le debería consultar a él. Estamos trabajando de forma coordinada en este proceso con los organismos internacionales de cooperación”, sostuvo.

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El operativo A ultranza Py sigue develando vínculos entre las altas esferas del Gobierno y sus detenidos, señalados como integrantes de una de las organizaciones más grandes a nivel regional encargada del tráfico de drogas a Europa. La investigación se inició a finales del 2019 y ya lleva 27 meses de trabajo entre la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en coordinación incluso con la DEA (Drug Enforcement Administration) de los Estados Unidos, la Policía de la Unión Europea (Europol) y la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) de la policía uruguaya.

La jueza Rosarito Montanía declaró ayer la rebeldía y pidió la captura de los imputados. Los operativos continúan y por el momento hay 8 detenidos. Los ciudadanos en rebeldía y con orden de captura son Sebastián Enrique Marset, Miguel Ángel Insfrán, Gianina García Troche, José Alberto Insfrán, Gilberto Esteban Sandoval, Marta Sofía Noguera y Diego Nicolás Marset.

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