El apoderado general del Partido Colorado, el abogado Eduardo González indicó que la criminalidad en el Paraguay es el resultado de la entrega de importantes ministerios relacionados al área de seguridad al sector de la oposición, principalmente a los referentes del Partido Democrático Progresista (PDP), el cual es conocido como la nucleación “familiar” presidida por el exministro del Interior Rafael Filizzola y la senadora Desirée Masi.
“Es terrible el avance de la criminalidad que estamos padeciendo y esto tiene su causa y efecto; el jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, con su alianza con el PDP, encabezado por la senadora Desirée Masi, le cedió todos los 5 ministerios y secretarías de seguridad y control. Se entregó el ministro del Interior, la Seprelad, Senad, Anticorrupción, Anticontrabando, desde hace más de 3 años”, sostuvo.
Desde un inicio, los opositores fueron premiados con altos cargos dentro del Gobierno, tal fue el caso del exagente fiscal Arnaldo Giuzzio, quien fue destituido el martes pasado del cargo de ministro del Interior a raíz de su supuesto vínculo con el capo narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués Padua, quien es uno de los narcotraficantes más buscados de Brasil.
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Anteriormente, incluso Giuzzio ocupaba la titularidad de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), que hoy se encuentra a cargo de Zully Rolón, quien también es del círculo del exalto funcionario y cuya destitución es solicitada por algunos legisladores, principalmente los del movimiento Honor Colorado, como los diputados Basilio “Bachi” Núñez y Walter Harms.
Otro de los cargos, como puntualizó González, es la Unidad Interinstitucional para la Prevención, el Combate y Represión del Contrabando, a cargo del exagente fiscal Emilio Fuster, quien días atrás incluso mantuvo una fuerte disputa con representantes del Ministerio Público, intentando ocultar la negligencia en su gestión.
Mientras que la Secretaría de Prevención de Lavado y Bienes (Seprelad) se encuentra manejada por el también exagente fiscal y concejal capitalino Carlos Arregui, así como la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) es manejada por el abogado René Fernández Bobadilla. Las gestiones de estos ministerios y secretarías fueron siempre duramente cuestionadas ante la ineficiencia, incluso siguen siendo usados como garrote político contra adversarios políticos, según opinó.