Al igual que la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), otro gremio internacional se manifestó a través de un comunicado sobre la situación de la Fiscalía General del Estado de Paraguay, en apoyo de su titular Sandra Quiñónez ante la posibilidad de un juicio político que es impulsado por diputados oficialistas en alianza con algunos sectores de oposición, en consecuencia al proselitismo del vicepresidente de la República.
La Federación Latinoamericana de Fiscales (FLF) brinda su apoyo a la fiscala general y observa como en riesgo los principios republicanos, al admitir presiones intolerables que traten de afectar la independencia e imparcialidad del Ministerio Público.
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La nota, emitida el pasado 20 de febrero, está respaldada por la presidenta del gremio, Susana Pernas, de la Asociación de Fiscales y Funcionarios de la Nación Argentina (AFFUN); junto a los vicepresidentes Ronald Segura, de la Asociación de Fiscales de Costa Rica, y Augusto Salas, de la Asociación de Fiscales del Paraguay.
En la actualidad, la Federación Latinoamericana de Fiscales (FLF) está integrada por asociaciones de once países, a la sazón: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
Texto completo
El comunicado destaca que el ataque político contra la titular del Ministerio Público paraguayo se funda en datos imprecisos y a hechos que corresponden a otros poderes del Estado. A continuación, el texto completo:
La Federación Latinoamericana de Fiscales viene reiterando hace tiempo, con profunda preocupación, que en varios países de la región, en donde se realizaron imputaciones a integrantes de los cuadros superiores de organizaciones transnacionales delictivas o a personas imputadas con alta trascendencia social, se ha pretendido atacar las investigaciones judiciales, desacreditando o amedrentando la persona de los operadores, en especial a los fiscales, sin que esos cuestionamientos se plasmen o tengan éxito en los remedios recursivos propios de un proceso judicial o de impugnación.
Consecuentemente, se observa que en varias oportunidades, se direccionó un indebido hostigamiento mediático e institucional en contra de los fiscales y procuradores generales, como jefe de los fiscales, amenazándolos con juicios políticos basados en impugnaciones genéricas a las políticas criminales implementadas en los Ministerios Públicos, soslayando, generalmente, las responsabilidades conjuntas con los otros poderes estatales y la escasa adjudicación de recursos para llevar adelante, de manera efectiva, la acción penal.
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La vinculación de los ataques con personalidades del ámbito de la política que fueron sometidas a proceso permite sospechar con claridad objetiva que existe una aparente intención de contaminar las investigaciones sobre importantes hechos de corrupción y cercenar las capacidades investigativas de la Fiscalía.
En ese marco, hemos observado que, en estos días, la fiscala general del Estado de la República de Paraguay, Sandra Raquel Quiñónez Astigarraga, ha sido cuestionada por un supuesto incumplimiento del rol constitucional atribuido al Ministerio Público, en base a datos imprecisos e incluso atribuibles a otros poderes del Estado paraguayo, negando el aval de los otros controles cruzados institucionales, tanto en el orden jurisdiccional como administrativo, que tiene la tarea de los fiscales.
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Por ello, alertamos a la comunidad jurídica de la región a estar alerta sobre la reiteración de estas irregularidades, exhortando a una prudencia especial, en este caso, de los organismos competentes de Paraguay, de modo tal que eviten que sus conclusiones afecten a los procesos penales en marcha y pongan en riesgo los principios republicanos, al admitir que presiones intolerables que traten de afectar la independencia e imparcialidad del Ministerio Público Fiscal.
Este llamado de atención, en modo alguno, pretende establecer una defensa corporativa de ningún fiscal o magistrado judicial, por el contrario, tiene el objetivo de poner de manifiesto la defensa de la institucionalidad y legalidad que les corresponde a los fiscales en el legítimo ejercicio funcional, en defensa de lo establecido en las constituciones nacionales y las leyes reglamentarias que rigen su ejercicio.