Durante una reunión de coordinación de alto nivel sobre Venezuela, realizada el pasado martes, los 20 países y la UE discutieron “la importancia de reanudar urgentemente en México las negociaciones y de que estas sean inclusivas y de buena fe”, dijo el Departamento de Estado estadounidense en un comunicado.

El Departamento de Estado dijo que “los siguientes socios participaron en esta reunión”: Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, España, Francia, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Panamá, Paraguay, Portugal, Suecia y Reino Unido.

El gobierno de Maduro, reelegido hace tres años hasta 2025 en controvertidos comicios, y la Plataforma Unitaria de Venezuela, que agrupa a la oposición venezolana, iniciaron el 13 de agosto conversaciones en Ciudad de México para poner fin a la aguda crisis política y económica del país, según un Memorando de Entendimiento.

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Pero las pláticas, bajo el auspicio de Noruega, fueron suspendidas en octubre por el gobierno de Venezuela en rechazo a la extradición a Estados Unidos de Alex Saab, acusado de ser el testaferro de Maduro y quien, según documentos judiciales revelados el miércoles, fue informante de la DEA en 2018.

En la reunión del martes, los participantes insistieron en la importancia de un marco de diálogo “para posibilitar unas elecciones legislativas y presidenciales creíbles, inclusivas y transparentes lo antes posible -no más de 2024″, según el Departamento de Estado.

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También se declararon dispuestos a “revisar las políticas de sanciones si se registraran avances considerables en el marco de estas negociaciones”. El fin de las sanciones internacionales a Caracas, que cierran vías de financiamiento al gobierno, es una de las principales demandas del campo de Maduro.

En la reunión de alto nivel los participantes también destacaron “la necesidad de llegar a un acuerdo sobre un organismo electoral independiente e imparcial”. E insistieron en las condiciones necesarias para la institucionalidad democrática: elecciones “libres y justas”, liberación “inmediata e incondicional” de todos los detenidos arbitrariamente, independencia del poder judicial, derecho de participación política y libertad de expresión, y fin de las violaciones de los derechos humanos.

Estados Unidos reiteró su llamado a retomar con celeridad el “proceso de diálogo de Venezuela” durante una sesión virtual del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), convocada para analizar la migración venezolana en la región.

Venezuela, gobernada por Maduro desde 2013, vive una debacle social y económica que ha forzado en los últimos años la salida del país de más de 6 millones de personas, según la ONU. “Maduro, el mal manejo económico del régimen y la represión política son las causas fundamentales de esta crisis humanitaria”, enfatizó el representante estadounidense ante la OEA, Bradley Freden.

Los países americanos deben brindar asistencia a los migrantes y refugiados venezolanos, pero al mismo tiempo, “abordar la raíz de la crisis”. “Debemos apoyar los esfuerzos del pueblo venezolano para la restauración pacífica de la democracia a través de elecciones libres y justas, logradas a través de un proceso negociado liderado por Venezuela”, señaló Freden.

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Colombia, que recibió casi un tercio de toda la migración venezolana, hizo un fuerte llamado a la región a “apoyar el restablecimiento de la democracia en Venezuela”. “No va a haber solución a los males que está viviendo la región por esta migración si no hay una elección presidencial libre, ojalá pronta, en Venezuela con acompañamiento de la comunidad internacional”, dijo la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez.

El embajador de Uruguay ante la OEA, Washington Abdala, coincidió: “El generador de este cáncer es la dictadura”, dijo, y llamó a todo el continente a trabajar “en coincidencia” para ayudar a superar el “quebranto del estado de derecho” en Venezuela.

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“Mientras una dictadura siga usurpando el poder en Venezuela no habrá” poder capaz de contener a los venezolanos, advirtió el representante venezolano Gustavo Tarre, delegado del líder opositor Juan Guaidó, que la OEA reconoce como única autoridad legítima por considerar irregular la reelección de Maduro en 2018.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, duro crítico de Maduro, no se refirió a las conversaciones en México, pero dijo que, de prolongarse la situación en Venezuela, en 2022 se llegará a los 7 millones de refugiados venezolanos. Y, como muchos países durante la sesión, elogió como “histórico” el Estatuto Temporal de Protección implementado por Colombia para regularizar e integrar a los más de 1,8 millones de venezolanos que llegaron al país.

Las autoridades venezolanas arrestaron desde noviembre a 21 personas, incluidos varios exfuncionarios chavistas, por supuestos vínculos con el narcotráfico, informó el fiscal general Tarek William Saab, y explicó que los detenidos estaban a “disposición de una organización criminal colombiana y se valían de sus credenciales para burlar las revisiones en las alcabalas (retenes policiales)” para transportar droga hacia islas del Caribe.

Los primeros arrestos se concretaron el 7 de noviembre de 2021, con la detención del exdiputado suplente Luis Viloria junto a otras seis personas cuando transportaban 336 kilogramos de cocaína en tres camionetas, detalló Saab. Como resultado de las investigaciones, el 27 de enero de este año fueron aprehendidas la exdiputada Taína González y la alcaldesa Keyrineth Fernández, ambas militantes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

El 2 de febrero fueron detenidos dos ciudadanos que se hacían pasar por funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro para traficar drogas. “No tenían la cualidad de ser funcionarios, pero se hacían pasar con credenciales falsas”, remarcó el fiscal. Saab indicó además que los detenidos responderán por cargos de tráfico de drogas, asociación para delinquir y blanqueo de capitales.

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Hasta el momento se han confiscado 490 kilogramos de cocaína y realizado 49 allanamientos. También hay nueve órdenes de detención por ejecutar. A los arrestos se suman dos operaciones ejecutadas entre el 6 y 8 de febrero por agentes antidrogas venezolanos que llevaron a la destrucción de varios campamentos para la producción de estupefacientes en el municipio de Jesús María Semprúm, en Zulia, estado fronterizo con Colombia.

“Fueron erradicadas 341.000 plantas de coca distribuidas en 31 hectáreas”, recalcó Saab en declaraciones transmitidas por el canal gubernamental VTV. El gobierno de Venezuela, asfixiado por sanciones financieras para presionar la salida del presidente Maduro, ha sido acusado por Estados Unidos de mantener vínculos con el narcotráfico, lo que Caracas desmiente. En marzo de 2021 las autoridades estadounidenses acusaron a Maduro y varios de sus funcionarios de “narcoterrorismo” y ofrecieron hasta 15 millones de dólares por información que permita el arresto del mandatario chavista.

Fuente: AFP.