El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) aún está pendiente de remitir al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) la resolución sobre la suspensión de las elecciones para la renovación de autoridades. No obstante, el senador Dionisio Amarilla manifestó que serán respetuosos de lo que decida esta institución y esto no significa que dé marcha atrás en sus pretensiones de liderar su partido.

“Las aspiraciones de presidir el partido no pueden ser tan livianas y que caigan por el solo hecho de haberse suspendido el proceso electoral, muy por el contrario, esto nos permite encarar otras tareas en este caso en el legislativo”, afirmó el parlamentario, quien dejó en claro que su postulación nació a partir del visto bueno de un equipo nacional.

Amarilla indicó que por esta razón, él y su movimiento, evaluarán los pasos a seguir, pero recién una vez que haya una discusión al interior del Partido Liberal sobre un nuevo calendario electoral. Cabe mencionar que el Tribunal Electoral Independiente (TEI) ya había diseñado un cronograma para las elecciones que tenían como fecha el 17 de agosto, sin embargo, este sufriría modificaciones.

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“Somos respetuosos de las instancias instituidas en la arquitectura constitucional, y en ese sentido, si el Tribunal Superior de Justicia Electoral ha establecido que las elecciones no pueden realizarse porque hay una ley que les ordena, no solamente administrar las elecciones generales, recurriendo al uso de la tecnología, sino también a los partidos políticos, bueno, esperaremos que el partido convoque para discutir este tema”, añadió.

En conversación con diversos medios de prensa, Amarilla aseguró que participará de la discusión al interior del partido en torno a las elecciones, puesto que consideran clave la renovación de autoridades para la recuperación del PLRA, el cual logró su peor resultado electoral en los últimos comicios del 2023 y apuntan a lograr mayor fuerza, tanto en las municipales del 2026 como en las generales del 2028.

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La Comisión Ejecutiva de la Asociación Nacional Republicana (ANR), se reunió este 3 de abril y con presencia del presidente del partido, Horacio Cartes, el vicepresidente de la República, Pedro Alliana y representantes de las diferentes bancadas, analizaron el proyecto que contempla modificación a la ley de financiamiento político.

“Estuvimos trabajando en la evaluación de la ley de financiamiento político, las modificaciones y el análisis a las leyes vigentes en esta materia. Se hizo un estudio en general, porque eso está en tratamiento en este momento en ambas cámaras del Congreso y por eso se desarrolló este encuentro para saber la opinión de los apoderados del partido y de todos los miembros”, informó el senador Natalicio Chase, líder de la bancada de Honor Colorado a La Nación/Nación Media.

El legislador resaltó la importancia de esta reunión y la participación de los diferentes sectores del partido ya que la iniciativa es un proyecto del Partido Colorado, no de ningún movimiento en particular, por lo que es de suma relevancia que todos los actores puedan realizar sus aportes, observaciones y consensuar los puntos más relevantes.

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“Buscamos estar de acuerdo y ahora se entró en un periodo de análisis y cada bancada va a llevar lo conversado a sus respectivas áreas y seguramente vamos a tener una próxima reunión de evaluación en donde cada bloque va a emitir su opinión respecto a las modificaciones planteadas”, añadió Chase.

Asimismo, mencionó que se concluyó felicitar al presidente del Partido Colorado, por hacer posible que todos los miembros representantes del partido, no solo los legisladores, sino también la Comisión Ejecutiva analice este tema. “Es la primera vez que se da este tipo de apertura y que podemos entre todos hacer este análisis”, manifestó.

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Hace un año, el Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón, requiere que el Senado despoje de sus fueros al expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, con la finalidad de que enfrente a la justicia en el caso de filtración de datos financieros confidenciales manejados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

El pedido fue remitido por la jueza penal de garantías Cynthia Lovera el 14 de marzo del 2024 tras la admisión de la imputación fiscal por la revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.

Desde entonces, los aliados de Abdo Benítez impidieron que sea sometido a la justicia mediante diversas maniobras en el Legislativo. El pasado 12 de marzo, con bombos y platillos, el expresidente anunció mediante sus redes sociales oficiales que solicitaría su desafuero como senador vitalicio, al tiempo de arremeter contra el Ministerio Público y calificarla como una institución “sometida a un grupo de poder”.

Este anuncio al parecer fue parte de un show montado por Abdo Benítez y su entorno, ya que el requerimiento del órgano extrapoder continua pendiente de estudio en el pleno a raíz de las trabas impulsadas por los abdistas y aliados opositores que obstruyen la labor de la justicia.

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La artimaña dilatoria en busca de impunidad quedó totalmente evidenciada luego de su incomparecencia ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, instancia que por solicitud de sus leales, los legisladores Lilian Samaniego y Rafael Filizzola, optó por convocarlo el día de ayer, martes 1 de abril, para dar su versión de los hechos que se le atribuyen.

Sin embargo, terminaron acudiendo solo sus abogados Enrique Kronawetter y César Trapani, pese a que con anterioridad Mario Abdo había expresado su predisposición de aclarar su situación, colocando incluso su “cabeza a disposición”.

En medio de un show mediático, también había solicitado el cese de una supuesta persecución contra sus exministros Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Mauricio Espínola, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, con la intención de evitar que perciban la orfandad política de parte de su líder.

En la ocasión, los abogados no lograron refutar las pruebas en contra ni presentar argumentos sólidos que demuestren la inocencia de Marito y derriben las acusaciones de que en su gobierno se montó un esquema de persecución política y terrorismo de Estado contra sus adversarios.

No obstante, el bloque asesor por mayoría de sus miembros terminó aconsejando dar vía libre al desafuero del colorado disidente. La bancada del movimiento Honor Colorado acompaña el pedido de desafuero realizado por el propio Abdo Benítez y la Fiscalía.

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La diputada Rocío Abed instó al esclarecimiento vía Ministerio de Relaciones Exteriores del supuesto operativo de hackeo contra autoridades paraguayas por parte de Brasil, hecho que calificó como un atentado a nuestra soberanía. De acuerdo a la aclaratoria emitida por el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva esta operación se habría realizado entre abril del 2022 y el 17 de marzo del 2023, período de la presidencia de Jair Bolsonaro.

“Estamos hablando de un período anterior, en ese documento se afirma que esta supuesta operación fue autorizada durante el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro en junio del 2022. Un atentado contra la soberanía de la República del Paraguay y nosotros desde este Parlamento exigimos a nuestra Cancillería que estos hechos sean esclarecidos”, dijo la diputada Abed, líder de la bancada de Honor Colorado ante el pleno de la Cámara Baja.

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Sostuvo que el Gobierno paraguayo no puede permitir este tipo de situaciones, de espionaje a sus autoridades. “Nosotros no podemos permitir que esto suceda, tenemos que pedir como nación a través de nuestra Cancillería que se arbitren todos los canales diplomáticos pertinentes para que este hecho quede plenamente esclarecido”, apuntó Abed.

Agregó que “no es una cuestión menor, esto es gravísimo lo que se acaba de dilucidar, de ver, de mostrar al mundo y nosotros; no podemos quedarnos ni ciegos ni miopes ante esto”. Sostuvo que la Cancillería debe utilizar todas las vías, los medios y arbitre, active todos los mecanismos y protocolos para esclarecer esta situación.

Por otra parte, Abed cuestionó que la situación dada en períodos anteriores, de Jair Bolsonaro y Mario Abdo Benítez, recordando el acta “entreguista” llevado adelante por el entonces gobierno paraguayo con relación al acta de la Itaipú.

“Este señor Bolsonaro, imperialista, atacando a la soberanía del pueblo paraguayo autorizó este hackeo y no descarto la supuesta connivencia de actores que, en el pasado, para ser concretos, el presidente Mario Abdo y sus secuaces con el acta entreguista, incluso haya habido una connivencia en ese hackeo. Un Bolsonaro imperialista y un presidente paraguayo de ese entonces y sus secuaces entregadores, así como quedó palpable y objetivo en esa acta entreguista”, sentenció.

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