El miércoles 16 de febrero de 2005, la fiscala Antisecuestros Sandra Quiñonez llegó hasta el barrio Mbacayaty de Ñemby tras la pista de una vivienda donde se habría grabado el video de unas prácticas de secuestro del brazo armado del Partido Patria Libre, cuando habían pasado 148 días del secuestro de la empresaria Cecilia Cubas, por entonces de 31 años.

Gracias al cruce de datos y denuncias vecinales provistos por la Policía, la comitiva fiscal inspeccionó la vivienda sin hallar coincidencias con las imágenes del video, hasta que, en la última habitación, que estaba a tope de tierra, aparecen ciertas similitudes. Sin embargo, habría un macabro hallazgo: el agente que estaba adentrado advirtió que había un túnel en el cuarto. Eran aproximadamente las 13:00.

Esa tarde se supo la peor noticia: Cecilia había sido asesinada. Habían pasado tres años desde la liberación de María Edith Bordón de Debernardi, tras 64 días de traumático cautiverio, y esa penosa tarde de febrero, la “industria del secuestro” mostraba su peor costado del incipiente grupo criminal, que posteriormente se autodenominaría Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

La hija del expresidente Raúl Cubas Grau y de la actual senadora Mirtha Gusinky, Cecilia Mariana Cubas Gusinky había sido secuestrada el 21 de setiembre del 2004 por un grupo de personas asociadas a un núcleo político que se definía marxista y antimperialista, y que iniciaron su carrera delictual como asaltantes de bancos.

El crimen de Cecilia confirmó la vinculación de este grupo criminal, hoy conocido como EPP, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), organización guerrillera colombiana de extrema izquierda; y los investigadores probaron la participación directa del exlíder Rodrigo Granda, conocido como “el canciller de las FARC”.

Según documentos de las comunicaciones entre colombianos y paraguayos, Granda habría sido quien dio la orden de matar a Cubas. El nombre de este “negociador” de la guerrilla con el Gobierno colombiano saltó en octubre de 2021, cuando en un viaje a México saltó la orden de captura internacional de Paraguay emitida contra Granda por el secuestro. Desafortunadamente, se rechazó el ingreso del colombiano, quien pudo retornar a salvo a su país.

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Una incursión del ejército colombiano en la frontera con Ecuador en el 2008, en que murió Raúl Reyes, excomandante de las FARC, permitió conocer datos precisos acerca del secuestro y asesinato de Cecilia luego de recuperarse la computadora personal que pertenecía al terrorista colombiano.

La información hallada en esos dispositivos permitió conocer que el paraguayo Osmar Martínez, uno de los fundadores del Partido Patria Libre, junto a Juan Arrom y Anuncio Martí visitaron Venezuela y se reunieron con Granda y otros miembros de las FARC.

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Granda, Martínez y Orley Jurado Palomino (alias comandante Santiago) fueron coordinando, a través del correo electrónico, las acciones del secuestro y posterior asesinato de Cecilia, que se estima que sucedió en el día de Navidad del 2004.

Osmar Martínez falleció en prisión cumpliendo su condena por el crimen de la joven, mientras que Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán se encuentran asilados en Finlandia, tras huir de Brasil al Uruguay, desde donde fueron ayudados por referentes de partidos de la izquierda paraguaya y militantes afines a su ideología.

Los familiares recuerdan que Cecilia fue dopada y sus captores buscaban el momento en que esté bastante demacrada y maltratada para tomarle fotos, que luego hacían llegar a sus familiares, buscando generar más angustia y jugar con la desesperación de todos. La familia pagó 300.000 dólares por el rescate.

“Cecilia Cubas fue sedada y con cinta de embalaje dentro del túnel”, recordó la fiscal Sandra Quiñónez en una comunicación con 780 AM, de hace unos años. “Cecilia Cubas tenía cinta de embalaje en la boca y entre las fosas nasales y así la enterraron con vida”, agregó. Cerca del cadáver de la mujer fue encontrada una tableta de disomnilan de 6 miligramos.

“Cuando uno pierde a un ser muy querido por situaciones no naturales, las heridas son más difíciles de cerrar y se convive siempre con eso. Los padres y su hermana llevan una vida con una herida abierta por el resto de sus vidas”, explicó Emilio Cubas, familiar cercano de Cecilia, en una publicación de archivo.

En contrapartida, en el último año se han dado situaciones favorables de justicia para este caso. El último 3 de febrero, desde Brasil extraditaron a Lorenzo González, acusado por el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas en el 2005, que ya se encuentra recluido en la Agrupación Especializada y deberá afrontar juicio oral.

En noviembre de 2017, Oscar Benítez y Lorenzo González, miembros del EPP, fueron detenidos en San Paulo; y entonces fue también la fiscal Sandra Quiñonez quien presentó el pedido de extradición. En el caso de Benítez, extraditado en setiembre de 2019, el 29 de junio de 2021 fue condenado a 34 años de cárcel.

Inicialmente, en julio de 2012, este crimen tuvo siete condenados: Arístides Vera, Basiliano Cardozo, Agustín Acosta, Gustavo Lezcano, Roque Rodríguez, Simeón Bordón y Carlos Espínola González, por los delitos de homicidio doloso agravado, secuestro y asociación criminal. No obstante, al menos una decena de involucrados se encontraban prófugos.