La creación de un Consejo de Seguridad surge como una alternativa a ser planteada al Gobierno ante la falta de credibilidad hacia las instituciones encargadas de la seguridad y el asedio de la delincuencia a nivel nacional.
La idea es impulsada por el gobernador de San Pedro, Carlos Giménez, y será analizada en la próxima reunión del Consejo de Gobernadores del Paraguay, presidida por el gobernador de Paraguarí, Juan Carlos Baruja.
En contacto con La Nación, ambos jefes departamentales hablaron del impacto de la inseguridad en la economía, por lo que apuestan a buscar una solución a través de la creación de una instancia que involucre a representantes de diferentes sectores.
“Este tema de la inseguridad golpea también la parte económica, porque las actividades, principalmente las nocturnas que involucran a sectores de la gastronomía, espectáculo, están siendo afectadas por la menor asistencia o inclusive por la no realización de ciertos eventos”, comentó Baruja al mencionar que esta percepción es a nivel nacional.
A su vez, el gobernador del segundo departamento afirmó que la inseguridad es directamente proporcional a la economía. Exteriorizó su preocupación porque los hechos de sicariato no paran en el Norte.
“Ayer nomás un funcionario público fue acribillado cuando se estaba trasladando de retorno a su hogar, en un lugar donde la inseguridad tiene mucha conexión con el narcotráfico. Camba Rembe, San José del Norte, es un lugar en donde el narcotráfico es prácticamente un rubro más, o sea es parte de la economía”, sentenció.
Dijo que lo grave del caso es que en San Pedro este mal es endémico y ya prácticamente forma parte del paisaje. “Y nadie hace denuncia, nadie se involucra porque no hay credibilidad en las instituciones encargadas”, indicó.
“Por eso creo que el Consejo tiene que ser un lugar en donde aquellas personas que se sientan en peligro, aquellas personas que reciben amenazas, que no quieren hacer su denuncia en el Ministerio Público o ante la Policía Nacional. Que el Consejo sea una caja de resonancia que pueda recibir las denuncias, porque hay que aceptar, hay mucha corrupción policial y hay una red de componentes donde están involucrados policías, sistema judicial, Ministerio Público, entonces nadie más hace denuncias”, añadió.
Proyecto de ley
A criterio del gobernador Giménez, el planteamiento debe hacerse a través de un proyecto de ley para otorgar una herramienta legal al Poder Ejecutivo. “Lo ideal sería a través de un proyecto de ley, porque tiene que ser una herramienta para el Gobierno. Porque evidentemente este gobierno no tiene la suficiente autonomía o voluntad. Yo creo que más bien pasa por la falta de voluntad, entonces el Consejo va a ejercer cierta presión para que ello ocurra, no hay otra manera”, remarcó.
Quiénes integrarían
El gobernador de San Pedro consideró de suma importancia que la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) también tenga un representante ante el consejo. “En San Pedro la Iglesia está muy identificada con la izquierda; sin embargo, no es tanto así, porque no se le da oportunidad y cuando le damos esa oportunidad de incluirle dentro del consejo, la colaboración de ellos va a ser fundamental”, puntualizó.
Así también, sugirió que estén representados el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, el Consejo de Gobernadores del Paraguay, el Consejo de Intendentes del Paraguay, así como miembros de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Unión de Gremios de la Producción (UGP) y otros gremios empresariales.
¿Podría el Consejo de Gobernadores dar trámite?
Sobre la viabilidad de la propuesta del gobernador de San Pedro, consultamos al presidente del Consejo de Gobernadores, quien consideró un proyecto factible, que debería ser analizado en plenaria.
“La propuesta del colega Carlos Giménez es bastante interesante en el sentido de una mayor interacción entre las autoridades locales y departamentales y los organismos de seguridad. Yo creo que la posibilidad de comunicación e información que puedan disponer las autoridades locales y departamentales podría contribuir a los elementos de investigación de hechos ilícitos o de personas que pudieran ser sospechosas. A mí me parece una propuesta interesante, atendible y que pudiera ser analizada y tal vez llevada también a la práctica”, afirmó.
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