El juez Osmar Legal admitió el proceso penal contra el extitular del Instituto de Previsión Social (IPS), Andrés Gubetich, y su esposa, María Rosa Araujo Gubetich, por presunta estafa y lavado de dinero. El magistrado solicitó medidas alternativas a la prisión.

Caber recordar que el proceso guardaría relación con la denuncia de un médico cirujano que habría adquirido cuatro inmuebles que no pudo poseer por estar hipotecados o vendidos antes. Esto se suma a la lista de acusaciones de corrupción, de los tiempos en que Gubetich era presidente de la previsional, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

La querella judicial se había presentado el pasado 30 de abril por el médico cirujano Eustasio Rojas Alegrerti, a través de su abogado José Fernández Zacur, consigna que Gubetich le vendió 4 inmuebles por valor de 2.350.000 dólares americanos, que en los hechos ya estaban embargados por deudas o vendidos a terceros.

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En su momento, el abogado querellante Fernández Zacur explicó que el extitular de la previsional había convencido a su cliente de vender las propiedades en cuestión, invocando su necesidad de monetizar sus bienes para inyectar recursos a su campaña por la senaduría, por la lista que liderada Abdo Benítez.

Gubetic está acusado en varios expedientes por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión al frente del IPS. En la larga lista se mencionan adquisiciones sin respaldo documental, presunta sobrevaloración de compras de medicamentos, supuesta malversación en pagos de servicios de seguridad, créditos adquiridos sin adecuación a requisitos legales para el efecto, entre otros.

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“El pedido de la víctima es un tratamiento racional y respetuoso, nada más. Colombia no tiene porque cumplir eso”, manifestó el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, al referirse sobre la solicitud realizada por Claudia Aguilera, consistente en que el teléfono de su esposo, Marcelo Pecci, sea peritado de forma exclusiva por Colombia y Estados Unidos.

La solicitud de la viuda fue realizada el pasado 29 de abril bajo patrocinio de la abogada Cecilia Pérez, mediante una nota remitida vía Whatsapp a las autoridades colombianas. No obstante, Doldán comunicó que el Ministerio Público paraguayo insistirá en obtener el teléfono de Pecci para someterlo a un peritaje, alegando que el pedido realizado por la abogada no constituye un obstáculo.

“El teléfono es una evidencia altamente relevante. La nota de exclusividad no tiene validez, pero puede presentar un obstáculo para Colombia, porque ese país nos solicitó la venia de los herederos de Marcelo, en este caso Marcelo hijo (representado por la madre), para que esta diligencia se pueda llevar adelante”, indicó en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal Gen y Universo 970 AM/Nación Media.

Siguió sosteniendo que “ahora estamos preparando una nueva carta rogatoria a Colombia en donde a más de otra variables, también estamos viendo la inclusión de una petición un poco más fuerte con respecto al teléfono. Nosotros necesitamos que el teléfono sea analizado, necesitamos los resultados, no nos importan quién hace el peritaje, pero si un país tuvo el teléfono dos años y no lo analizó ¿Por qué ahora surge esa necesidad indeclinable que sea Colombia el que lo analice”.

Asimismo, recordó que, en octubre pasado, la Fiscalía paraguaya tomó conocimiento de que el celular de Pecci nunca fue peritado en toda la investigación del crimen. A partir de ahí pidieron a sus pares colombianos la devolución del celular, pero no obtuvieron respuestas debido a que hubo un estricto apego a la solicitud de Aguilera, algo que para Doldán, no debió suceder, ya que la nota presentada por Pérez no tiene ningún tipo de validez.

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Doldán expresó a la vez que el teléfono, no es el único elemento que la Fiscalía paraguaya desea obtener en el marco de la investigación del asesinato de su colega, teniendo en cuenta que las autoridades colombiana incautaron una computadora personal perteneciente a Andrés Felipe Pérez Hoyos.

“En la investigación colombiana surgieron informaciones pertinentes que nos conducen a afirmar que se pudo haber manejado la ruta del dinero del pago del crimen de Marcelo en esa computadora y sin embargo esa computadora no es analizada hasta el momento. Por eso pedimos que se analice esta computadora”, refirió.

Por otra parte, calificó como un “absurdo” la posibilidad de que sus pares de Colombia tomen la posición de deslindarse en el proceso de investigación para capturar a los autores intelectuales de la muerte de Pecci.

“Es un absurdo hablar de esta carrera de relevos en una investigación criminal. Una investigación se inicia con la ocurrencia del hecho y concluye con la condena y el control de la ejecución de la condena de todos los involucrados”, sentenció.

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La exministra Cecilia Pérez, abogada del diputado Mauricio Espínola, fue entrevistada por la periodista Mina Feliciángeli, quien le consultó sobre la situación de su representado, quien se encuentra imputado por haber difundido información confidencial que pertenecía a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). La comunicadora sentenció que hoy acusan al Ministerio Público de algo que cometió su cliente y exrepresentantes del gobierno.

“Ellos hicieron lo que ustedes hoy denuncian”, afirmó la Feliciángeli, quien le recriminó a Pérez que hoy acusan a la Fiscalía de filtrar información a terceros, sin embargo, esos mismos hechos punibles son los que se le asignan a su defendido, a varios exministros y al propio expresidente Mario Abdo, quienes filtraron datos y tergiversaron informes, según relató el propio Ministerio Público en su acta de imputación.

Esta contestación de Mina se dio luego de que la abogada haya apuntado contra el Ministerio Público y manifestado que se produjo una violación a lo que establece el Código Procesal Penal y la ley orgánica de la Fiscalía, los que prohíben que los investigadores revelen información confidencial a personas externas a la institución.

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“Mauri Espínola publicó un informe de Seprelad, eso se filtró, eso no se puede, eso es un delito, no sé cómo está tipificado o cuántos años, puede ser una pena de un día o una multa, pero eso se hizo, eso existió a los ojos de todos, no podemos ser hipócritas”, sentenció la periodista de la 1080 AM.

La propia Pérez, bastante nerviosa, reconoció que el hecho penal que hoy acusan, es el mismo por el cual es señado el legislador. “El mismo concepto de los mismos tipos penales que se le adjudican a mi defendido”, mencionó. Espínola está procesado por haber difundido vía redes sociales información salarial del actual presidente, Santiago Peña, correspondiente al tiempo en que este se desempeñó en el sector privado.

El diputado debe ser desaforado para enfrentar el proceso penal iniciado por la Fiscalía, quien lo acusa de haber cometido una serie de hechos punibles como asociación criminal, revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, denuncia falsa, usurpación de funciones públicas e inducción a un subordinado a un hecho punible.

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El Tribunal de Apelaciones ordenó al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil el trámite del amparo presentado por el gremio Auténticos Abogados del Paraguay para frenar el cuestionado concurso para contratación de personal en la binacional que, se había rechazado por supuesta falta de una personería jurídica. Se espera una resolución en un plazo de 48 horas, según indicó el presidente del gremio, abogado Juan Prieto, aunque alertó dilaciones por posibles inhibiciones.

• Unidad de Investigación
• Nación Media

La Cámara de Apela­ciones salió a favor del gremio Auténti­cos Abogados del Paraguay (AAP) con relación al amparo que habían presentado con el objetivo de frenar el cues­tionado concurso de contra­tación de personal de Itaipú Binacional ya que, según denuncian, viola los dere­chos al trabajo y a la igual­dad amparados en la Cons­titución Nacional.

El tribunal conformado por los jueces Juan Carlos Pare­des Bordón, María Sol Zuc­colillo de Vouga y Carmelo Augusto Vicente Castiglioni Alvarenga resolvió el mar­tes pasado “ordenar la trami­tación de la presente acción de amparo constitucional” y de esta manera revocaron la resolución 377 de fecha 5 de julio del 2023 que rechaza el amparo que había sido presen­tado por el gremio de abogados.

La decisión de la Cámara se dio luego de que transcu­rrieran 20 días desde que el abogado Juan Prieto, presi­dente de AAP, presentara una apelación ante el rechazo del amparo en primera instancia por supuestamente “no justi­ficar la personería jurídica de sus actuarios”.

Con la nueva resolución, el referido amparo debe “devol­verse estos autos al Juzgado de origen, a fin de dar cumpli­miento a lo resuelto, ya sea por el mismo Juzgado o el que le sigue en orden de turno”, dice parte del documento firmado por los representantes del Tri­bunal de Apelaciones.

Según Prieto, desde la notifi­cación de las partes, el juzgado tiene 48 horas para emitir una resolución respecto al amparo, sin embargo, este plazo puede extenderse ya que el estudio del caso fue remitido al juez Mar­tín Acosta Conde, quien fue el que lo rechazó en un principio y por tanto debería inhibirse del caso debido a que “ha preo­pinado en la demanda”.

Entre tanto, desde la hidroeléc­trica dan a conocer a los prime­ros seleccionados del concurso a través del portal del Proceso Selectivo Externo que viene siendo criticado por la falta de transparencia de sus pro­cesos y porque entre la lista de postulantes fueron identifi­cados una serie de familiares y amigos de los jefes de la ins­titución y hasta funcionarios de la entidad pese a que ini­cialmente el llamado fue diri­gido para “nuevos profesiona­les”. Sobre estos seleccionados del concurso, Prieto refirió en comunicación con radio Uni­verso 970/Nación Media que “si hubo una violación a las nor­mas constitucionales, el pre­sente concurso debe ser anu­lado” y explicó que, al anularse el proceso selectivo, se estarían invalidando todas las acciones. “En mi escrito de la acción de amparo he manifestado que, si continúan con este concurso, le perjudicaría muchísimo tam­bién a aquellas personas que realmente accedieron al cargo en razón de que puede entrar el nuevo gobierno y ordenar la nulidad de todo lo que se hizo y que se vuelva a llamar a con­curso”, subrayó.

Mauricio Leguizamón y Fabricio Coronel, ambos hijos de jefes de la entidad, son dos de los primeros elegidos del proceso de selección de personal para la hidroeléctrica.

A casi 3 meses del inicio del polémico concurso, Itaipú Binacional publicó en su por­tal institucional la lista de los primeros clasificados en el Proceso Selectivo Externo para los 220 cargos vacantes y a la par comenzaron la apa­rición de los mimados.

Para el cargo de técnico en seguridad del trabajo fue seleccionado Mauricio Andrés Leguizamón, quien estará a cargo de su padre, Ángel Andrés Leguizamón, jefe del Departamento de Ingeniería de Seguridad y Medicina del Trabajo; mien­tras que para uno de los pues­tos de gestor de contratos fue elegido Fabricio Martín Coro­nel García, hijo del defensor general de la entidad, Fran­cisco Javier Coronel, cuya dependencia fue una de las involucradas en los ciclos de entrevistas, filtro decisivo para la contratación.

Hasta el cierre de esta edición fueron publicados 181 selec­cionados para los 220 cargos promocionados. Se espera que en los próximos días la binacional publique los otros 39 nombres para completar los cupos disponibles.